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El mandatario Carlos Alvarado aseguró que giró instrucciones a los jerarcas de todas las entidades estatales para que cumplan lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, cuyo capítulo de empleo entró a regir desde su aprobación, en diciembre anterior.
Su intención es poner fin a la resistencia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Junta de Protección Social (JPS) de aplicar las medidas contempladas en la reforma fiscal.
“Nosotros mantendremos lo que está en la ley y eso es lo que haremos que prevalezca. Esa ha sido nuestra instrucción”, manifestó el presidente de la República.
Para el mandatario, los presidentes ejecutivos de la Caja y de la Junta, Román Macaya y Esmeralda Britton, respectamente, están “en la línea” del Poder Ejecutivo, por lo que espera que se implementen todas las normas.
“Sí están en la línea del Gobierno. Creo que lo de la Junta de Protección Social ha sido más un malentendido y en el tema de la Caja está en un proceso más amplio de diálogo con el tema sindical, pero confío en que logremos llegar al punto en que se aplique tal cual la ley”, aseguró Alvarado.
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Uno de los cambios en empleo público que más ha generado discusión en ambas entidades es el pago de anualidades, el cual se debe realizar la primera quincena de junio.
Antes de que se aprobara el plan fiscal, la Caja pagaba hasta un 5,5% de anualidad, mientras que la retribución de ese mismo concepto en la Junta era de hasta el 6% del sueldo del trabajador.
Sin embargo, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas establece montos nominales fijos, calculados para cada escala salarial a enero de 2018. En el caso de los profesionales, la retribución será de 1,94%, mientras que para no profesionales será de 2,54%.
Además, la entrega del sobresueldo estará vinculado a la evaluación del desempeño de cada funcionario.
Este es el modelo, que según el Gobierno, debe emplearse en todo el sector público para el pago de anualidades, tanto para antiguos como nuevos trabajadores.
“Nuestro trabajo es mantener finanzas públicas sanas, porque tener un Estado que da este tipo de servicios (ayudas sociales) necesitamos finanzas que lo puedan sostener y ese es nuestro trabajo y nuestro empeño para generar bienestar en la gente”, aseguró el presidente.
A pesar de las manifestaciones de Alvarado, la JPS acordó mantener el porcentaje de anualidades y el pago de quinquenios, una retribución por hasta 12% del salario que se gira a cada funcionario cada vez que cumpla cinco años de trabajar en la institución.
Mientras tanto, la aplicación de la reforma fiscal en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) parecía estar en un suspenso, luego de un acuerdo de su presidente Román Macaya con los sindicatos de salud.
En el consenso, Macaya aseguró que esperaría el criterio de la Dirección General de Servicio Civil sobre la aplicación del nuevo modelo para el pago de anualidades, mientras que a la vez aseguró que implementar el modelo de pago mensual con adelanto quincenal es imposible para su institución, a pesar de que el plan fiscal elimina la retribución bisemanal.
“Creo que lo de la Junta ha sido más un malentendido, mientras que la Caja está inmersa en un proceso más amplio de diálogo con el tema sindical, pero yo confío llegar al punto en que se aplique tal cual la ley”, manifestó el mandatario sobre ambos casos.
La Caja se defiende
Este miércoles, precisamente, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) envió un comunicado en el cual rechaza "categóricamente" que se haya apartado de las disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Roberto Cervantes Barrantes, gerente general de la entidad, aseguró en el documento que la institución aplica la normativa desde su entregada en vigor, el 4 de diciembre.
“Como ejemplos de lo indicado, en acatamiento a la Ley 9635, desde el 5 de diciembre pasado la CCSS está pagando ocho años de cesantía a los trabajadores que consolidaron ese derecho, después de esa fecha como bien se puede comprobar”, dijeron.
No obstante, la ministra de Planificación, Pilar Garrido, aclaró días atrás que la excepción al tope de cesantía de ocho años será en instituciones donde exista convención colectiva, casos en los cuales el tope será de 12. En la Caja no hay convención colectiva.
“Sobre el pago de anualidades a los profesionales en ciencias médicas, la institución remitió en enero pasado una consulta a los organismos competentes, toda vez que son disposiciones establecidas en leyes que aún están vigentes y está a la espera del criterio que se esboce en dicha materia”, añadieron.
La Caja además pedirá la excepción en el pago bisemanal, amparada en que tiene muchas categorías de empleo y una composición de salarios muy diversa, por lo que el cambio sería muy “engorroso”.
Fuera del alcance
La semana anterior, la Corte Plena acordó mantener los beneficios salariales de los antiguos trabajadores del Poder Judicial, es decir, los que tenían contrato antes de que entrará en vigencia el plan fiscal.
Según esa decisión, los funcionarios en propiedad seguirán recibiendo los incentivos de carrera profesional, dedicación exclusiva, cesantía y anualidades, como está hasta el momento.
“Como lo ha dicho la ministra de Planificación mantendremos lo que está en la ley. Hay cosas que como Ejecutivo de alguna medida nos trasciende, pero en lo que esté en nuestro alcance haremos el trabajo para que se permanezca", aseguró el mandatario.
También, los rectores universitarios le insistieron al presidente de la República, excluirlos del reglamento de la reforma fiscal pues, según ellos, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas no hace mención de las instituciones de enseñanza superior.
“Del Estado somos parte todos y por eso estamos incluidos todos en la ley. El plan fiscal no estableció ninguna excepción en ese sentido, en la misma ley se señala que quienes la contravengan tendrán que dar cuentas en la sede correspondiente“, había advertido la ministra de Planificación, Pilar Garrido. Carlos Alvarado dijo compartir su posición.
