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El proyecto de ley que prohibiría la exploración de petróleo en Costa Rica también le cobraría a los consumidores la incursión de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el campo de las energías alternativas.
Se trata del mismo texto que el presidente de la República, Carlos Alvarado, urgió aprobar antes de que termine el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, el 31 de julio.
El plan 20.641, que también cuenta con el respaldo de José María Figueres, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), permitiría a Recope incursionar en nuevas energías.
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Mediante el artículo 6, el proyecto autorizaría a la Refinadora a “investigar, producir, industrializar, almacenar, transportar y comercializar fuentes de energía alternativas, no convencionales, renovables y limpias, que le permitan al Estado costarricense satisfacer las necesidades energéticas de forma sostenible, en un mercado de competencia”.
Para ese fin, Recope “podrá destinar, anualmente, hasta un 0,15% de sus ingresos presupuestados por la venta de bienes y servicios, previa autorización de la Junta Directiva”, señala la propuesta.
Aunque se establece que la inversión se realizaría en un mercado libre de competencia, Recope es el único que financiaría su incursión a través de los ingresos cobrados a los consumidores.
Al ser tarifas de los servicios públicos orientadas al costo, ese porcentaje se recargaría sobre los consumidores de combustibles, pues Recope no incursiona en otros negocios sustanciales, más que en la importación y comercialización de hidrocarburos.
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En el pasado, la Refinadora se alió, por ejemplo, con la firma Ad Astra para la producción de hidrógeno, para lo cual destinó $2 millones hasta que la Procuraduría General advirtió de que Recope legalmente no puede incursionar en la producción e industrialización de energías alternativas a los hidrocarburos.
Además de los costos para la investigación, la propuesta también convertiría la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en la Dirección de Combustible, la cual funcionaría no solo con el presupuesto ordinario, sino que también se financiaría con el cobro de un canon por la actividad de prestación de servicios públicos de distribución comercial de combustibles.
Aval
En la etapa de comisión, el proyecto de ley fue consultado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República (CGR) así como la Procuraduría General de la República (PGR).
La Aresep sugirió facultar al regulador para reconocer en las tarifas de combustibles el porcentaje definido para la investigación. En el último texto del proyecto, no consta el cambio.
Por otro lado, la CGR se refirió al canon “injustificado”, según señaló, que cobraría la Dirección de Combustibles.
“En relación con este canon, se hace la observación de que la norma no establece los parámetros generales para la estimación del monto y, además, no se indica en la exposición de motivos del proyecto de ley la necesidad de su creación, ni refiere a estudios técnicos, financieros y de costos de gestión administrativa que así lo justifique”, señaló el órgano contralor en el criterio DFOE-AE-0192, de abril del 2019.
Entre las observaciones del Ministerio de Hacienda que constan en el informe de minoría del diputado Erwen Masís, está la sugerencia de incluir un monto máximo de inversión para Recope.
Salida
Pese a que ni el presidente Alvarado ni los diputados habían manifestado su descontento con respecto al artículo sobre Recope, un grupo de diputadas busca eliminar esas autorizaciones para dar viabilidad a la propuesta.
Paola Vega, legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que se gesta una moción para que el plenario, abierto en comisión, pueda hacer la enmienda y así dar el trámite de primer debate esta semana.
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También respaldan su propuesta las congresistas liberacionistas Silvia Hernández, Karine Niño y Paola Valladares.
Figueres, por su parte, niega que el texto contenga artículos sobre Recope.
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Este proyecto de ley fue presentado en la corriente legislativa por la administración de Luis Guillermo Solís, en el 2017, y en el 2019 superó su trámite en la Comisión de Ambiente del Congreso, con el apoyo de mayoría de diputados.
En ese momento, ningún diputado manifestó su oposición a la propuesta, a excepción del diputado Erwen Masís del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), porque estaba a favor de la exploración de petróleo, posición que cambió cuando fue precandidato a la presidencia de la República.
Ahora, en el 2021, el Poder Ejecutivo ha impulsado la aprobación del proyecto de ley que está a la espera del primer debate. Este es uno de los dos proyectos que mantiene convocado el Gobierno en los últimos días de sesiones extraordinarias.
