Aparte de la investigación que realiza la Fiscalía General de la República sobre nombramientos supuestamente irregulares en la Cancillería General de la República, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) también abrió un procedimiento de oficio, pero específicamente contra la vicepresidenta y canciller, Epsy Campbell.
El objeto de la indagación es el nombramiento que la ministra de Relaciones Exteriores le hizo a su ahijada, Katherine Rivera McKinley, en el ministerio que ella dirige.
Además, también es objeto de investigación la circular DGSE-1949-2018 del 1.º de octubre del 2018, que lleva por título “Deber de confidencialidad, privacidad, reserva y discreción en asuntos propios de las misiones diplomáticas y consulares y del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
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La PEP tomó la determinación de abrir la investigación, de oficio, después de conocer las declaraciones que Epsy Campbell dio ante los diputados de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público.
En ese foro investigador, Cambpell reconoció ante pregunta de la diputada Yorleny León, del Partido Liberación Nacional (PLN), que nombró a su ahijada como asesora en la Cancillería y alegó que no la unen a Rivera McKinley lazos de consanguinidad.
“Le puedo pasar el currículum, y pasó todos los criterios de idoneidad que están dentro de la Cancillería General de la República”, respondió Campbell ante la pregunta de León.
Rivera no solo es ahijada de la vicepresidenta de la República, sino que también es madrina de un nieto de la jerarca de las Relaciones Exteriores. Aparte, la asesora es hija de la expresidenta ejecutiva de Japdeva Ann McKinley, amiga y asesora legislativa de la canciller durante su primera diputación, entre 2002 y 2006.
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“Es asesora personal de despacho. Los ministros tienen asesores que escogen de manera directa. Y es relacionista internacional”, justificó Epsy Campbell.
La ministra se defendió, ante los legisladores, con el alegato de que los puestos de confianza tienen una naturaleza distinta de los que asignan por concurso.
“En este caso, efectivamente, usted como diputada tiene personas de confianza que en general podrían ser personas que conocía previamente. La idoneidad en este caso pasa por los filtros. Es lo que está demostrado y eso es absolutamente ético, solvente y transparente”, argumentó Campbell.
La jerarca, además, enfatizó en que McKinley y ella no tienen ningún vínculo de consanguinidad.
“Eso es importante que quede absolutamente claro. Eso, en los grados de consanguinidad, es la imposibilidad o no de nombrar a una persona", dijo la canciller.
Aparte de esta decisión de la Procuraduría de la Ética, Noticias Monumental dio a conocer, este viernes, que la Fiscalía General de la República abrió desde julio un expediente para investigar los nombramientos que se han hecho en la Cancillería General de la República.
“En ese expediente actualmente se investigan hechos por el presunto delito de nombramientos irregulares. Los hechos dados a conocer recientemente por los medios de comunicación se valorarán para ser incluidos al expediente en trámite. El objetivo de la investigación es determinar si existe o no delito”, explicó la Fiscalía a través de su oficina de prensa.
A raíz de la apertura de la investigación de la PEP, se solicitó una reacción de la canciller Campbell; sin embargo, su periodista, Alexander Rivera, indicó que el criterio era el mismo que se difundió, más temprano, a raíz de lo publicado sobre la investigación en la Fiscalía General.
En esa nota difundida este viernes, la vicepresidenta adujo que celebraba la apertura de la investigación en la Fiscalía General de la República, “para que quede absolutamente clara la legalidad de los actos y nombramientos realizados en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto”.
"Como lo demostré ayer durante la comparecencia en la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso, donde presenté toda la documentación que respalda mis actuaciones”, aseguró Cambpell en esa declaración.
Aunque a esa hora no se había conocido públicamente sobre la investigación en Procuraduría, la ministra indicó que había girado instrucciones para que la documentación se remitiera a la Procuraduría General de la República y la de la Ética Pública.
“Reitero mi disposición para colaborar en todo lo que esté a mi alcance, con el convencimiento de que la investigación se resuelva a la mayor brevedad posible, para demostrar que todos los nombramientos se han realizado con sustento jurídico e idoneidad posible”, añadió la vicepresidenta en ese comunicado.
Por otra parte, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó a través de Twitter que “garantizará el acceso inmediato y completo” a toda la documentación que el Ministerio Público requiera. Además, dio a conocer una carta enviada a la fiscala general, Emilia Navas, para demostrar esa disposición a la investigación.
Este jueves, Campbell rindió cuentas ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso, sobre varios nombramientos que se han realizado en la Cancillería durante su gestión.
Durante la audiencia, la jerarca aseguró que todas las contrataciones se han apegado a los procedimientos administrativos establecidos en la normativa vigente.
La diputada liberacionista Yorleny León la cuestionó por la contratación de una ahijada de la canciller como asesora de despacho.
Los legisladores también increparon a Campbell por las designaciones como embajadores de varias figuras del Partido Acción Ciudadana (PAC) y exjerarcas de la administración Solís Rivera.
Tal es el caso de los exministros Sergio Alfaro, exministro de la Presidencia, quien irá a Bélgica; Emilio Arias Rodríguez, exjerarca de Desarrollo Humano e Inclusión Social, quien asumirá en Guatemala; Mauricio Herrera Ulloa, exministro de Comunicación, quien va a Honduras; y Sonia Marta Mora, exministra de Educación Pública, designada en Francia.
También fueron designados como embajadores Fernando Llorca, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien ahora es jefe de la legación en Estados Unidos; la exvicepresidenta de la República, Ana Helena Chacón, quien representa al país en España; y Montserrat Solano, exdefensora de los Habitantes, quien se acreditará ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Al respecto, la ministra dijo que tales designaciones se realizaron según la potestad atribuida al Consejo de Gobierno, de acuerdo con criterios de idoneidad para la representación del Gobierno ante las naciones en las que Costa Rica tiene sede diplomática.