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La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) pidió al gobierno rendir cuentas sobre las gestiones que habría realizado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, contra la diputada Vanessa Castro, para que ella perdiera un contrato profesional que tenía con una empresa multinacional.
“Exigimos al Gobierno que se pronuncie sobre los hechos dados a conocer y las denuncias expuestas por la diputada Vanessa Castro”, dice una nota difundida este lunes.
Los diputados acordaron una especie de acuerdo de silencio ante los periodistas y, efectivamente, a la salida de su reunión semanal, se negaron a responder preguntas de la prensa e insistieron en que solo responderían a través de un comunicado.
El viernes pasado, Castro reveló en entrevista con La Nación que el embajador en México, Pablo Heriberto Abarca, sirvió de contacto entre Chaves y el dueño de una multinacional para la cual la diputada prestaba servicios legales desde hacía 18 años.
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La legisladora declaró que el propio embajador le dijo, en abril del 2023 en Ciudad de México, que Chaves le pidió contactar al empresario con el objetivo de que le cesaran el contrato profesional.
En ese viaje, Castro iba acompañada por los congresistas Carlos Felipe García y Leslye Bojorges, quienes atestiguaron el relato de Abarca.
Precisamente por eso, se intentó conversar con García a la salida de la reunión de fracción, este lunes, pero el pacto de silencio lo obligó a no responder e, incluso, cuando La Nación le hacía preguntas al congresista, la diputada Daniela Rojas lo llamaba insistentemente e, incluso, le dijo que ya había llegado el ascensor para que se fuera con ella.
A diferencia de lo que dijo el viernes Alejandro Pacheco, jefe socialcristiano, la bancada alegó que la primera vez que tuvo noticia de lo sucedido en México ocurrió cuando Vanessa Castro habló en el plenario, el 22 de junio del 2023, de que el gobierno había actuado en su contra. Los rojiazules alegaron que ella pidió manejar el tema “con total discreción”.
En el comunicado, negaron que el tema se haya conversado en una reunión de la bancada.
“La fracción del Partido Unidad Social Cristiana condena vehemente cualquier acto de intimidación y violencia contra las mujeres. Nunca bajo ningún motivo vamos a tolerar el abuso de poder y el irrespeto hacia las personas”, dice el comunicado, sin ahondar en detalles.
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Vanessa Castro enfatizó, el viernes pasado, que ella está muy resentida con la bancada, no solo por no haber recibido el apoyo de los suyos, sino también porque recibió un veto de parte del oficialismo en su aspiración a la presidencia de la Asamblea Legislativa.
El veto se lo comunicó Alejandro Pacheco, luego de que la jefa oficialista, Pilar Cisneros, le dijo al jefe socialcristiano que el oficialismo jamás votará por ella.
La única referencia a la gestión hecha por el embajador, en el comunicado del PUSC, es Pablo Heriberto Abarca “no es militante activo del PUSC”, porque ejerce un cargo público.
