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El acuerdo de estabilidad económica que el país firmará con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para acceder a un financiamiento de $1.750 millones (más de ¢1 billón) en varios desembolsos a lo largo de tres años, exige que los diputados aprueben un conjunto de proyectos de ley en plazos determinados.
Esas reformas de ley, a su vez, permitirán concretar medidas para equilibrar las finanzas públicas en fechas específicas.
En resumen, el acuerdo le demandará al país y a sus actores políticos el cumplimiento de metas, acciones y compromisos específicos.
Así lo aclaró el FMI mediante un comunicado de prensa difundido la tarde de este martes 19 de enero, luego de que la misión del Fondo para Costa Rica sostuviera una reunión con diputados de las diversas fracciones representadas en el Congreso, en horas de la mañana.
Al cabo de la reunión, la jefa de fracción de Restauración Nacional (PRN), Xiomara Rodríguez, afirmó en un comunicado: “El Fondo ni está pidiendo plazos ni los requerimientos como tales. No nos está pidiendo metas específicas sobre lo que tenemos que venir a hacer”.
Alrededor de las 5 p. m., la oficina de Prensa del FMI procedió a contactar a periodistas costarricenses para hacer una aclaración sobre el diseño y el proceso del Servicio Ampliado, como se le denomina a este tipo de acuerdo de asistencia financiera. Esta es la aclaración:
“Los compromisos asumidos por un país, de adoptar determinadas medidas de política –conocidos como condicionalidad de política económica– son un elemento esencial de los préstamos del FMI”.
“Este programa de política económica, que sirve de base para el acuerdo, se presenta en una ‘carta de intención’ al directorio ejecutivo del FMI, con una explicación más detallada en un ‘memorando de entendimiento’ que incluye metas, acciones y compromisos que los países deben cumplir en plazos determinados y acordados con el FMI; por lo que los proyectos de ley que materializan dichas acciones están también sujetos a dichos plazos”.
En el caso de Costa Rica, el Gobierno propuso al Fondo aplicar un conjunto de medidas para alcanzar un superávit primario equivalente al 1% del producto interno bruto (PIB) en el año 2023, con el fin de cambiar el rumbo ascendente del endeudamiento público que, el año pasado, cerró en casi un 70% del PIB y que, en este 2021, podría subir a un 80%.
En el 2020, en vez de tener un superávit primario, Costa Rica registró un déficit primario equivalente a un 3,5% de la producción.
Eso significa que al país le faltaron ¢1,2 billones para financiar los gastos ordinarios del Gobierno, sin tomar en cuenta el pago de intereses de la deuda. Como los ingresos no alcanzaron, la diferencia se pagó con nuevo endeudamiento.
Seis proyectos para el Congreso
En materia legislativa, según lo anunciado hasta ahora por el Poder Ejecutivo, el acuerdo con el FMI requerirá de la aprobación de al menos seis proyectos de ley.
Uno de estos planes de ley es la reforma al empleo público, con el cual se pretende frenar el crecimiento del gasto salarial que ocasionan los pluses.
Un segundo proyecto de ley pretende obtener ingresos mediante la eliminación de exoneraciones y dos aumentos de impuestos.
En exoneraciones, ese expediente propone eliminar el beneficio fiscal del salario escolar de los servidores estatales, así como subir a un 15% el impuesto a los excedentes de cooperativas y asociaciones solidaristas, y los planes de ahorro abiertos en esas organizaciones.
El mismo proyecto propone cobrar un tributo del 7,5% sobre los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias y voluntarias. También, plantea elevar de un 15% a un 16,5% el impuesto a las ganancias y rentas de capital por dos años, y aumentar en cinco puntos los impuestos a las remesas de forma permanente.
Las remesas son las ganancias generadas por trabajos o negocios realizados en territorio nacional, pero elaborados por personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior.
Otro proyecto que formaría parte del acuerdo, y que ya está en la corriente legislativa, es un impuesto del 25% a los premios de la lotería superiores a ¢225.000.
También, ya está en la Asamblea un proyecto que ahorraría unos ¢84.000 millones anuales, en promedio, al congelar los incrementos en las pensiones de Gobierno superiores a ¢462.200, mientras la deuda no baje del 60% del PIB. Este texto también prohibiría llenar plazas que queden vacantes en el Gobierno durante el periodo 2021-2025.
Por último, están pendientes de presentar un proyecto de ley para crear un nuevo impuesto a las casas de lujo y la reforma para introducir el esquema de renta global en el sistema tributario costarricense.
El Fondo Monetario precisó que, además de dar ayuda económica, este tipo de préstamos sirven a los países como carta de presentación en el entorno internacional.
“Los préstamos del FMI tienen por objeto dar a los países miembros un respaldo financiero y así mayor margen para que puedan implementar políticas que restablezcan las condiciones necesarias para mantener una economía estable y promover un crecimiento sostenible”.
“En respuesta a una solicitud del país miembro, un equipo de funcionarios técnicos del FMI evalúa con el gobierno la situación económica y financiera del país, así como la magnitud de sus necesidades generales de financiamiento, y acuerda la respuesta de política adecuada”, expuso la oficina de Prensa del FMI.
