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Los nuevos diputados aprobaron, este jueves, el proyecto de reforma a la Constitución Política para permitir que un diputado sea destituido cuando cometa una falta al deber de probidad.
Se trata del primero de tres debates en segunda legislatura, luego de que esa iniciativa pasara por la primera etapa del trámite, en manos de los anteriores congresistas.
Aunque la iniciativa de reforma constitucional contó con 54 votos, hubo bastantes dudas de los legisladores antes de entrar en la discusión en primer debate, puesto que varios de los parlamentarios temen que este proyecto sea “un disparo en el pie”.
El independiente Erick Rodríguez Steller (que fue elegido por el PIN) alegó que podría tratarse una especie de trampa para que alguno de los nuevos legisladores pierda su curul.
No obstante, tres socialcristianos, Erwen Masís, Pedro Muñoz y Pablo Abarca, así como el frenteamplista José María Villalta y los oficialistas Enrique Sánchez y Laura Guido, afirmaron la importancia de la aprobación del plan, no solo por cumplir una deuda de años, sino también por la señal que esperan lanzar a la ciudadanía.
La propuesta de reforma aprobada la presentó el exdiputado Ottón Solís, al inicio del periodo constitucional 2014-2018. Por cuatro años, tuvo un avance tímido y, al final del periodo, recibió un empujón que lo dejó listo para que los nuevos congresistas lo finiquitaran.
El texto que se introduce con dicha reforma al artículo 112 de la Constitución dice:
“Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.”
“Al buen pagador no le duelen prendas”, dijo brevemente el socialcristiano Muñoz, poco después de que Rodríguez Steller lanzara dudas sobre la pronta aprobación de la iniciativa.
El independiente había alegado: “Aquí hay palabras polisémicas y vagas, que se podrían prestar para una cacería de brujas. Yo creo que la campaña política ya pasó, vinimos a discutir, es momento para la discusión. Pido que, con mesura, nos tomemos el tiempo para discutir esta reforma, no por miedo a que se nos investigue, sino temor a que nosotros, representantes populares, podamos perder nuestras credenciales por laxitud”.
Restauración Nacional pidió chance para revisar la votación y se reunió, durante algunos minutos, antes de que iniciara la discusión del proyecto.
Los liberacionistas Wagner Jiménez, Roberto Thompson, Yorleni León y Carlos Ricardo Benavides se unieron a las palabras de impulso a la reforma constitucional y, sobre todo, enfatizaron en que corren nuevos tiempos, que obligan a ajustar las leyes para ese tipo de sanciones para los diputados.
Ante las dudas que expresó Rodríguez, Enrique Sánchez, del PAC, explicó que no se trata de ninguna cacería de brujas, sino que se debe volver operativo un proyecto hecho para ese efecto y aclaró que, de acuerdo con la falta, así sería la sanción que se aplicaría, por lo que no sería siempre la pérdida de credenciales.
A criterio de la oficialista Laura Guido, los diputados han tenido ventajas frente a los demás servidores públicos, pues no cuentan con un régimen que los castiguen cuando cometen faltas.
Aunque Jonathan Prendas, del Partido Restauración Nacional (PRN), dijo que su partido votaría a favor del plan, alegó que los otros poderes deberían hacer una especie de examen de conciencia, y enumeró casos como los del hermano de la anterior ministra de Deportes, Carolina Mauri, o los de viceministros del Ejecutivo.
“Restauración no solo apoya por compromiso, sino por voluntad, porque en campaña nos propusimos como el partido de las manos limpias. Vamos a votar con transparencia, pero también esperamos que esa voluntad sea de recibo y ampliado a los otros poderes”, comentó Prendas.
A la reforma constitucional tendría que seguirle la aprobación de una ley que especifique el procedimiento de sanciones a los legisladores.
Tal como lo establece el nuevo párrafo de la Constitución, ese procedimiento sancionatorio se tendría que aprobar con al menos 38 votos.
Por la ausencia de este procedimiento sancionatorio se han quedado impunes varios casos en que órganos como la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) y la Contraloría General de la República (CGR) han demostrado faltas de los diputados.
Así los casos de los exdiputados liberacionistas Fernando Sánchez y Maureen Ballestero, uno por la redacción del "memorando del miedo" sobre el TLC, y la segunda por haber usado una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a una actividad electoral, en el 2009.
Más recientemente, la Asamblea se quedó sin las armas para sancionar a los excongresistas Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, quienes hicieron gestiones a favor del empresario importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, cosa que no correspondía con su cargo, según la PEP.
Igualmente pasó con el exdiputado de la Unidad Johnny Leiva, quien tuvo una relación de amistad con Bolaños, igual que Guevara, y aún así tuvo participación en reuniones en el Congreso donde se habló de los intereses del empresario.
