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La última propuesta lanzada por el gobierno de Carlos Alvarado, en la mesa de diálogo con sectores, obligaría a hogares con un ingreso promedio de ¢536.000 mensuales a pagar un 13% de IVA sobre los productos de la canasta básica, los servicios de educación y salud privados, al igual que los seguros.
Estas son familias con un promedio de 3,3 integrantes y con una escolaridad de ocho años entre los mayores de 15 años de edad.
Si estos hogares deciden hacer el esfuerzo de pagar una instrucción privada a uno de sus miembros tendrían que pagar un 13% más. Si tuvieran una necesidad médica y recurren a un servicio privado, tendrían que desembolsar el mismo porcentaje adicional.
En lo cotidiano, comprar los alimentos y artículos de higiene básicos también les saldría un 13% más caro.
Para ellos, no habría devolución alguna del impuesto, según la propuesta diseñada por el Gobierno.
Lo mismo pasaría con las familias que perciben en promedio ¢665.500 mensuales, así como las que devengan ¢871.200 o ¢1,1 millones al mes.
La idea del Poder Ejecutivo es cobrar un 13% de impuesto al valor agregado (IVA) sobre la canasta básica, la educación, la salud y los seguros, lo cual generaría ingresos brutos por ¢595.000 millones al año. De ese dinero, ¢400.000 millones irían a Hacienda con el fin de aliviar el déficit fiscal y ¢195.000 serían devueltos a los hogares con menor ingreso.
Los hogares beneficiados con la devolución serían los de personas ubicadas en los cuatro segmentos de menores ingresos de la población.
Para los otros seis segmentos (en total son 10), no habría devolución.
Y, en este país, eso implicaría cobrar el IVA sobre estos servicios al 55% de la población sin devolución, mientras que al otro 45% sí le devolvería.
Ese 55% de la población está constituido por los hogares que reciben desde ¢536.000 hasta ¢2,9 millones mensuales.
Los datos se desprenden de la más reciente Encuesta Nacional de Hogares, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en octubre pasado, con datos correspondientes al mes de julio del 2020, en los que se midieron los ingresos de los hogares.
Esta publicación del INEC divide a los 1,6 millones de hogares del país en diez segmentos, de aproximadamente 160.500 familias cada uno. A estos segmentos se les denomina deciles.
Los primeros cuatro deciles son los que reciben entre ¢136.250 y ¢435.000 mensuales. En esos casos, se aplicaría la devolución del IVA.
El siguiente decil es el de los hogares que reciben ¢536.000. De ahí en adelante, los hogares tendrían que pagar impuesto sin compensación.
El miércoles, durante la mesa de diálogo con sectores, el Gobierno presentó una tabla de deciles con promedios de ingreso distintos a los más actuales.
En los presentados ese día, por ejemplo, el ingreso promedio del decil 5 era de casi ¢654.000. Este medio consultó a Casa Presidencial a qué fecha corresponden los datos; respondieron que al 2020, pero no mencionaron el mes.
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En cantidad de personas, el esquema del Gobierno implica gravar con el IVA a 2,8 millones personas y devolver el impuesto a 2,2 millones.
En los deciles 5, 6 y 7, los hogares que reciben entre ¢536.640 y ¢871.200 mensuales, hay más de 1,5 millones de personas, un 30% de la población. Ellos tendrían que pagar el IVA.
Ingreso promedio de hogares
DATOS DE JULIO DEL 2020
FUENTE: ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE JULIO DEL 2020. || INFOGRAFÍA/ LA NACIÓN.
El factor educativo
Para una familia del decil 7, donde el ingreso promedio es de ¢871.200, el cobro del IVA en una mensualidad de educación privada de ¢150.000 le demandaría el 2,2% del ingreso hogar. El impuesto sería de ¢19.500.
Si la familia tiene dos hijos, el impuesto sería de ¢39.000, casi el 4,5% de lo que recibe la casa.
Según los datos del INEC, conforme mayor es la cantidad de años de escolaridad, mayor es el ingreso de los hogares.
Por ejemplo, en el primer estrato, la escolaridad es de 6,9 años, mientras que en el décimo estrato, el de mayor ingresos, la escolaridad es de 13,8 años. La educación es un factor fundamental en los ingresos.
Lo mismo ocurre con la tasa de desempleo abierto. A mayor educación, menos desempleo.
Por otra parte, mientras más alto es el ingreso, menos miembros tiene cada hogar.
Actualmente, la educación privada formal está exenta del pago del IVA. En tanto, los servicios de salud tienen un gravamen del 4% si se pagan en efectivo y, si se cancelan con tarjeta de crédito o débito, están exentos.
En cuanto a los seguros, están exentas las primas de pólizas de vida, riesgos del trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social.
La pretensión del Gobierno con esta propuesta es recaudar unos ¢400.000 millones anuales adicionales para ayudar a equilibrar el exceso de gastos de Gobierno sobre sus ingresos.
