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Un cálculo elaborado por la Contraloría General de la República (CGR) estima que, si el gobierno aplicara la regla fiscal como la interpretan la CGR y parte de los diputados, el tope al gasto público decrecería en ¢433.000 millones durante el 2020.
La Contraloría tiene una diferencia de criterio con el Ministerio de Hacienda sobre la forma de aplicar la regla fiscal, mecanismo creado en la reforma fiscal para imponerle un tope al gasto corriente del Gobierno Central, lo que incluye salarios, transferencias y pago de intereses.
Según la CGR, su interpretación permitiría que esos rubros demanden este año un máximo de ¢7,5 billones, mientras que Hacienda sostiene que tiene derecho a gastar hasta ¢7,9 billones.
La diferencia equivale a más de un 1% del producto interno bruto (PIB) en momentos en que el déficit fiscal del 2019 equivalió a un 6,9% del PIB, el mayor registrado desde 1980.
¿En dónde radica la diferencia de criterio?
Para el 2020, el primer año en que se aplica la regla fiscal, el mecanismo impuso un límite del 4,67% al crecimiento del gasto corriente. En eso, la Contraloría y Hacienda coinciden.
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En lo que están en desacuerdo es en el monto a partir del cual se debe imponer el techo. El Ministerio de Hacienda sostiene que debe aplicarse a partir del presupuesto inicial del 2019, el cual fue de $7,54 billones.
En cambio, para Contraloría General, la regla fiscal es clara en que el tope debe imponerse sobre el monto que el Gobierno Central realmente gastó, lo que se conoce como presupuesto ejecutado o devengado. En el 2019, esa cifra fue de $7,13 billones.
El artículo 21 de la reforma fiscal dice que la verificación del cumplimiento de la regla se hará “a partir de la liquidación presupuestaria de las entidades públicas”.
En ese escenario, el tope sería de $7,5 billones, ¢433.133 millones menor del que defiende Hacienda.
El tope se fija de acuerdo con el nivel de endeudamiento del gobierno y el crecimiento de la economía del país. Mientras más alta es la deuda pública y menor el crecimiento económico, más estricta es la regla fiscal.
Según la ley, Hacienda debe tener un monitoreo continuo de la evolución del gasto corriente, pero la verificación del cumplimiento lo debe hacer la Contraloría al final de cada año, cuando se conozca el monto total consumido durante el periodo.
Golpe en deuda pública en siete años
De acuerdo con Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización Financiera de la CGR, Hacienda basa su estimación en el supuesto de que, durante este año, se utilizará el 100% de los recursos que presupuestó el gobierno, pero eso, en la práctica, no sucede, pues según dijo, en los últimos 12 años se ha registrado una ejecución promedio del 94%.
La funcionaria afirmó que el crecimiento del gasto debería calcularse sobre los recursos que realmente se consumieron en un año, no sobre los que se previeron inicialmente, pues usar el segundo dato infla el tope y le da margen al Ejecutivo para gastar más.
Sostiene que, con la interpretación de la Contraloría, el nivel de deuda pública se vería beneficiado en el largo plazo.
Añadió que un mayor gasto implica que el gobierno tendría que endeudarse más para financiar esas erogaciones, y el país está al borde de que su deuda pública llegue al 60% del PIB. En el 2019, cerró en un 58,5%.
Si eso llega a suceder, no solo se restringirá el gasto corriente, sino también el de capital, con el cual se financia la construcción de obra pública, por ejemplo.
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“Nuestra principal preocupación tiene que ver con la sostenibilidad en el largo plazo. Ya nos encontramos cerca del 60% de la deuda y la restricción sería sobre el gasto total”, dijo Sáenz.
Según las estimaciones suministradas por la CGR a ese medio, si el cálculo de la regla fiscal se sigue haciendo sobre los presupuestos iniciales, en siete años el nivel de endeudamiento del país será cinco puntos más alto que si se aplica sobre los gastos ejecutados.
De acuerdo con el ente contralor, además, se provocaría un rezago de al menos cuatro años en la efectividad esperada de la reforma fiscal para disminuir la deuda pública.
“Nosotros vamos a estar en ese escenario por bastantes años y realmente, lo que necesitamos es tomar las decisiones que nos lleven de la forma mas rápida a esta sostenibilidad”, aseguró Sáenz.
No obstante, este lunes, durante su audiencia ante los diputados, Rodrigo Chaves, el ministro de Hacienda, dejó claro que no está de acuerdo con la interpretación de la Contraloría.
Él considera que el cálculo del órgano contralor generaría un desaceleramiento “excesivamente rápido al presupuesto, al crecimiento y a la inversión en infraestructura”, además de que incentivará a las instituciones a gastar más para que no les impongan un mayor tope en los años siguientes.
Chaves incluso afirmó que “no hay confusión alguna en la ley” sobre la base de la aplicación de la regla fiscal, aunque admitió que tiene una diferencia de criterio con la Contraloría.
Diputados tendrán que intervenir
De acuerdo con Sáenz, el gobierno está a tiempo de rectificar su posición y velar por que, en los próximos 10 meses, el gasto corriente no sobrepase los $7,5 billones, pues el año está iniciando y hay tiempo para hacer ajustes presupuestarios.
La posición de Hacienda molestó a diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), quienes afirmaron que Chaves está “ceñido” en no aplicar la regla fiscal como ellos la aprobaron.
Sáenz afirmó que, dada la situación, será necesario que los legisladores intervengan.
“Han habido discusiones técnicas (con Hacienda) pero sí se va a requerir que eventualmente la Asamblea Legislativa se manifieste sobre esto”, dijo Sáenz.
El lunes, luego de la audiencia del jerarca de Hacienda, la jefa de fracción de Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, anunció que ya presentó un proyecto de interpretación auténtica para alinear la aplicación de la regla al criterio de la Contraloría.
