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El proyecto de ley que busca declarar a Costa Rica un país libre de la exploración y la explotación de petróleo y gas natural sufrió, este jueves, un importante traspié en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Aunque los partidos Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Restauración Nacional (PRN) unificaron posiciones para devolver el expediente a una comisión, con un plazo fijo para ajustar el texto, no lograron los 38 votos necesarios para aprobar el envío.
El planteamiento se topó de frente con un muro levantado por la Unidad Social Cristiana (PUSC), Integración Nacional (PIN) y legisladores independientes, entre ellos los fabricistas de Nueva República.
La idea del PLN, el PAC y Restauración era que, mediante un reenvío a la Comisión de Ambiente, al texto se le ajusten los temas que han incomodado a diversos partidos, como la potestad que se le concedería a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para entrar en el mercado de las energías alternativas y cargar la incursión a los consumidores.
El Gobierno incluso envió una nota en la que, admitiendo la distorsión que generó el tema de Recope, se mostró anuente a hacer cambios.
El PUSC y Restauración, en tanto, se oponen a prohibir la exploración de gas natural.
Después de tres días de pulsos, fricciones y búsqueda de afinidades entre el PLN y el Gobierno, las mayores bancadas del Congreso acordaron tomar la vía sugerida por Liberación, de devolver el plan para hacerle modificaciones de consenso.
Así lo permite el artículo 154 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el cual ordena que, a su regreso al plenario, el proyecto ocupe los primeros lugares de la agenda.
Aunque Liberación había sugerido un plazo de 15 días para hacer los cambios, Restauración solo aceptaba 30 días naturales, por lo que en la moción de reenvío se propuso este último periodo.
El problema es que esa moción requería del apoyo de 38 legisladores y la votación solamente tuvo 32 a favor, mientras que 13 votaron en contra.
De inmediato, la oficialista Paola Vega y el frenteamplista José María Villalta propusieron una revisión, que se ganaba con mayoría simple.
Con eso, pudieron mantener viva la discusión por un tiempo. Hablaron a favor Roberto Thompson, Paola Valladares y Karine Niño, del PLN.
Sin embargo, antes de que se votara de nuevo la propuesta de remitir el plan a comisión y ante el panorama de que se volvería a perder, el PAC optó por los recesos para dialogar, sin que se haya logrado destrabar el diferendo.
Un minuto antes de las 6 p. m., la presidenta legislativa, Silvia Hernández, retomó la sesión del plenario y dio por concluido el periodo de ocho meses de sesiones extraordinarias en el que Zapote tuvo el control de la agenda legislativa.
El presidente Carlos Alvarado les había pedido a los diputados aprobar el proyecto de prohibición de exploración petrolera, presentado por la administración de Luis Guillermo Solís, antes de que concluyera el periodo, lo cual no ocurrió.
Eso sí, la discusión sobre el plan antipetróleo quedó abierta.
La Unidad propone que el proyecto se remita a la Comisión de Ambiente, pero sin plazo y que, cuando eventualmente vuelva al plenario, no pueda tener prioridad en la agenda.
Eso, en términos del trámite legislativo, significa un entierro para el proyecto sobre la exploración petrolera.
La ministra de Presidencia, Geannina Dinarte, manifestó que seguirán dialogando con las fracciones para lograr el avance del plan, pues considera que no es opción enterrar la iniciativa ni permitir que siga en el limbo, donde ha estado por casi dos años.
En setiembre del 2019, la iniciativa terminó el trámite de mociones de fondo en la Comisión de Ambiente y desde ese momento no ha avanzado un solo paso más.
Laura Guido, jefa de fracción del PAC, intentó encarrilar las negociaciones con los líderes de la oposición y con las ministras de Presidencia y de Ambiente.
En tanto, voceros empresariales objetaron el proyecto.
Parte de la objeción se centró en que el plan 20.641 permitiría a Recope entrar en el mercado de nuevas energías y cubrir el costo de la incursión con recursos de los consumidores, pues el artículo 6 le permitiría invertir el 0,15% de sus ingresos en la investigación de energías alternativas.
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Andrea Meza, jerarca de Ambiente, dijo al cierre de la sesión del plenario que muchos países ya llegaron al nivel de producción de energía limpia de Costa Rica y que nuestro país puede ir más allá.
“Hay un elemento de fondo: cómo logramos viabilizar que sigamos con energías renovables a costos competitivos. Estamos tomando muchas medidas para atender esas resistencias de algunos sectores, para las cuales estamos poniendo alternativas para tener energía a costo competitivo”, dijo Meza.
