PUSC propone sacar a Costa Rica de lista negra de Unión Europea sin crear impuestos

El pasado 14 de febrero, la UE incluyó al país en su lista negra al considerar que su sistema tributario facilita la doble no imposición; es decir, que las personas no paguen impuesto ni en un país ni en otro, sobre todo por ingresos provenientes de rentas pasivas (como rendimientos de inversiones financieras o de compra de acciones de empresas).

La bancada legislativa y el Comité Ejecutivo del PUSC anunciaron, este martes 21 de febrero, la presentación de un proyecto para corregir la situación sin necesidad de introducir el esquema de renta mundial, el cual exigiría a los residentes en el país pagar impuestos sobre sus ingresos independientemente de dónde los generaron.

Con el objetivo de cumplir con la preocupación de la Unión Europea, el proyecto plantea cobrar impuesto sobre rentas pasivas únicamente a las que podrían considerarse “empresas de papel”. Es decir, firmas que se domicilien en Costa Rica, pero que hacen sus inversiones afuera, sin que el sistema tributario hoy les exija pagar impuesto.

El tributo se les impondría sobre rentas pasivas obtenidas en el exterior como dividendos, intereses, regalías y otros rendimientos del capital mobiliario.

A su vez, se les otorgaría un crédito fiscal en caso de que hayan tributado en el exterior, para no expulsarlas de la economía nacional.

Esto significa que la empresa contribuyente podrá acreditar el impuesto análogo pagado en el extranjero contra el impuesto de renta a pagar en territorio costarricense, dice el texto.

“Evita la doble imposición”, dijo el PUSC en un comunicado.

En tanto, a las empresas formales que operan en Costa Rica no se les cambiaría tratamiento tributario actual. Es decir, no estarían sujetas al pago de impuesto por las ganancias provenientes de ese tipo de inversiones que realicen fuera del país.

¿Quiénes calificarían como empresas de papel?

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El proyecto introduciría reglas de sustancia económica para definir cuáles son sociedades de papel y cuáles son empresas formales.

El texto dice que se considerará que existe una adecuada sustancia económica cuando se emplee recurso humano acorde en número, calificación y remuneración para administrar los activos de inversión, y que cuente con instalaciones adecuadas para el desarrollo de esta actividad en territorio costarricense.

También, las empresas formales son las que cumplen con la toma de decisiones estratégicas necesarias y soporta los riegos en territorio nacional, e incurren en gastos y costos adecuados con relación a la adquisición, tenencias o enajenación según sea el caso.

Las que cumplan con estos requisitos serán consideradas “entidades calificadas” y deberán rendir una declaración tributaria anual en la que indiquen el cumplimiento de la normativa, para acogerse a la no sujeción del impuesto.

Las que incumplan deberán acogerse al crédito fiscal. Es decir, serán consideradas empresas de papel.

Felipe Guevara Leandro, abogado tributario de la firma Consortium Legal, explicó que la redacción cumpliría con el código de conducta de la Unión Europea, al defender reglas de sustancia económica.

“En aquellos casos en que un contribuyente no lo cumpla, lo exime del criterio de territorialidad y lo obliga a pagar por rentas pasivas extraterritoriales, con la posibilidad de que puedan acreditar el impuesto pagado en el país donde se generó la renta. Básicamente es seguir un modelo parecido a lo que hizo Uruguay”, explicó.

La jefa de fracción del PUSC, Daniela Rojas, agregó: “Es una alternativa que ya se ha implementado con éxito en otros países en materia de cooperación y transparencia fiscal y que podemos replicarla acá”. Ella invitó invitó al Gobierno a impulsar la iniciativa.

Juan Carlos Hidalgo, presidente del PUSC, agregó que “no se justifica que el país pasara por este lamentable episodio cuando la solución a las observaciones de la Unión Europea es un proyecto de dos artículos que pudo haberse tramitado desde el 2020″.