El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, le envió una carta pública al diputado Pedro Muñoz, del PUSC, en la que le solicita denunciar las presuntas influencias de magistrados en casos judiciales que mencionó en declaraciones a La Nación.
Cruz se refiere a los criterios que manifestó el legislador en un reportaje de este medio sobre el proyecto que obligaría a los magistrados a buscar 38 votos en el Congreso para reelegirse por un único periodo de cinco años.
En el artículo, Muñoz aseguró: “Hay una pelea entre dos bandos, y esa división no solo influye en las resoluciones, sino también en los casos que se conocen, en los casos que se desestiman y en los casos que se dejan de conocer”.
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El presidente de la Corte le manifestó al socialcristiano, en la carta, que desconoce a cuáles casos se refiere o cuál supuesta injerencia impropia puedan haber tenido magistrados en el juzgamiento de algunos casos.
“Le insto a que presente las denuncias ante los órganos correspondientes. Estas acusaciones públicas son graves, porque no solo dañan el honor de personas, sino que lesionan la administración de justicia, sugiriendo la debilidad interior del Poder Judicial”, dice literalmente la carta.
“Es relevante que una voz de tanta autoridad, como don Pedro Muñoz, identifique los casos en que la acción de los magistrados ha influido en el juzgamiento, desestimación y postergación de asuntos sometidos al conocimiento del Poder Judicial”.
“No puedo ser indiferente ante la denuncia tan grave que hace un parlamentario tan destacado como don Pedro Muñoz. Es necesario que las denuncias tengan una identidad clara, para corregir los extravíos de un sistema judicial que siempre debe prestar oídos a las críticas y las descalificaciones”, agregó el presidente de la Corte.
La carta se dio a conocer este martes, a la 1:16 p. m., en el chat de prensa del Poder Judicial, en Whatsapp.
Aunque le pidió al rojiazul tomar acciones en caso de conocer indebidas gestiones de magistrados, Fernando Cruz evitó emitir un criterio sobre el proyecto de reforma constitucional del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que plantean disminuir de ocho a cinco años los periodos de los magistrados.
Con la reforma constitucional planteada por la Unidad, los jueces de la Corte quedarían subyugados al poder político, que actualmente más bien tiene que reunir una mayoría calificada para evitar que un magistrado continúe en su puesto, pues la Asamblea Constituyente de 1949 prefirió dejar la reelección automática.
Cruz alegó que evita hacer referencia a esa propuesta porque ya le tocará ocuparse y pronunciarse a la Corte Plena sobre los proyectos de ley que propongan remozar, refrescar y renovar el Poder Judicial, tal como lo sugieren los socialcristianos.
Muñoz: ‘Voy a hacer precisiones sobre esas denuncias’
El diputado Muñoz aseguró que la reacción del magistrado presidente no lo toma por sorpresa, porque ya Cruz le había advertido de la carta desde el lunes por la noche y le pidió que hiciera precisiones sobre esas denuncia.
“Estoy preparándome, aquí tengo documentos bajo el brazo. Me estoy preparando para contestarle al presidente. Mañana le voy a contestar en el plenario, voy a hacer algunas precisiones”, advirtió Muñoz.
De hecho, les pidió a sus demás compañeros de fracción que le den a él su tiempo de control político, para hacer “algunas precisiones" sobre el tema.
“Me parece que don Fernando representa a un poder de la República y que al enviarme una carta pública, institucionalmente yo debo contestarle desde el plenario, haciendo uso del control político”, dijo el socialcristiano.
‘La independencia judicial es débil’
Aunque evitó ahondar en la propuesta de Rodolfo Peña que, según los jueces, atenta contra la independencia judicial, Fernando Cruz sí hizo varias consideraciones sobre ese “principio fundamental de la democracia”.
El magistrado presidente aseguró que ese principio es fundamental y asegura la separación de poderes, además de consolidar la existencia de un Estado constitucional de derecho. “Así lo han reiterado las cortes de justicia, los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo.
Además, Cruz aseguró que la independencia judicial es débil y, por tanto, requiere de un reconocimiento normativo y sociocultural bien definido.
“De lo contrario, el Poder Judicial se convierte en un poder de segundo orden, en un subalterno de los otros poderes. La judicatura de ningún escalafón y rango puede ni debe nadar en las aguas políticas del Poder Ejecutivo y del Parlamento”, dice la carta de Cruz.
Según el magistrado, debilitar al Poder Judicial es “minar una garantía que pertenece a la ciudadanía”. Por otra parte, alegó que las funciones jurisdiccionales conllevan garantías específicas que se manifiestan en el respeto de su autonomía, la independencia y la imparcialidad de los jueces.
“Si esas garantías no se definen adecuadamente, imponiendo límites claros a los otros poderes, la independencia judicial se convierte en una frase sin contenido y sin vigencia efectiva”, consideró Cruz.
Alegó que, si bien la Corte ha sufrido una “grave crisis”, las decisiones tomadas demostraron que no importaban el puesto ni la jerarquía, porque “nadie se encuentra por encima de la Constitución o de la ley”.