EscucharMarilyn Solano, exgerenta general de la Junta de Protección Social (JPS), explicó que la prisa con que le exigían contratar el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), para el manejo de su publicidad, se debió a la intención de que el Sinart pudiese evitar los controles más estrictos que introdujo la nueva Ley de Contratación Pública.
La situación obedeció a que el 1.° de diciembre del 2022 entraba a regir la nueva norma, la cual restringió de 50% a 30% el porcentaje de servicios que un contratista estatal puede subcontratar a terceros.
Solano dijo haber recibido presiones de Esmeralda Britton y de Allan Trigueros, presidenta de la JPS y exjerarca del Sinart, respectivamente.
El 31 de octubre del 2022, la Junta Directiva autorizó contratar a la agencia de publicidad del Sinart, pero aún faltaba concretar la compra en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y abundaban las dudas técnicas en la institución sobre la conveniencia de hacerlo.
La exgerenta de la JPS precisó a La Nación que, a finales de noviembre, Britton le envió un audio en el que le dijo que “esta vaina tiene que quedar sí o sí en Sicop hoy, bueno mañana”.
Ante una pregunta de la diputada Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), Solano agregó que Allan Trigueros “estaba preocupado porque parecía que el señor presidente de la República (Rodrigo Chaves) requería que esas contrataciones se dieran en tiempo y forma, sobre todo porque la subcontratación de esa agencia, con la nueva ley, iba a ser rebajada”.
Un premura similar se produjo en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), antes de la entrada en vigencia de la ley.
El 30 de noviembre del 2022, en menos de un día, el ICE gestó en tiempo récord una autorización para contratar al Sinart, de manera directa y sin concurso, el manejo de publicidad de la marca Kölbi.
El Sinart, por su parte, se preparaba para hacer subcontrataciones de empresas que proveyeran servicios para cumplir con parte de los contratos que diversas instituciones públicas le otorgaron sin concurso público.
Una de las empresas escogidas, en febrero del 2023, fue RMC La Productora (Nocaut), propiedad del empresario Christian Bulgarelli, quien daba servicios de comunicación a Casa Presidencial mediante un financiamiento de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin tiempo para estudios de mercado
Solano también explicó, durante una intervención del diputado Danny Vargas, del PLN, que los estudios que Britton decía que no podían hacerse, debido a la premura, eran los análisis de mercado que se deben pedir a posibles proveedores para tener un fundamento técnico más sólido sobre la contratación del Sinart.
En las propias actas de la Junta Directiva de la JPS, específicamente la del 17 de noviembre del 2022, se evidencia que la intención era contratar al Sinart antes del 30 de ese mes, porque el 1.º de diciembre entraba a regir la nueva ley.
Esa nueva legislación también exige que se justifique la idoneidad de contratar entre empresas públicas y establece la obligación de que todas las compras públicas se hagan mediante el Sicop.
Además, ordena a las entidades públicas asegurarse de que, bajo ningún concepto, las prestaciones sustanciales definidas en el contrato podrán ser subcontratadas, así como garantizar que las contrataciones con terceros estén referidas únicamente a cuestiones especializadas y accesorias.
La contratación del Sinart se autorizó contra criterios técnicos que fueron expuestos tanto por Marilyn Solano como por Evelyn Blanco, quien, para noviembre del año pasado, era gerenta de Producción y Comercialización de la Junta.
En un audio dado a conocer este miércoles por Marilyn Solano, en sesión de la comisión investigadora de los contratos del Sinart, se escucha a Esmeralda Britton decir que había conversado con Allan Trigueros, y que estaba preocupada porque se hicieran las contrataciones al Sinart, y que quedaran listas en el Sicop.
Consultada la exgerenta por Francisco Nicolás, diputado del PLN, por el contexto en que se dio el audio, Marilyn Solano reiteró que se trataba de que el Sicop, a inicios de diciembre, iba a suspender el servicio para ajustar sus parámetros a la entrada en vigencia de la nueva ley.
“¿Entraba en vigencia la ley y querían contratar antes?”, le preguntó el verdiblanco. Ella confirmó que así era, que se quería contratar al Sinart con los parámetros de la ley anterior.
