EscucharEl procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, recomendó a los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos frenar la creación de un mecanismo de recompensas para los denunciantes de corrupción.
Esa propuesta está contenida en el proyecto de ley 23.449, cuyo objetivo principal es establecer mecanismos de protección para los denunciantes y testigos de actos de corrupción, a fin de que no sufran represalias laborales.
Con excepción de la introducción de recompensas, Vincenti sí avaló el resto del proyecto. De hecho, destacó que ha habido un grado importante de discusión y estudio entre los diputados sobre el texto.
El procurador general puntualizó que el aspecto relacionado con las recompensas a los denunciantes es el que menos consenso y más dificultad técnica presenta, pues debería ser “un mecanismo fácil de entender y aplicar”.
“Es nuestra responsabilidad profesional indicar que la propuesta, en nuestro criterio, requiere de mayor tiempo, discusión y análisis. El acuerdo alcanzado en otros capítulos es esencial para que Costa Rica se ponga al día en esta legislación. Recomendaríamos que el proyecto avance sin ese capítulo cuarto, hasta que sea ejecutable, responsable y eficiente”, afirmó Vincenti.
El proyecto original, tal como fue planteado por el Gobierno, establece en su artículo 19 una recompensa económica para personas físicas o jurídicas que denuncien delitos de corrupción nacional o trasnacional.
Esa recompensa solo se entregaría una vez que exista sentencia en firme, siempre que se trate de un delito con penal de cárcel superior a cuatro años y que la prueba entregada haya sido útil.
El texto base planteó, además, que el Gobierno definiría, por reglamento, los criterios de pago, el procedimiento de asignación del incentivo y la fuente de financiamiento.
Necesita más discusión
El procurador insistió en que se necesita mucha más discusión sobre el mecanismo de recompensas.
“Existe una dificultad para encontrar un texto que sea eficiente, de fácil comprensión y fácil utilización”, dijo.
Agregó que, al estudiar legislación de otros países, se encontró que existen diferentes métodos de recompensa, pero internamente aún no hay consenso “entre todas las partes que tendrían que velar por la aplicación de la ley”.
“Consideramos que, en virtud de que Costa Rica tiene que cumplir ciertos plazos para reportar el cumplimiento de la protección del denunciante, respetuosamente hacemos la sugerencia para no entorpecer el consenso que se ha logrado en otros temas”, dijo el procurador, quien recordó que el país tiene compromisos en esta materia con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante una consulta de la diputada liberacionista Alejandra Larios, la procuradora Amy Román Bryan, de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), respondió que tampoco existe un contenido presupuestario para pagar las recompensas.
A finales de mayo, el criterio de la Procuraduría General de la República era que la iniciativa era “hartamente deficitaria”, en general, pero surgió una versión más reciente sobre la cual solo persisten las críticas para la propuesta del pago de recompensas.
Adicionalmente, se puntualizó que el proyecto, tal como está consensuado entre los diputados, plantea una protección igual, tanto para los empleados del sector público como los eventuales denunciantes del sector privado.
“La idea es que se dé la autodenuncia, que implicaría desde lo penal, que la empresa privada pueda tener una responsabilidad”, acotó Román.
Por el momento, no se ha presentado oficialmente esa nueva versión del proyecto, que ahora sí cuenta con aval de la PGR.
La iniciativa original llegó a la Asamblea Legislativa en noviembre del año pasado, de la mano del Poder Ejecutivo, como uno de los planes estrella de la administración de Rodrigo Chaves Robles.
La frenteamplista Rocío Alfaro se manifestó a favor del proyecto, pero sin el aspecto de las recompensas, pues enfatizó que la idea no es crear un ambiente de persecuciones “estilo viejo oeste”.
