Escuchar
La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab), adscrita al Ministerio de Justicia, rechazó los señalamientos que hizo en su contra la Defensoría de los Habitantes en un informe sobre la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos de Casa Presidencial (UPAD).
Este lunes, la Agencia negó haber sido omisa al argumentar que desconocía el asunto.
La noche del viernes, la Defensoría concluyó: “La Agencia fue omisa en el cumplimiento de sus competencias al no intervenir según lo establece la Ley 8968 (Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales), sea analizando las bases de datos obtenidas por el equipo de la UPAD, requiriendo la existencia de protocolos de actuación, o bien, emitiendo una medida cautelar”.
LEA MÁS: Víctor Morales señala omisión de lectura en decreto
Ante esas críticas, la directora de la Prodhab, Elizabeth Mora, señaló: “No se puede hablar de omisión en el ejercicio de las competencias de la Agencia, puesto que la Prodhab no podría haber intervenido una base cuya existencia desconocía. Consideramos desacertada la opinión de la señora Defensora en ese sentido".
Según la Agencia, hasta la publicación del decreto no se sabía la existencia de la UPAD, ni tampoco fue consultada al respecto, por lo que no había forma de intervenir sobre ella.
"Es importante aclarar que incluso, de previo a las reuniones que sostuvieron ambas instituciones, el lunes 24 de febrero en Casa Presidencial, le manifesté mediante una llamada telefónica a la directora del Área de Gobernanza de la Defensoría, Hazel Díaz, que la Agencia no había sido informada de previo sobre el actuar de UPAD”, indicó Mora.
Sin embargo, la directora de la Prodhab adelantó que inició una investigación de oficio, tras una reunión técnica en Casa Presidencial, luego de conocerse la publicación del decreto que creó la UPAD, firmado y derogado por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Dicha diligencia consiste en el Procedimiento de Protección de Derechos de Oficio, cuya finalidad es “determinar si en el tratamiento de datos personales que presuntamente realizó dicha Unidad, se pueda haber incurrido en algunas de las faltas establecidas en la Ley 8968”.
Sus resultados permitirán determinar si recaen sanciones sobre el Gobierno, dentro de lo que establece dicha ley.
La fiscala general, Emilia Navas, confirmó este lunes en conferencia de prensa, que el informe de la Defensoría sería recibido este mismo día para que se analice en el marco de las investigaciones judiciales, aunque descarta un “trabajo conjunto” con esa institución.
Las declaraciones de Crespo en la presentación del informe también entraron en conflicto con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la semana anterior.
Mientras que Crespo señaló acceso de la UPAD a información sensible sobre la salud de las personas a través del Sistema Único de Beneficiarios del Estado, el presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, descartó que dicha información conste en el Sistema al que supuestamente tuvo acceso la UPAD.
LEA MÁS: Defensoría se contradice sobre datos en poder del Gobierno
