El presidente de la República, Rodrigo Chaves, incluyó en la agenda de la Asamblea Legislativa el proyecto de ley que ampliaría de 15 a 20 años la antigüedad de hasta 526 buses, incluidos los de ocho grandes compañías autobuseras.
La propuesta fue redactada por los empresarios del sector y presentada, el año pasado, por el entonces diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Erwen Masís, quien fue nombrado recientemente por el Gobierno como representante del país ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Desde la semana anterior, el Ministerio de la Presidencia revisaba el expediente 22.530 sobre la antigüedad de los autobuses. El plan establece que las unidades que vencieron su antigüedad de 15 años desde que empezó la emergencia nacional por la covid 19 hasta que entre a regir la ley, podrían circular cinco años más.
Esa reforma supondría la continuidad de 526 buses de 144 empresas, entre las que se encuentran ocho grandes autobuseras que tienen el 20% de la flotilla más vieja.
El Gobierno informó, por medio de un comunicado de prensa, que presentará un texto alternativo que permitiría que la antigüedad máxima sea de 17 años.
Después de la convocatoria, la Cámara Nacional de Transportes (Canatrans), celebró la decisión presidencial.
Este lunes, Chaves y el ministro de la Presidencia interino, Freddy Morera, enviaron al Congreso una ampliación de la lista de los proyectos por discutir.
Además del proyecto sobre buses, el Poder Ejecutivo solo reincorporó el plan de eurobonos, el cual fue desconvocado la semana pasada por la ausencia de la diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien se convirtió en una figura clave para el Gobierno en esta discusión. La mayoría del PLN aboga por aprobar un endeudamiento internacional de $3.000 millones, pero ella apoya la idea de Zapote de avalar $6.000 millones.
Tanto el proyecto de autobuses como el de eurobonos fueron dictaminados positivamente en comisión y, ahora, están en el proceso de revisión de mociones presentadas en el plenario legislativo.
El Poder Ejecutivo está contra el tiempo para pagar el 26 de enero el vencimiento de eurobonos emitidos años atrás por $1.000 millones. Las obligaciones de ese mes superan los $1.500, según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
La autorización de endeudamiento permitiría al Poder Ejecutivo pagar deuda cara por deuda con mejores condiciones y tasas de interés, conseguidas a través de la emisión de títulos de valor en el extranjero.
Un bloque formado por los partidos Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR), Liberal Progresista (PLP) y la mayoría de la Unidad Social Cristiana (PUSC) aboga por aprobar los $6.000 millones.
Otro bloque integrado por Liberación Nacional (PLP), el Frente Amplio (FA) y al menos una diputada del PUSC propone $3.000 millones, a la espera de ver más señales de la política fiscal del Poder Ejecutivo.