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La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se plantó, este miércoles, en que a la par de que el Gobierno pide el avance de la reforma fiscal en el Congreso, también debe tomar acciones contundentes para la reactivación económica.
En ese sentido, los diputados de la Unidad exigieron información y soluciones sobre la presa de trámites y permisos para obras y construcciones que hay en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), como una medida fundamental para que los proyectos avancen con rapidez.
“No hay proyecto que no pase por la Setena, no se puede hacer nada sin los permisos ambientales, ese es el cuello de botella más importante”, aseguró el diputado Pedro Muñoz.
Aunque los rojiazules evitaron plantear esa petición como un condicionamiento para votar el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, sí dijeron que harán hincapié en la necesidad de que se solucionen pegas administrativas como esa.
“Necesitamos ver un compromiso real, de acciones concretas, pero no solo en la Setena, aunque hoy nos estamos enfocando en eso. Seguiremos poniendo el dedo en el renglón en otros temas fundamentales para la reactivación económica”, dijo Muñoz.
Junto con él estuvieron Erwen Masís, jefe de la bancada legislativa; Pablo Abarca, Rodolfo Peña, Aracelly Salas y María Vita Monge.
Ante consulta de La Nación sobre si se trata de un condicionamiento o una presión, Muñoz dijo que ya los congresistas avanzaron en la reforma fiscal, este martes, al aprobar una moción para hacerle ajustes al trámite de vía rápida.
“Ya dimos un paso firme y, por eso, para que no se malinterpretara de ninguna manera nuestra solicitud al Gobierno, por eso lo estamos pidiendo hoy”, dijo.
El avance al que se refiere Muñoz es la aprobación de una moción para hacerle ajustes al trámite del expediente 20.580, con el fin de permitirles a los nuevos congresistas hacer cambios de fondo en la propuesta que dejó presentada y avanzada el gobierno de Luis Guillermo Solís.
El socialcristiano dijo que al menos 700 expedientes permanecen a la espera de ser resueltos por la Setena, lo cual consideró inaceptable para un panorama en que el Gobierno busca soluciones para mejorar la economía y evitar la crisis fiscal.
Muñoz exigió que la Setena rinda un informe en el plazo de diez días hábiles sobre la cantidad de informes que tienen en trámite y que en 15 días hábiles se establezca cuáles son los responsables de cada una de las etapas de revisión de esos expedientes.
Agregó que la mora en la tramitación de esos expedientes deberá estar resuelta en un plazo de dos meses.
Aunque ya se había prácticamente concluido la etapa de la discusión de mociones de fondo del plan fiscal, tal como las estipula el artículo 137 del Reglamento legislativo, la nueva camada de parlamentarios quiere hacer sus propias observaciones.
Para eso, abrirán una nueva etapa de mociones de fondo, pero en dos días separados, que además tendrán sesiones en medio y tres audiencias a los ministros de Hacienda y Trabajo, así como a la Contraloría General de la República.
Junto con la publicación del texto en La Gaceta y la consulta al Poder Judicial y a las instituciones autónomas, el trámite tomará una ruta más extensa que la prevista en la moción de vía rápida original.
No obstante, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, espera que se le dé primer debate a la reforma fiscal para inicios de agosto y que, considerando que el plan se irá a consulta a la Sala Constitucional durante un mes, se pueda aprobar en segundo debate en setiembre.
