La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió, el pasado 3 de octubre, de que el proyecto de ley bajo el expediente 22.934, que pretende regular la actividad minera artesanal y de pequeña escala, tiene falencias jurídicas y probables roces de constitucionalidad.
Dicho proyecto fue propuesto por la administración Alvarado Quesada (2018-2022) el 4 de marzo del 2022, y se encuentra actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la PGR detectó que la propuesta podría ser regresiva en temas de ambiente y salud, además de que contiene incongruencias que pondrían en riesgo el ejercicio de actividades de minería no metálica, como la extracción de roca ornamental, calizas, arena y arcilla.
El pasado 16 de julio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, visitó Crucitas, en Cutris de San Carlos. Ahí, el mandatario declaró que “se acabó el olvido” de Crucitas. Además, añadió que esperaría hasta el 3 de noviembre del 2022 para tomar acciones, fecha en que se definirá un laudo entre el Estado de Costa Rica y la empresa Infinito Gold.
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Según especificó Chaves, después de dicha fecha, el Gobierno de la República emprenderá acciones para resolver el problema ambiental de Crucitas. No obstante, para plantear dichas acciones o soluciones, el Ejecutivo deberá tomar en cuenta las advertencias expresadas por la PGR el pasado 3 de octubre.
PGR alertó de contradicciones en uso minero de cianuro
El criterio emitido por la Procuraduría se deriva de una solicitud planteada por la Comisión Permanente Especial de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el 22 de agosto del presente año.
En dicho pronunciamiento, el órgano repasa uno a uno los artículos del proyecto de ley para regular la minería artesanal y de pequeña escala tanto metálica como no metálica.
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Uno de los artículos que despertó más cuestionamientos por parte de la PGR fue el número 10, referente al uso del cianuro y mercurio. El proyecto propone que “el uso del mercurio en las actividades mineras y en pequeña escala quedará prohibido”.
Sin embargo, el texto señala a continuación que la Dirección de Geología y Minas (DGM) podrá autorizar el uso de cianuro, “según los requisitos establecidos en el reglamento a esta ley o con fundamento en normas internacionales aplicables desarrolladas al respecto”.
Sobre este particular, la PGR alertó que dicho artículo implicaría la disminución del nivel de protección ambiental vigente, y representaría una violación a las obligaciones internacionales adquiridas en el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, del 16 de agosto del 2016.
Incluso, pronunció la Procuraduría, la legitimidad constitucional del uso de cianuro en minería artesanal dependerá de que exista una justificación técnica que respalde que el uso de dicho químico no generará afectaciones al ambiente o a la salud.
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Minería de arena y arcilla puede verse perjudicada
El otro artículo que despertó preocupación en el órgano procurador es el 14, que hace referencia a los requisitos que debe tener una persona para optar por ser beneficiario del proceso de regularización de la actividad minera artesanal y en pequeña escala.
De entrada, dicho artículo establece que solo podrán ser beneficiarios de dicho proyecto aquellas personas que desarrollaron la actividad minera desde antes del 10 de febrero de 2011. Además, deben ser personas vecinas de los cantones de Abangares, Osa y Golfito, asociadas a cooperativas.
No obstante, para la Procuraduría estas condiciones son preocupantes, debido a que el proyecto de ley establece que regulará tanto la metálica y no metálica, por lo que se verán afectados también aquellos empresarios que trabajan en la extracción de arena en tajos, rocas ornamentales, arcilla y otros minerales. La PGR calificó esto como una “incongruencia”.
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De esta forma, el expediente 22934 planteado por la administración Alvarado Quesada fue evidenciado como deficiente por parte del órgano procurador. Sin embargo, a partir del 1.° de noviembre la Asamblea Legislativa pasará a sesiones extraordinarias, y será Poder Ejecutivo el que defina la agenda, durante la cual el Gobierno podrá plantear su plan de acción en Crucitas.