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La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una acción civil resarcitoria en la causa 19-25-1218-PE, conocida como el Caso cochinilla, donde solicita el pago de ¢59.000 millones en favor del Estado.
La gestión fue dada a conocer este miércoles.
“La demanda civil se dirige contra 78 personas entre físicas y jurídicas, sea los funcionarios públicos investigados, así como a los particulares y empresas involucradas.
“Con la interposición de la acción civil resarcitoria, el Estado pretende la indemnización y restitución del daño material y social causado por las acciones imputadas por el Ministerio Público”, precisó la Procuraduría.
El monto que se solicita se estableció de manera prudencial por ¢45.184 millones por concepto del daño material, a lo que se suman ¢13.555 millones por el daño social causado por los presuntos sospechosos.
Asimismo, la PEP indicó que el monto puede variar con el avance de la investigación.
“En razón de que la causa aún se encuentra en una etapa preparatoria, esos montos pueden variar, conforme avance la investigación y se logre determinar daños de mayor cuantía” agregó.
El pasado 14 de junio, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó 57 allanamientos en diferentes instituciones públicas y empresas privadas por presunta corrupción en obras viales.
Las diligencias permitieron decomisar evidencias y detener a 30 personas. Entre los detenidos, que actualmente están bajo medidas cautelares, había 17 funcionarios públicos y 13 trabajadores privados.
De ellos, solo dos están privados de libertad de manera cautelar. Se trata de Carlos Cerdas, dueño de Constructora MECO; y Mélida Solís, dueña de H Solís.
En el expediente del Caso Cochinilla se investigan los presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa en perjuicio del Estado.
De acuerdo con la tesis del OIJ, por una presunta malversación de fondos en el Conavi, se generó un déficit de ¢78.000 millones entre los años 2018, 2019 y los primeros trimestres del 2020.
Entre los investigados, están funcionarios y exfuncionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Casa Presidencial y la Contraloría General de la República (CGR).
En cuanto a las empresas relacionadas con este caso, están, por ejemplo, MECO, H Solís, Constructora Herrera, Constructora Montedes y Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles (Diccoc).
