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Impuestos a transacciones bancarias, a la propiedad, a los salarios, a las rentas de las empresas, a las remesas... La propuesta de ajuste económico que el Gobierno lo propondrá al Fondo Monetario Internacional (FMI), con tal de obtener un financiamiento de $2.250 millones, se recuesta sobre nuevos tributos.
El recorte al gasto queda en segundo plano. Por cada ¢3 adicionales que el Gobierno pretende recaudar en nuevos impuestos, solo ahorrará ¢1 en recorte al gasto público y venta de activos.
Así se desprende de un análisis de las medidas que el Poder Ejecutivo pretende tomar durante cuatro años, entre el 2021 y el 2024, unas temporales y otras permanentes.
En ese periodo, el paquete generaría ingresos equivalentes al 17,5% del producto interno bruto (PIB) y ahorros por un 6,4% del PIB.
En montos nominales, el Gobierno les pediría a los contribuyentes ¢6,4 billones en tributos, al tiempo que ahorraría ¢2,3 billones en gastos.
En el lado de los ingresos, las medidas temporales generarían ¢4,2 billones y las permanentes, ¢2,2 billones, entre el 2021 y el 2024.
Por la parte de los gastos, las medidas temporales ahorrarían ¢638.000 millones y las permanentes, ¢1,7 billones.
Con esa matemática, el Poder Ejecutivo pretende detener la trayectoria ascendente de la deuda pública y devolverla a niveles sostenibles.
Los impuestos que más recursos generarán dinero son el de las transacciones bancarias, con ¢3,6 billones en cuatro años, y el de las propiedades, con ¢846.000 millones.
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Las medidas que más ahorro generarían son la regla fiscal del 2018, que frena los aumentos en salarios públicos y el crecimiento del gasto en obra pública y transferencias a instituciones; seguido por la reforma al empleo público y la eliminación de las anualidades de los empleados públicos de los próximos cuatro años.
El crecimiento de la deuda pública se aceleró con la pandemia y Hacienda proyecta que alcance el 80,5% del PIB en el 2021 y salte a casi el 90% en el 2025.
Con las medidas que se le plantearán al FMI, el equipo económico del Gobierno reducir la deuda pública en seis puntos porcentuales del PIB, con el fin de detener la trayectoria ascendente y “cambiar el ciclo del endeudamiento y enorme pago de intereses que ha tenido el país en las últimas décadas”.
En términos generales, la meta es la misma a la que se comprometió el país cuando obtuvo un crédito rápido de $508 millones del FMI en abril. Consiste en lograr un superávit primario del 2,2% de la producción al 2024 y bajar el tamaño de la deuda al 50% del PIB en el 2034.
Un superávit primario consiste en que los ingresos del Gobierno Central sean superiores a sus gastos, pero sin tomar en cuenta el dinero que se va en el pago de los intereses de la deuda pública.
Ministro niega desbalance
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, niega que el plan esté inclinado a la parte impositiva.
“No, no es cierto porque no se está viendo la parte del gasto. Lo que suma es el ingreso, pero si no tuviéramos, por ejemplo, la regla fiscal, ocuparíamos todavía un ingreso más grande”, justificó al explicar que la propuesta presentada este jueves se elaboró sobre la base de la reforma fiscal del 2018.
Considera que al inicio será más visible el aumento de los ingresos, debido a que el componente de recorte al gasto público llevará más tiempo en desarrollarse.
Prueba de ello, agregó, sería recortes directos al gasto público a través de presupuestos extraordinarios y la implementación de la regla fiscal que generarían un ahorro de ¢1,2 billones en ese cuatrienio.
Pero añadió que el país tiene reformas estructurales en discusión como el proyecto de empleo público.
En todo caso, continuó, un impacto promedio similar al 6% de la producción en cada uno de esos primeros cuatro años, provocaría un cambio en la trayectoria de la deuda. El país se endeudaría menos al echar mano de esos recursos y haría abonos a los saldos de la deuda, según dijo.
Como impuestos temporales, Hacienda propone la creación de un impuesto del 0,3% a las transacciones bancarias, incluido el retiro de dinero en cajeros automáticos, durante dos primeros años. Luego, la tasa bajaría al 0,2% durante otros dos años.
Este sería el mayor generador de impuestos por las medidas temporales. En los cuatro años se recaudaría el equivalente al 10% del PIB, lo que equivaldría a ¢3,6 billones.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, reconoció que este impuesto podría desincentivar la bancarización de personas que hoy están en el mercado informal y provocaría la salida de usuarios del sistema financiero.
No obstante, afirmó que para evitar esos efectos la medida se hizo con tasas impositivas bajas y de forma temporal.
“La inclusión financiera son objetivos estratégicos del país y del Banco Central. Creemos que es importante seguir esa ruta. Para evitar la desintermediación financiera se hicieron dos cosas: que la tasa sea baja y que el impuesto sea temporal”, explicó.
Con ese impuesto, se financiaría el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), pues parte de la propuesta incluye reducir el aporte patronal al Fodesaf, sobre el salario de cada empleado, que hoy es de un 5%. La idea es incentivar el empleo.
Además, la cartera plantea subir durante dos años las tasas del impuesto de renta, hasta en un 10%, a los salarios superiores a los ¢840.000.
También, subiría el impuesto sobre las ganancias de empresas hasta un 35% por el mismo periodo; mientras que se impondría un cobro extra de un 5% a las remesas de capitales al exterior.
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Después de que culminen los dos años del aumento en las tasas del impuesto a la renta, el gobierno propone establecer en el país la renta global. Sería a partir del 2023.
Este es un tributo que unifica en un solo total las distintas fuentes de ingresos obtenidos en el país por personas físicas o jurídicas, para entender el ingreso bruto. Dependiendo del resultado, al contribuyente se le ubica en una categoría de pago tributario.
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De ese modo la renta global haría pagar más a quienes más tienen ingresos y menos a los que menos ganan.
En tanto, como planes de ingresos indefinidos, Hacienda propuso triplicar el pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de las propiedades y eliminar las exoneraciones de renta a las grandes cooperativas, el salario escolar y los premios de lotería, a la Caja de ANDE y a los Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
En cuanto al IBI, este pasaría del 0,25% del valor tasable de la propiedad que hoy se paga a las municipalidades, al 0,75%.
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El incremento del 0,50% pasaría a las arcas de Hacienda, aunque todo el impuesto sería recaudado por las ¢817.687 millones.
En el caso del impuesto a los premios de lotería, estos pagarían el 25% siempre que sean montos superiores a los ¢200.000.
Como parte del ahorro, el Gobierno plantea eliminación de anualidades en el sector publico por los próximos cuatro años, un plan de retiro laboral para 7.000 funcionarios públicos y la revisión del diseño de los órganos desconcentrados para eliminar duplicidad de funciones.
El retiro voluntario provocaría un ahorro del 1,08% del PIB, lo que equivale a ¢394.292 millones, según la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido.
En cuando a los órganos desconcentrados, la revisión podría conllevar el cierre de algunos de ellos, según explicó Garrido, lo que generaría la reducción de 200 plazas.
Sobre la venta de activos, el Gobierno reafirmó la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), la Fábrica Nacional de Licores (Fanal) y propiedades ociosas de todo el aparato estatal.
Zapote cree que, con la venta de Bicsa, el Gobierno pretende obtener ¢143.400 millones y con Fanal ¢7.200 millones.
El Gobierno también se compromete a impulsar la reforma al régimen de empleo público con el fin de crear un salario global para futuros empleados públicos que elimine el sistema de pluses.
Asimismo, según explicó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, lo planteado este jueves se trata de una reforma adicional a la aprobada en el 2018 por la Asamblea Legislativa.
