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Los diputados están contra el tiempo si quieren salvar dos préstamos internacionales, que juntos suman $600 millones, y que servirían para financiar el fondo de avales que ayudaría a unas 18.000 empresas a salir de la crisis.
Se trata de un crédito de $300 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial y otro por la misma suma con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Los fondos del BCIE nutrirían los avales.
El problema con este último financiamiento es que ya el Gobierno había solicitado una prórroga al Banco Centroamericano y el plazo máximo para que ese empréstito sea una ley de la República es el próximo 15 de junio.
Así lo debatieron ampliamente los jefes de las fracciones legislativas este jueves, en su reunión semanal, donde la jefa del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, enfatizó que no puede darse el país el lujo de perder un crédito más.
Primero, fue la presidenta de la Asamblea, la liberacionista Silvia Hernández, quien advirtió de que la fecha fatal sería en diez días y, por lo tanto, se tendría que colocar el expediente 22.214 en la agenda del plenario la próxima semana.
Tanto el PAC como el Partido Liberación Nacional (PLN) pujaron porque la iniciativa se pusiera en agenda este jueves y, de esa forma, pudiese ir a discusión de mociones de fondo lo antes posible.
No obstante, el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Pablo Abarca, señaló que su bancada tenía mociones para el segundo turno de trámite de mociones de fondo, las cuales se discuten en la Comisión de Hacendarios.
El temor del oficialismo es que ese trámite de mociones de fondo obstruya el camino y genere la pérdida de un crédito más.
El préstamo del BCIE se utilizaría para constituir el fondo de avales por ¢180.000 millones. El proyecto consiste en crear un fondo que otorgue garantías para que las empresas puedan obtener créditos bancarios.
Ya el año pasado, el Congreso dejó perder dos créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambos para apoyo presupuestario, el primero por exigencias que el Poder Ejecutivo no cumplió a tiempo y, el segundo, porque el PLN bloqueó su avance, en diciembre.
“El proyecto tiene que estar aprobado, en segundo debate y ser ley de la República el 15 de junio. La ruta de hacerlo la próxima semana nos mete mucha presión”, dijo Guido en la reunión de voceros partidarios
Pese al acuerdo para que el préstamo avance, el vocero del PUSC y la presidenta legislativa recordaron que el pacto entre partidos, en abril, era que avanzaran juntos el financiamiento y el proyecto de creación del Fondo Nacional de Avales, que permitiría un mayor acceso de las empresas a créditos.
Aparte del financiamiento para los avales y de apoyo presupuestario, un 10% sería para pagar la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Vamos a presentarle mociones, porque hay cosas que no se pueden resolver con solo ajustes en la Comisión de Redacción. Había diálogo para que ambos temas avanzaran en paralelo”, apuntó Abarca.
El socialcristiano también le pidió a la jefa oficialista que ayude para que el criterio de la Procuraduría General de la República sobre el Fondo de Avales llegue al Congreso lo antes posible y les pueda resolver dudas.
Una de las dudas de la Unidad es aclarar la posibilidad de que, si no se concreta la creación del Fondo de Avales, el financiamiento se pueda utilizar para el pago de la deuda pública del Estado.
En sintonía con Abarca, el independiente Jonathan Prendas manifestó que él espera que se cumpla lo pactado en Hacendarios, para que el préstamo salga adelante de la mano con el proyecto sobre avales.
“Que uno camine junto con el otro, que no salga en primero la votación del crédito hasta que no se sepa si avanza avales”, dijo el fabricista, quien también comentó que espera un criterio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).
Guido alegó que, en caso de que la plata sea destinada para el Fondo de Avales y, si en 18 meses no se ha construido, el dinero se destinaría a apoyo presupuestario, en un gobierno que ya no sería del PAC, enfatizó la diputada, sino de quien gane las elecciones de febrero del 2022.
Por su parte, el frenteamplista José María Villalta hizo un llamado a que, si alguna fracción está en contra de los empréstitos, vote en contra, pero que no se disfrace una oposición con supuestas intenciones de esperar criterios o hacer cambios.
“Seamos transparentes y pongamos las cartas sobre la mesa. Si amarran el financiamiento a otro proyecto, no va a salir, aunque haya acuerdo después”, apuntó.
También, dijo Villalta que no tiene ningún sentido llegar eventualmente a un “acuerdo perfecto” sobre el Fondo de Avales y ya no tener una forma de nutrirlo de financiamiento porque se dejó morir el empréstito.
“El tema es que, si no va a haber avales, habría un gran signo de pregunta de cómo se aprueba un préstamo que viene para un único proyecto”, apuntó Silvia Hernández.
En respuesta a Villalta, Abarca manifestó que el PUSC sí tiene disposición de que avance el crédito y que, si avales no sale en un “plazo prudencial”, se use esa plata para pagar otra deuda, o sea, hacer canje de deuda.
