EscucharEl procurador general, Iván Vincenti Rojas, alertó a la Sala Constitucional de que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) otorgó a la firma Manzanillo S. A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent, un permiso de tala en terrenos que pertenecerían al Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en Talamanca, en el Caribe Sur.
Según Vincenti, en dos propiedades inscritas a nombre de la sociedad anónima, que en conjunto miden 15,4 hectáreas, el Sinac concedió el permiso de corta y aprovechamiento forestal N.° 011-2024-ACLAC-SLT, pese a que, en los planos que dieron origen a su titulación, “consta su presumible ubicación dentro del refugio”. Así lo consignó en una nota enviada a la Sala Constitucional el pasado viernes 19 de julio.
La advertencia surgió solo dos días después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, salió a defender los permisos otorgados por el Sinac a Pacheco Dent, quien fue detenido temporalmente por la Fiscalía el martes pasado.
En conferencia de prensa, el miércoles 17, el mandatario dijo que no había ninguna irregularidad.
“El permiso está en orden, nosotros lo hemos investigado, cumple con todos los procedimientos nuestros para dar un permiso de aprovechamiento forestal. (...) Ellos (la Fiscalía) creen que no seguimos bien nuestro procedimiento para dar un permiso, de si es o no es bosque. Para nosotros, la propiedad estaba sin ninguna anotación”, alegó Chaves ese día.
No obstante, lo cierto es que las dos propiedades, donde se autorizó la supuesta tala ilegal, forman parte de una lista de 137 terrenos que debían volver al patrimonio natural del Estado a raíz de un fallo de la Sala Constitucional, de julio del 2019.
Desde el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría General de la República (PGR) encomendó esa labor al Instituto de Desarrollo Rural (Inder), sin que haya acatado esa orden todavía.
Por esa razón, el pasado viernes 19 de julio, el procurador Vincenti envió una nota a los magistrados constitucionales y les solicitó “dar audiencia” a los jerarcas del Inder para que expliquen la inacción en la recuperación de esos terrenos y, en consecuencia, el incumplimiento de la sentencia N.° 12745-2019, del 10 de julio del 2019.
En ese fallo, la Sala IV declaró parcialmente inconstitucional la Ley de reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (N.º 9223 del 2014) y ordenó devolver al Estado los territorios con cobertura boscosa, pues son inalienables, de acuerdo con la Ley Forestal.
Al Inder le corresponde recuperar las tierras porque era el propietario de la finca N.° 39050 del Partido de Limón que se cedió en partes, con la ley inconstitucional del 2014.
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Las 137 propiedades sin recuperar
El pasado 2 de julio, La Nación reveló que el 87% de las 137 fincas está en manos de personas jurídicas o extranjeras. 102 pertenecen a sociedades anónimas (S. A.) o de responsabilidad limitada (SRL), mientras que otras 17 a foráneos. Solo las restantes 18 pertenecen a nacionales. A esa conclusión llegó este diario tras un análisis registral del listado emitido por la PGR.
Dos de esas propiedades están a nombre de Playa Manzanillo S. A., la empresa representada por Allan Pacheco Dent. Y es en esas 15,4 hectáreas donde la Fiscalía Adjunta Ambiental centra sus investigaciones por un presunto tráfico de tierras en esa zona protegida.
En específico, el Ministerio Público detuvo a cuatro funcionarios del Sinac y al empresario Pacheco Dent bajo la sospecha de que se habría cambiado el uso de suelo en áreas de bosque y humedales de Gandoca-Manzanillo, para “desarrollar una infraestructura urbanística”.
Una de esas dos propiedades (7-59699) mide 3,17 hectáreas y, según el listado de la PGR, el 91% del territorio tiene cobertura boscosa. En su plano de inscripción (L-0110409-1993), en abril de 1993, se le colocó un sello donde dice que se inscribió dentro del refugio Gandoca-Manzanillo.
La segunda finca con bosque (7-48141) mide 12,23 hectáreas y además, tiene un 20% de su terreno dentro de Zona Marítimo Terrestre (ZMT), es decir, que invade 2,44 hectáreas de área pública inalienable.
Esta última es la única de las 137 propiedades que tiene una advertencia administrativa en el Registro Inmobiliario, del Registro Nacional, pese al fallo de la Sala IV y las instrucciones giradas por la PGR al Inder.
El resto de propiedades no tiene ninguna anotación y eso explicaría cómo la mitad de las fincas (75) cambió de dueños en los últimos cinco años.
La alerta a la finca de Pacheco Dent se anotó hasta el 30 de mayo anterior, ocho días después de que el diputado Ariel Robles Barrantes, del Frente Amplio, mandara una consulta al Registro Nacional.
Robles cuestionó que la propiedad estuviera libre, cuando el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ya había alertado sobre la invasión a ZMT.
“Ante la presunta afectación a terrenos demaniales por parte de la finca matrícula de Limón 48141, se ha ordenado la apertura del expediente 2024-509-RIM”, le respondió entonces el subdirector catastral a. i., Rolando Rojas Rojas, en nota N.° DRI-03-0349-2024, quien alegó que hasta entonces desconocía el informe del IGN.
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Empresario y el gobierno
Además de la investigación por el supuesto tráfico de tierras en Gandoca-Manzanillo, Allan Pacheco Dent también figura en otra investigación en el Ministerio Público.
La Fiscalía General indaga si hubo algún tráfico de influencias en el otorgamiento de los permisos de tala. La alta jerarquía del gobierno, en octubre del 2022, y funcionarios de Casa Presidencial, en diciembre de ese año, celebraron fiestas en una finca de la familia del empresario en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.
Además, este diario reveló que Pacheco Dent prestó esa propiedad, el centro de eventos V Entertainment, para los entrenamientos de la Unidad Especial de Intervención (UEI), policía adscrita a Casa Presidencial que opera bajo las órdenes del presidente de la República.
Esto ocurría al tiempo que el empresario contabilizaba al menos siete visitas a Casa Presidencial entre junio del 2022 y octubre del 2023.
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