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En la recta final del proyecto de recorte a las pensiones de lujo, la fracción del PUSC tratará de que las jubilaciones del Poder Judicial sean gravadas a partir de los ¢2,2 millones, en lugar de ¢2,6 millones.
Para ello, procurará la aprobación de una moción al proyecto de ley de la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN).
Este plan pretende recortar una mayor cantidad de pensiones de lujo mediante el cobro de contribuciones solidarias.
Actualmente, solo pagan aportes solidarios las pensiones superiores a ¢2,6 millones en el Gobierno, ¢3,9 millones en el Magisterio y ¢4,4 millones en el Poder Judicial
El proyecto, tal como está hoy, cobraría la contribución a partir de ¢2,2 millones en los regímenes del Magisterio y Gobierno y, desde los ¢2,6 millones, en la Corte.
Aunque el texto original equiparaba el cobro para todas las pensiones de lujo, a partir de ¢2,2 millones, en la última ronda de cambios los legisladores decidieron subir el rango a ¢2,6 millones en el Poder Judicial.
Pedro Muñoz, subjefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), espera que el plenario se abra a comisión, este jueves 21 de noviembre, y él propondrá revertir el trato preferencial que se le otorgó a la Corte.
En ese espacio, explicó el congresista, su fracción presentará cuatro mociones para realizar ajustes al expediente 21.035, bajo el cual se tramita el proyecto de ley de la diputada Rodríguez.
El aporte solidario es un rubro que se deduce a las pensiones muy altas en solidaridad con el resto de la ciudadanía.
De aprobarse el proyecto de ley 21.035 como está hoy, sería posible imponer ese cobro a unas 3.500 pensiones más, lo que incluye unas 684 de la Corte. Con el cambio que quiere el PUSC, esta última cifra subiría.
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El detalle dentro de la ley
Hoy, el artículo cuatro del proyecto de ley (actualizado al 15 de octubre de 2019) establece que los montos exentos de la contribución especial solidaria serán hasta ocho salarios base del puesto más bajo pagado en la Administración Pública; es decir, ¢2,2 millones.
Ese mismo numeral afirma que, para el Poder Judicial, la base exenta sería hasta seis salarios base del puesto más bajo pagado en la Corte, en donde el salario es más alto (¢446.200), cifra que corresponde a ¢2,6 millones.
La moción del PUSC intenta cambiar esas especificaciones de ocho y seis salarios base, por “el monto máximo de la pensión, con postergación, del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social”. Ese monto es de ¢2,2 millones.
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Tope a los ‘multipensionados’
Además de tasar con el mismo monto de contribución solidaria a todos los pensionados de lujo, el PUSC presentará otras tres mociones.
Dos de estas proponen adicionar dos artículos al proyecto de ley.
El primero de ellos impulsa imponer una “pensión máxima general” para los multipensionados; o sea, personas que reciben más de una pensión.
La propuesta es que la suma de todas las pensiones otorgadas a cada uno de esos jubilados no supere los ¢4,8 millones (tres veces la pensión máxima, sin postergación, pagada en el IVM). Actualmente, no existe límite para los multipensionados.
Ahorro se destinaría a pensiones para pobres
La otra de las mociones del PUSC al proyecto de pensiones de lujo sugiere que los recursos recuadados, mediante el cobro la contribución especial solidaria, se destinen a financiar pensiones para pobres del régimen no contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
De hecho, el texto base del expediente 21.035 establecía que esos fondos se emplearían en el pago de la deuda interna y externa del país. No obstante, el asunto quedó por fuera con los cambios a los que fue sometido el documento. Ahora se retoma.
Según cálculos hechos por la Superintendencia de Pensiones (Supén), de aprobarse la iniciativa de la diputada Rodríguez, ese ahorro serviría para otorgar 10.000 nuevas pensiones del régimen no contributivo, que hoy son de ¢82.000 cada una.
La última de las cuatro mociones de los socialcristianos sugiere una variación en el artículo 5 del proyecto de ley.
Se trata de eliminar el impedimento de rebajar más del 55% a las pensiones de lujo.
Hoy, el texto se lee de la siguiente manera:
“En ningún caso, la suma de la contribución solidaria y la totalidad de las deducciones que se apliquen a todos los pensionados y jubilados cubiertos por esta ley, podrá representar más del cincuenta y cinco por ciento (55%) respecto de la totalidad del monto bruto de la pensión o las pensiones, que por derecho le correspondan al beneficiario”.
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