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Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala IV, se inhibió de conocer la consulta de constitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la denominada “ley jaguar”.
El magistrado tomó la decisión debido a que su hija, quien trabaja en la Contraloría, participó en la elaboración de la consulta que se tramita bajo el expediente 24-018167-0007-CO y que aún está en estudio de admisibilidad.
Según informó la Sala este martes, la solicitud de Castillo fue aceptada con base en antecedentes sobre inhibitorias de magistrados.
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El Tribunal sostuvo que las razones expuestas se admitieron como válidas, “ya que tal situación le impide continuar conociendo el proceso en cuestión”.
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El pasado 4 de julio, la CGR envió a la Sala IV una consulta, con el objetivo de que los magistrados constitucionales analicen la constitucionalidad del conjunto de las reformas propuestas en el proyecto de ley que el gobierno quiere llevar a referéndum
Según señaló la Contraloría, el plan de la administración Chaves Robles reduciría los controles de fiscalización a su mínima expresión, violentando los principios, derechos y jurisprudencia constitucional vigente, alterando así las competencias previstas en la Constitución Política.
Con la consulta, el ente contralor busca confirmar que las modificaciones a la Ley General de Control Interno y a la Ley Orgánica de la CGR afectan directamente su independencia, desconociendo la jurisprudencia que establece que las competencias del órgano contralor pueden ser mejoradas, pero nunca disminuidas.
La Contraloría advirtió de que el plan le impediría tomar acciones preventivas para evitar el mal uso de los fondos públicos en el Estado.
Aparte de la consulta de la CGR que está en estudio de admisibilidad, la Sala acogió una consulta planteada por los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Por otro lado, los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), junto a cuatro diputados liberacionistas y la independiente María Marta Padilla, también pidieron a la Sala IV evacuar dudas de constitucionalidad sobre siete artículos de la “ley jaguar”.
En estos dos casos, el magistrado Castillo sí puede participar.
