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Hace 70 años, el 7 de noviembre de 1949, nacía la Constitución Política que rige hoy la vida de los costarricenses.
La promulgó una Asamblea Nacional Constituyente, conformada por 45 diputados propietarios, que durante 10 meses debatió el texto, que toma como base la Constitución de 1871.
A siete décadas de ese importante acontecimiento, los presidentes de los supremos poderes, congregados en un acto solemne en el plenario de la Asamblea Legislativa este jueves, abogaron por el respeto y el fortalecimiento a la Constitución Política.
Cada uno a su manera y desde el estrado constitucional que actualmente ocupa, no solo destacaron las bondades del texto que aprobaron los diputados constituyentes de 1949, sino que hicieron afirmaciones sobre la importancia de ampliar los derechos establecidos en la Constitución.
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El presidente de la República, Carlos Alvarado, aseguró que se debe celebrar la sólida y flexible arquitectura que reposa sobre la carta fundamental y destacó cuánto ha servido para la construcción y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
“Es la herencia que nos dejaron nuestros abuelos, una Constitución que resguardaba las libertades fundamentales de las personas y que plasmaba la aspiración de construir un Estado de oportunidades”, dijo el mandatario.
Añadió que esa trascendencia resalta por la institucionalidad política y económica incluyente, como base del desarrollo del país. “Carecer de esa institucionalidad lleva indefectiblemente al fracaso”, añadió.
Eso sí, aseguró que esa institucionalidad no es inmovilidad, sino que debe servir para ser el marco de una evolución social en paz. “La casa debe ser puesta en orden, porque así lo demanda el bien común”, añadió.
Alvarado destacó que, en el marco institucional que asegura la Constitución, se lograron reformas en el Congreso como la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el proyecto sobre educación dual, el de teletrabajo y el de las instituciones de competencia. También mencionó la reforma al Reglamento legislativo.
La sesión del plenario no estuvo exenta de polémica, con los diputados más conservadores de la Asamblea haciendo una protesta, de pie, durante la intervención de Carlos Alvarado.
Así estuvieron seis congresistas del bloque fabricista Nueva República: Carmen Chan, Ivonne Acuña, Marolin Azofeifa, Ignacio Alpízar, Jonathan Prendas y Nidia Cespedes.
También estuvieron de pie, como protesta, la socialcristiana Shirley Díaz, Dragos Dolanescu, del Partido Republicano, y el independiente Erick Rodríguez.
Su protesta es contra la intención del presidente Alvarado de firmar una norma técnica para que se implemente debidamente la interrupción del embarazo, comúnmente conocido como aborto terapéutico. Él firmaría ese documento antes de que termine el año.
También fue polémica la intervención del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, quien hizo constantes referencias a la defensa que los constituyentes de 1949 hicieron de la independencia judicial en la Constitución Política.
En ese sentido, el magistrado destacó la Carta Magna como el pacto social que mantuviera los derechos individuales, pero apostara a un estado social y democrático de derecho, además de reconocer las competencias del Poder Judicial.
“Consagraron (los constituyentes) la independencia judicial como uno de los principios fundamentales en el espíritu indicado por José Figueres Ferrer en el discurso de la victoria”, dijo.
Cruz recordó que antes del 49, la Constitución establecía que los magistrados de la Corte durarían cuatro años en el cargo, con reelección indefinida.
“El artículo 125 antes establecía que los miembros de la Corte solo duraban cuatro años. Vean qué debilitad tenía el Poder Judicial. Si sus máximos jerarcas, muy poderosos por cierto, son electos cada cuatro años, la dependencia del sistema judicial frente al sistema político está estructuralmente definida”, dijo Cruz.
En la exposición de motivos de la Constituyente, se destaca muy especialmente por el fortalecimiento del sistema judicial que se lograba en el nuevo texto", enfatizó.
La mención particular de Cruz tiene un particular tinte, cuando en el Congreso existe una propuesta de reforma a la Constitución, promovida por el PUSC, que pretende bajar de ocho a cinco años el periodo de los magistrados y establece que no se pueden reelegir si no consiguen el apoyo de 38 votos.
Actualmente, al contrario, la reelección es casi automática, cuando deben conjuntarse esos mismos 38 diputados para impedir que un magistrado continúe.
Por su parte, Carlos Ricardo Benavides, presidente del Congreso, recordó cómo nació el texto de la Carta Magna, no sobre un lecho de rosas, sino “sobre las dolorosas espinas de un enfrentamiento fraterno y de una sociedad fragmentada”.
Al igual que Alvarado, el diputado la calificó como un texto vivo, de evolución constante.
También, Benavides hizo referencia a las diferentes propuestas que buscan convocar a una nueva Asamblea Constituyente, pero alegó que el ejercicio de la Asamblea Legislativa actual ha probado que no están agotadas las posibilidades de reforma, para renovar la República.
Eso sí, manifestó esa importancia de reforma bajo el respeto a la letra y el espíritu de la ley, la preservación de la institucionalidad y el ejercicio respetuoso del poder político.
“Los derechos humanos no son imposiciones ideológicas ni trincheras individuales, sino universos de desarrollo inacabado de la dignidad humana”, manifestó.
Además, enfatizó en que a política no llega a tanto como para querer “oscurecer con murallas ideológicas” esa Constitución legado de los diputados del 49.
Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, destacó sobre todo lo que significa en la Carta Magna ya septuagenaria, la creación de ese organismo que es hoy el que tiene mayor credibilidad en la región latinoamericana.
