Las bancadas legislativas de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberal Progresista (PLP), que juntas tienen 15 diputados, descartan aprobar una doble emisión de eurobonos solicitados por el Gobierno.
El Poder Ejecutivo solicita al Congreso autorización para endeudarse en los próximos cinco años por $6.000 millones mediante la colocación de títulos valores en el mercado internacional. Al mismo tiempo pide permiso para endeudarse por otro monto igual para el siguiente quinquenio para repagar los primeros, cuando estos venzan.
Así, el endeudamiento requerido por el Gobierno asciende a $12.000 millones por un plazo mínimo de 10 años.
Daniela Rojas, jefa del PUSC (con 9 diputados), dijo que su bancada aún discute si apoya una primera autorización de $6.000 millones o un monto menor, siempre que se garantice un control político desde la Asamblea Legislativa.
Sobre el segundo monto aseguró que sus diputados no están de acuerdo. “Nosotros definitivamente no estamos de acuerdo con el repago”, insistió la vocera.
Vanessa Castro, socialcristiana presidenta de la comisión de Económicos, donde se discute el proyecto, agregó que en su partido hay coincidencias en que el repago “no parece tener mucha viabilidad”.
Sobre una primera emisión por $6.000 millones, Castro fue más precisa al decir que es “una cantidad que puede tomarse en consideración, plenamente”.
“Sin embargo, la gran discusión versa por definir (la forma de autorización de) esos $6.000 millones. ¿Cuál sería la posición de la fracción y la forma de ir girando? Aún evaluamos si son cuatro emisiones de $1.500 millones, podrían ser tres de $2.000 millones, podrían ser dos de $3.000 millones. Lo que no podría ser es una emisión en un solo tracto de $6.000 millones”, indicó Castro.
Tanto Rojas como Castro coinciden en que el endeudamiento externo que se coloca con tasas de interés más baratas, sirve para sustituir deuda interna que es mucho más cara, pero insistieron en limitar el monto y ampliar los controles a cada colocación y su uso.
La bancada del PUSC tampoco está de acuerdo en autorizarle al Gobierno una línea de crédito por $500 millones anuales, por un periodo de cuatro años, para un total de $2.000 millones en ese periodo. El Ejecutivo solicita ese endeudamiento en el mercado local o internacional para afrontar eventuales problemas de liquidez.
“Al no tener un objetivo claro en el uso de ese dinero, técnicamente me parece que no podíamos respaldarlo. Sería darle una especie de tarjeta de crédito y no nos parece del todo lo correcto, en este momento”, sentenció Castro.
“No hay una estrategia de disminución de deuda”
Por su parte, Eli Feinzaig, vocero del PLP, con seis diputados, plantea una autorización al gobierno mucho más baja, de una sola emisión por $1.500 millones para que afronte un vencimiento de deuda por un monto similar a principios del 2023.
En primera instancia, en el programa Nuestra Voz de la periodista Amelia Rueda, dijo que la inflación en los estados Unidos casi llega al 10% y las tasas de colocación externa están mucho más altas.
Luego añadió, ante consultas de La Nación, que el endeudamiento público se ha vuelto crónico al punto que el presupuesto nacional absorbe el 40% en el servicio de la deuda que son el pago de amortización e intereses, lo cual deja poco margen a la inversión social y la infraestructura.
“No hay una estrategia de disminución de deuda (...). En 2023 hay vencimientos por aproximadamente $1.500 millones de dólares y la idea es que, luego, nos tomemos par de meses para analizar medidas específicas para controlar el gasto público y disminuir endeudamiento de manera que podamos reducir porcentaje en el presupuesto”, indicó Feinzaig.
La deuda pública, que se acerca al 70% del producto interno bruto, está saltó a los ¢28 billones.