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El Partido Acción Ciudadana (PAC) presentará este martes un proyecto de ley que ampliará a grupos religiosos, juveniles, culturales y deportivos la obligación de denunciar casos de abusos contra menores de edad que se presenten en su entorno.
Eso implica, por ejemplo, que los sacerdotes que conozcan de abusos sexuales u otro tipo de agresiones de menores de edad, durante una confesión, están obligados de denunciar el caso ante el Ministerio Público; de lo contrario, se expondrán a sanciones económicas.
Así lo explicó Enrique Sánchez, diputado del PAC, quien redactó la propuesta que plantea una reforma al artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
También, plantea una modificación al artículo 206 del Código Procesal Penal. En este aspecto, la propuesta obliga a los sacerdotes o ministros religiosos a declarar en caso de que una denuncia de abuso contra un menor de edad sea elevada a juicio, siempre y cuando la víctima lo requiera.
En la actualidad, en el caso del deber de denuncia, la obligatoriedad está limitada a personeros de centros escolares y de salud, según el Código de la Niñez.
“Estamos ampliando esa obligación para que no sea solamente a centros educativos o de salud, sino a otros espacios donde los niños acudan, desde organizaciones deportivas, culturales y religiosas; por lo tanto, sí incluiría a todas las personas con jerarquía como, por ejemplo, en las iglesias, en la obligación de denunciar al Ministerio Público cuando reciban un caso o una sospecha de abuso”, explicó el legislador.
Sin embargo, Sánchez explicó que el deber de denunciar para las personas que ostentan un grado de autoridad, dentro de esos grupos, no se reduce al secreto de confesión, sino al simple hecho de que tenga indicios o conocimientos de que algún tipo de abuso de menor está ocurriendo en su ambiente.
Añadió que su iniciativa responde a la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual resalta el interés superior del menor y excluye el secreto profesional.
Incluso, argumentó, los derechos del niño están por encima de cualquier dogma religioso, como es el secreto de confesión usado por la Iglesia.
En ese aspecto, explicó que el cura tendrá el deber de denunciar, no solo cuando conozca o tenga indicios suficientes de que un menor de edad está siendo abusado sexualmente, sino cuando el niño reciba maltrato físico o sea víctima de negligencia.
“Tiene la obligación de denunciar al Ministerio Público, como lo tiene el educador”, remarcó el legislador.
En cuanto a la reforma al artículo 206 del Código Procesal Penal, el legislador explicó que, en la actualidad, los ministros religiosos, funcionarios públicos sobre secretos de Estado, abogados y otros profesionales pueden abstenerse de declarar en un juicio, cuando conocen secretos en casos de abusos contra menor de edad.
Sin embargo, salvo los líderes religiosos, los profesionales y funcionarios públicos pueden declarar si la víctima lo requiere.
Con la reforma al artículo 206 del Código Penal, ahora los ministros religiosos estarían incluidos entre los obligados a dar su testimonio.
En parte, el texto de la propuesta dice: “Sin embargo, estas personas no podrán negar su testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto.
"En caso de ser citadas, estas personas (líderes religiosos, profesionales o funcionarios públicos) deberán comparecer y explicar las razones de su abstención. Si el tribunal estima que el testigo invoca erróneamente la facultad de abstenerse o la reserva del secreto, ordenará su declaración mediante resolución fundada”.
En la exposición de motivos, el texto señala que “los ministros religiosos gozan de una protección absoluta del llamado ‘secreto de confesión’, mientras que los profesionales o funcionarios públicos ahí citados, sólo disfrutan de una protección relativa del llamado ‘secreto profesional’ o ‘secreto de Estado’ respectivamente”.
“El carácter absoluto de este secreto de confesión está más cerca de constituir un privilegio de los ministros religiosos que una garantía para las víctimas o los imputados en el proceso penal. No se explica por qué un ministro religioso puede mantener su abstención de declarar como testigo cuando la persona interesada lo libera del deber de guardar secreto”, añade.
Sánchez reconoce que su propuesta puede incomodar a la Iglesia católica. Sin embargo, reiteró que la finalidad es resguardar los derechos de la niñez.
"Siguiendo, incluso, el mandato del papa Francisco de instar a las instituciones de países a crear todas las medidas necesarias para evitar la impunidad en estos casos. Yo creo que la Iglesia tendrá que replantearse cuando el interés superior del menor es superior ante cualquier otro dogma que existe dentro de la Iglesia”, puntualizó.
