La fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) impulsa una propuesta para gravar los salarios públicos, como alternativa al proyecto presentado por el Gobierno para reducir las jornadas, sin saber cuánto dinero ahorraría la medida.

Se trata de una iniciativa presentada por el diputado Rodolfo Peña, jefe de fracción del PUSC.

Su proyecto de ley consiste en cobrar una contribución solidaria a los servidores públicos y pensionados que, descontando impuesto de renta y cargas sociales, perciban más de ¢1,5 millones.

El aporte solidario es de un 25%, pero, no se cobraría sobre el monto total, sino sobre el exceso a partir de los ¢1,5 millones.

La medida aplicaría por tres meses, según el texto presentado desde marzo.

El PUSC empezó a mover el proyecto de nuevo esta semana, después de que el Poder Ejecutivo presentó un plan de ley para reducir en un 15% las jornadas de los funcionarios con salarios superiores a ¢1,5 millones y, por consiguiente, bajar los sueldos en la misma proporción.

El plan de Hacienda y Planificación ahorraría unos ¢130.000 millones, que bajarían a ¢91.300 millones si se decide compensar a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) por la reducción que percibirían en los aportes de esos empleados.

En el caso del proyecto del PUSC, su redactor, Rodolfo Peña, desconoce cuánto se ahorraría el Estado, pese a que el texto fue planteado hace casi cuatro meses, el 23 de marzo, con la intención de destinar esos recursos a la atención de la pandemia.

“Como dije anteriormente, como todo proyecto es subsanable, se puede construir. Acepto que no sé cuántos son los números, pero cualquiera que sean los números, es un aporte importante y usted no está golpeando a la clase más vulnerable y trabajadora como el sector educativo”, reconoció el jefe socialcristiano.

Peña agregó que tampoco sabe la cantidad de salarios y pensiones de lujo que tocaría su proyecto.

Solo aclara que sería para todo el sector público, lo que incluye los tres poderes del Estado e instituciones adscritas, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entes autónomos, semiautónomos, empresas públicas del Estado y municipalidades.

Su justificación por la falta de información es que se trata de una “propuesta de inicio” y que, más allá de sustentarlo con cifras, es “un asunto de solidaridad”, dijo al proponer tasar los “salarios de lujo y pensiones de lujo”.

“Nosotros estamos trabajando para dar los números al Gobierno, pero si hay voluntad de que trabajemos en las fracciones, pero si el gobierno decide bloquear nuestro proyecto, porque no es de su interés, no tiene ningún sentido gastar tiempo en esto cuando hay otras cosas más importantes”, añadió.

Sobre cómo definió el porcentaje solidario que se cobraría, así como la base del salario fuera de deducciones, respondió: “No es una ocurrencia, en realidad no es una ocurrencia. Hay estudios actuariales donde dice claramente de que este porcentaje (25%) es el más recomendable sobre el excedente de esos salarios. Además, ya hay pensiones a las que ya se le tocaron por la ley y llegaron a un 55% máximo que es lo que permite la OIT”.

Por otra parte, el socialcristiano cuestionó el proyecto del Gobierno, el cual cubriría a más de 30.000 funcionarios, excluyendo los que están en la primera línea de atención de la pandemia, como los de la CCSS y del Ministerio de Salud.

Peña dijo que ese es un intento de plagiar su idea y que, al tasar el ingreso bruto de salarios de ¢1,5 millones para arriba, se afecta a una amplia masa de funcionarios que, pese a tener salarios altos, hoy tienen compromisos de deuda o están afrontando el desempleo de sus familiares.

También, señaló que el Gobierno no ha presentado información completa sobre el impacto en las finanzas de la CCSS y a los fondos de destinos específicos como el Fodesaf.

“Lo que no se vale es que tampoco hayan hecho estudios de qué tanto impacto van a tener los programas con esos ingresos”, cuestionó.

Planificación estimó que los aportes a Fodesaf y la CCSS se reducirían en ¢32.155 millones y ¢6.266 millones, respectivamente.

Peña reconoce que su iniciativa funcionaría como un impuesto solidario, luego de que los diputados cuestionaron una idea similar del exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, de cobrar un tributo a los salarios durante la emergencia.

“El cuestionamiento no fue a la propuesta de impuesto, fue a la base. Esa es la diferencia. Primero se dijo que a partir de los ¢500.000 y después a ¢1 millón del salario bruto. Ahora subieron a ¢1,5 millones”, afirmó.

Calculadora

Con el proyecto del Gobierno, a un funcionario con un salario de ¢3 millones se le reduciría la jornada en un 15% y el salario le bajaría en ¢450.000.

Con el plan del PUSC, a ese mismo servidor se le cobraría una contribución solidaria de ¢217.200.

El plan socialcristano en realidad gravaría a quienes ganen más de ¢1.820.000, pues el texto establece que la contribución solo recaería sobre los funcionarios que perciban ¢1,5 millones después de descontado el impuesto de renta y los cargas sociales de la CCSS.

En ese caso, pagarían quienes tengan un salario bruto de ¢1.820.000 en adelante.

Como el proyecto dice que se cobraría un 25% sobre el exceso a partir de esos ¢1,5 millones, un funcionario que tenga un salario bruto de ¢1.820.000 tiene un salario neto de ¢1.519.750. Entonces, el 25% se calcularía sobre esos ¢19.750, con lo cual aportaría poco menos de ¢5.000.

En el proyecto del Gobierno, ese mismo salario se reduciría en poco más de ¢150.000.