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La Procuraduría de la Ética Pública denunció esta mañana al exdiputado Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, bajo el supuesto de que, siendo legislador, les exigía parte del salario a varios de sus asesores de despacho.
Asimismo, le achaca haber gestionado el nombramiento de su esposa como asesora, aunque esta no se presentaba a laborar.
La información la comunicó la propia Procuraduría en un comunicado.
La denuncia también incluye a la esposa del exdiputado, Xinia Cortés Oporto, así como a la hermana, Wray Esquivel Quesada, conocida como Uray. Los cargos son enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y concusión.
En abril de este año, tres empleados del diputado Abelino Esquivel denunciaron que el legislador los obligó, durante varios meses desde el año pasado, a entregarle a él una parte de sus salarios.
"Los hechos fueron denunciados ante la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) por presuntas faltas a la ética pública en que habrían incurrido los servidores. La PEP, una vez realizada la investigación preliminar, consideró que habían suficientes pruebas para denunciar penalmente al señor Abelino Esquivel y sus familiares", indicó la entidad.
"Tal como trascendió a la prensa nacional, el exdiputado exigía parte del salario a varios de sus asesores. Además, gestionó y logró el nombramiento de su esposa como asesora destacada a su cargo, a quien se le pagaba un sueldo sin que ésta se presentara a laborar. La hermana se desempeñaba como jefa de Despacho y era la encargada de hacer los cobros referidos", continuó.
Tal como lo había revelado el medio digital Pulso, los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez fueron obligados a entregar un monto fijo, todos los meses, sin que les explicaran mayores razones.
Marín tenía que darle al diputado ¢50.000 al mes, a Rodríguez le quitaban ¢125.000 y a Oconitrillo, ¢400.000; en total, se trata de ¢575.000 mensuales.
Rodríguez relató a La Nación que a ella simplemente le dijeron "esté de acuerdo o no, tiene que darme la plata", e identificó a la hermana del diputado como la persona que se lo dijo.
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En el caso de Oconitrillo, dijo que su situación fue diferente a la de sus compañeras, no solo por el monto que se le exigió, sino también porque a él le pusieron esa condición antes de darle el empleo, en julio del 2017.
En cambio, Marín y Rodríguez ya eran funcionarias de Esquivel desde hace algún tiempo cuando les impusieron el pago, que ellos calificaban informalmente como “diezmo”, debido a que Esquivel es un pastor evangélico en su comunidad.
Oconitrillo llegó a entrevistarse, en julio del 2017, con el diputado y su hermana, Wray, nombrada por el diputado como asesora suya. En ese momento, le pusieron la condición de que tenía que darles parte de su salario y ya lo tenían calculado: ¢400.000 al mes.
Luego, el abogado Héctor Sáenz, quien fue asesor legal de Abelino Esquivel entre el 2014 y el 2017 en el Congreso, también reveló que le entregó ¢12 millones de sus salarios al diputado de Renovación Costarricense, a lo largo de 40 meses que trabajó en su despacho.
Sáenz relató a La Nación que, cuando fue contratado, el legislador le solicitó contribuir con ¢300.000 mensuales para ayudar a “otros compañeros” del partido, que hacían trabajo de campo en la provincia de Limón, donde Esquivel resultó electo.
