EscucharLos millonarios pagos de deuda pública que afrontará el país en los próximos cuatro años, dejan poco margen de maniobra al próximo presidente de la República. Entre el 2022 y el 2026, el Gobierno deberá devolver a sus acreedores más de ¢10 billones (millones de millones) de créditos otorgados años atrás mediante la colocación de bonos soberanos.
Ese monto equivale casi a todo el gasto de un año del Gobierno Central, que para este 2022 es de ¢11,5 billones. Los ¢10 billones tampoco incluyen el pago de intereses por el dinero prestado, otro de los grandes disparadores del gasto público.
Solo para este año, el Poder Ejecutivo debe honrar vencimientos de deuda por ¢2,4 billones, cifra equivalente al 20% del Presupuesto Nacional. En el 2023 y el 2024, los pagos ascenderán a ¢2,8 billones en cada año, mientras que las amortizaciones de deuda exigirán alrededor de ¢2,6 billones tanto en 2025 como en 2026.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó que la administración de Carlos Alvarado dejará pagados los vencimientos que expiran hasta el 8 de mayo. Solo entre enero y abril, los pagos alcanzan los ¢778.781 millones.
“Enero ya se pagó en su totalidad y de febrero, una parte. Esta semana hay un pago importante que hacer. Ya, normalmente, los operadores financieros no descuentan lo que está a punto de vencer porque eso prácticamente lo tienen líquido”, dijo Villegas.
La semana pasada, Hacienda logró canjear con acreedores unos ¢195.000 millones ($300 millones) en bonos que estaban por vencer. Eso significa que la deuda se renueva y se extiende por más tiempo, con lo que se evita tener que devolver el principal ya. Sin embargo, el ministro advirtió de que esta operación no se puede hacer en todos los casos.
“Ahí hablamos de plazos de 6,9 meses, 1 año. Entonces, descuenta partes. Es un canje de $300 millones. Como unos $100 millones corresponden a este año. El resto corresponden al 2023, pero esto ya es a largo plazo. El canje es precisamente uno de los instrumentos que se usa para disminuir esas torres de vencimiento que se pueden generar en algunos momentos”, explicó el ministro.
De acuerdo con el ministro, la deuda del Estado no funciona como una hipoteca, donde el deudor paga las cuotas y va descontando del total hasta que cancela el último abono.
“La deuda del Estado normalmente funciona como una línea de crédito. Usted va pagando y, a la vez, va obteniendo nueva deuda porque, precisamente, cuando usted tiene déficit fiscal, implica que usted tiene que financiarse porque sus ingresos no le están alcanzando. Por eso es todo el acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y todo el plan que hemos desarrollado, porque lo que estamos buscando es empezar a disminuir la cantidad de deuda”, explicó.
Actualmente, la deuda pública ronda el 70% del producto interno bruto (PIB). Lo ideal, dijo el ministro, es que pueda bajar del 50% con relación a la producción nacional.
“Si nosotros logramos disminuir la deuda de una forma importante y logramos disminuir el servicio de la deuda, tanto en pago de amortización y de intereses, nosotros podemos dedicar una cantidad importante de ese dinero a otras cosas. Por ejemplo, a obra pública, gasto social, a otros gastos que pueden darse en el área de la reactivación económica.
“Si nosotros estamos gastando más de ¢2 billones anuales solo en intereses, imagínese que con solo pagar un 25% menos de ese monto, nos quedaría alrededor de ¢500.000 millones para inversión de capital.
“Para eso es importante llevar adelante todo el proceso de ajuste fiscal. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo de no gastar ahora para poder gastar en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? Que en el futuro, si nosotros contenemos el gasto hoy, vamos a gastar nuestro dinero, no un dinero prestado. El país estará gastando lo que está generando”, añadió.
Ruta de consolidación necesaria
Para el economista y exministro de Comercio Exterior (Comex), Alberto Trejos, el hecho de que de que las colocaciones de deuda han sido puntuales (que se colocan montos grandes en momentos determinados, en vez de colocarla poco a poco como un flujo), sumado a que muchos créditos sean de corto plazo, “significa que con frecuencia tenemos estos episodios en que se concentran pagos grandes en momentos determinados”.
“Esos resultados generan un problema de flujo de caja, que el Gobierno puede afrontar bien si su perfil financiero parece sano (logra colocar otra deuda a plazos más largos para pagar el vencimiento). El problema es cuando se nos concentran dichos vencimientos en momentos en que nuestras finanzas parecen frágiles”, explicó.
En ese sentido, según Trejos, al próximo gobierno le tocará culminar la ruta de consolidación fiscal que inició la primera ministra de Hacienda del actual Gobierno, Rocío Aguilar. Ello implica implementar la regla fiscal, una norma que controla el crecimiento del gasto público en el Presupuesto Nacional, aprobar la reforma al empleo público que generaría ahorros en el Estado por la implementación de un salario global, y continuar con la implementación de la reforma tributaria del 2018.
“En el contexto en que eso se implementa, se ratifica un convenio con el FMI, se obtienen los financiamientos que están condicionados a dicho convenio y se siguen mejorando las finanzas públicas como se ha avanzado hasta ahora, el refinanciamiento de dichos vencimientos no parece complejo”, explicó el exministro.
Por el contrario, si la Asamblea Legislativa se traba y no aprueba la agenda negociada con el FMI o se descarrilan los créditos ligados al acuerdo, o un cambio de planes del nuevo Gobierno, “se comprometerían mucho las cosas”, advirtió, “porque la capacidad de diseñar, negociar y ejecutar un plan B parecería difícil”.
“Así las cosas, las colocaciones necesarias para esos momentos de vencimientos serían complejas, posiblemente con un costo alto. Incluso, ojalá que no, con una imposibilidad de colocar”, declaró Trejos.
Por su parte, el economista José Luis Arce, explicó que los vencimientos de deuda junto al déficit financiero de este año y del próximo, plantean un refinanciamiento bruto entre el 8% y 10% del PIB.
“Esto implica una pesada carga que requiere de mejores condiciones de financiación. Esto solo es posible avanzando en la consolidación fiscal, bajar la relación entre deuda y PIB y, mientras eso sucede, procurar una mejor mezcla de financiación procurando ampliar los plazos y bajar costos de intereses mediante acceso a préstamos de entidades multilaterales.
“Para lograr hacer esto, es necesario continuar con el proceso de ajuste fiscal, como mínimo sujetarse a las restricciones de crecimiento de gasto que implica la regla fiscal y procurar mantener la confianza en el proceso que permita obtener financiación a bajo costo”, explicó Arce.
Para el economista, un reto particular es el vencimiento de $1.000 millones en eurobonos en 2023 que hace necesario plantear la posibilidad de aprobar en la Asamblea Legislativa, al menos, una emisión que permita refinanciarlo.
“O idear un plan de emisiones que ayude en el objetivo de enfrentar los vencimientos de deuda elevados de años venideros”, finalizó Arce.
