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La Procuraduría General de la República (PGR) no encontró obstáculos a un proyecto de ley que faculta al Poder Judicial intervenir comunicaciones como parte de las investigaciones por presuntos actos de corrupción.
El abogado del Estado le indica a los diputados que avala la iniciativa por considerar que permite “ampliar la posibilidad de intervenir comunicaciones en delitos de cuello blanco, que tanto daño le hacen a nuestra sociedad”.
Se trata, por ejemplo, de los casos en que empleados públicos acepten dinero o se enriquezcan de forma ilegal, así como de particulares que ofrezcan dádivas a trabajadores estatales
La nueva herramienta de investigación se crearía a través de una modificación al artículo 9 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones.
Dicha norma establece que los jueces pueden autorizar la intervención, hasta por tres meses, de las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales, si la diligencia puede servir para obtener evidencia indispensable sobre la comisión de los delitos de secuestro extorsivo, corrupción agravada (de menores de edad e incapaces), proxenetismo agravado y fabricación o producción de pornografía.
También, se permite en los casos de tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos, homicidio calificado, genocidio, terrorismo y los ilícitos relacionados con drogas y legitimación de capitales.
El proyecto de ley añadiría a esa lista los delitos de cohecho impropio, cohecho propio, corrupción agravada (aceptación de dádivas a cambio de otorgar puestos, pensiones o contratos), aceptación de dádivas por un acto cumplido, corrupción de jueces, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, y negociaciones incompatibles.
Dichas conductas están contempladas en el capítulo del Código Penal sobre Corrupción de Funcionarios.
La propuesta de reforma (expediente 20.683) la presentó el año pasado la entonces diputada del Frente Amplio, Patricia Mora, actual ministra de Condición de la Mujer.
En el texto, Mora argumentó que la serie de relaciones entre políticos y empresarios que se dieron a conocer durante la investigación legislativa del 2018, sobre el escándalo del cemento chino, hacen necesario reforzar las herramientas legales de combate a la corrupción.
Por el caso, en el que se investiga un supuesto peculado con fondos de la banca pública para que un empresario montara un negocio de importación de cemento chino, se investigan 19 personas en distintos expedientes. Además del comerciante Juan Carlos Bolaños, se indaga a funcionarios bancarios y a dos exdiputados.
El pasado 11 de setiembre, al emitir su criterio sobre la propuesta de reforma, la Procuraduría afirmó que la iniciativa cumple con los requisitos que exigen la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Sala Constitucional para la intervención de las comunicaciones.
De acuerdo con la PGR, el texto se basa “en fines legítimos” y sería una herramienta útil para combatir la corrupción.
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La Corte IDH, en una sentencia de 2019, declaró que la vida privada no es un derecho absoluto, sino que puede ser restringido por los Estados siempre que las injerencias no sean abusivas ni arbitrarias. Además, las intervenciones deben estar previstas en la ley y tienen que cumplir los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
“Se ha evidenciado la imperiosa necesidad de que se permita la intervención de las comunicaciones de esta serie de ilícitos que tanto afectan no solo la economía del país, sino también la credibilidad de la función pública”, concluyó el ente procurador.
La Procuraduría, incluso, recomendó incluir en la propuesta otros delitos que por el momento no están contemplados, como los de malversación, el peculado, la exacción legal, la concusión y la malversación de fondos privados
El ente también sugirió incluir los delitos previstos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, como los de tráfico de influencias y soborno transnacional.
La propuesta de ley se tramita en el expediente 20.683 y se encuentra en la fase inicial de estudio, en la comisión legislativa de Asuntos Jurídicos.
