EscucharMagda Inés Rojas, procuradora general adjunta, afirmó este viernes que la Procuraduría General de la República (PGR) carece de medios legales y técnicos para ejercer como un órgano acusador alterno a la Fiscalía, como propone el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
En declaraciones ofrecidas en la Asamblea Legislativa, Rojas explicó que, si bien los legisladores dejaron en el artículo 16 del Código Procesal Penal la competencia para que la PGR ejerza la acusación, no le dio los medios.
“La Procuraduría vería muy limitado el ejercicio de esa competencia, que ciertamente el artículo 16 le da, porque no tiene los elementos que tiene la Fiscalía para ejercer la investigación.
“No tenemos la forma de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) esté subordinado a nosotros para que haga la investigación correspondiente.
“La Procuraduría, como en cualquier proceso, podría buscar pruebas y presentarlas, pero hay un elemento que nos faltaría que es ese. No tenemos los medios suficientes, que en este caso serían jurídicos, no solo materiales”, sostuvo la procuradora adjunta.
LEA MÁS: Presidente Rodrigo Chaves intentará usar a Procuraduría como órgano acusador
En esa misma línea ya se había expresado el exprocurador general, Julio Jurado, quien explicó que en la práctica el ejercicio de acciones penales enfrenta serias dificultades.
“La Procuraduría quedó mencionada en el artículo 16 (del Código Procesal Penal) diciendo ‘usted tiene la acción penal’, pero eso no está regulado más allá de esa norma. Entonces, hay un déficit de normativa que crea un riesgo muy grande desde el punto de vista jurídico, porque hay inseguridad sobre la forma en que participaría la Procuraduría”, enfatizó.
El presidente Chaves propuso usar a la PGR como órgano acusador en el supuesto “megacaso” de evasión fiscal anunciado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en el que figuran el banco BCT y su socio y fundador Leonel Baruch, dueño del medio de comunicación CRHoy.
El Ministerio Público desestimó el caso desde el 2 de enero y se lo notificó siete días después a Tributación.
“Nosotros no vamos ya a confiar únicamente en la Fiscalía para estos casos. Respetando la institucionalidad, el ministro de Justicia, a mi pedido, utilizando el artículo 282 del Código Procesal y el 16 del Código Procesal Penal, le están pidiendo a la PGR que actúe como acusador, en este caso particular y en los que siguen de megaevasiones, o donde se alegan megaevasiones, directamente ante los Tribunales”, planteó el mandatario.
El artículo 16 del Código Penal permite que, en los delitos la Hacienda Pública y tributarios, la PGR puede ejercer directamente la acción penal, sin subordinarse a las acciones y decisiones del Ministerio Público.
También la puede ejercer en casos contra la seguridad de la Nación, la tranquilidad pública, los poderes públicos, el orden constitucional y el ambiente, entre otros. “En los asuntos iniciados por acción de la Procuraduría, esta se tendrá como parte y podrá ejercer los mismos recursos que el presente Código le concede al Ministerio Público”, añade el numeral.
A pesar de esa posibilidad legal, la procuradora Rojas insistió en que el abogado del Estado no tiene los elementos jurídicos ni materiales suficientes para ejercer de órgano acusador.
Para ejercerla, añadió, se requiere de una reforma al Código Procesal Penal que le conceda esas herramientas.
LEA MÁS: Procuraduría General de la República carece de herramientas para investigar delitos
Rojas dijo que la Procuraduría no se siente instrumentalizada con la propuesta del mandatario, pues está claro que este órgano adscrito al Ministerio de Justicia goza de independencia funcional.
Sobre el supuesto “megacaso” de evasión fiscal, la procuradora explicó que el abogado del Estado es parte del proceso, pero que aún esperan el envío del expediente completo por parte del Ministerio Público.
Una vez que reciba los documentos, la PGR hará un análisis y, si faltaran elementos para poder emitir criterio, se lo comunicará al juez que conozca la solicitud de desestimación del Ministerio Público.
“Nosotros ejercemos la competencia. Eso que nos llega tiene que ser analizado porque nosotros somos funcionarios técnicos, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad en su caso de plantear una demanda”, indicó.
