EscucharAnticipándose a la propuesta que el Gobierno prometió presentar, la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) anunció su propio proyecto para establecer un techo de ¢1.000 por litro en el precio de las gasolinas y de ¢900 por litro para el diésel.
El planteamiento socialcristiano consiste en crear un Fondo de Protección Contra el Precio de los Combustibles (FPC), mediante recursos aportados por cuatro instituciones.
De esa manera, cuando la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) establezca tarifas superiores a los montos citados, el Gobierno usaría los recursos de dicho fondo para cubrir la diferencia. Así, por ejemplo, si el litro de gasolina sube a ¢1.100, el mecanismo cubrirá los ¢100 adicionales por litro.
La diputada Daniela Rojas, jefa de la bancada del PUSC, afirmó que la propuesta busca contener los aumentos desproporcionados en los combustibles, como ha ocurrido a lo largo de este año. “Esperamos que su tramitación sea expedita y poder así ayudarle a las familias costarricenses”, declaró.
¿Cómo se financiaría el Fondo?
Según el expediente 23.298, el Fondo de Protección Contra el Precio de los Combustibles se nutriría por primera vez con un 15% de los recursos del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade), administrado por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), así como el 15% de las utilidades de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), la Junta de Protección Social (JPS) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer).
Los diputados socialcristianos incorporaron como donante a la autoridad ferroviaria, que es una entidad deficitaria por naturaleza y depende de las transferencias del Ministerio de Hacienda para mantener su operación.
A pesar de que el texto no contempla esos elementos fundamentales, la bancada socialcristiana facilitó a La Nación algunas estimaciones del financiamiento de dicho mecanismo.
Para la entrada en operación del Fondo, señalaron, el Sistema de Banca para el Desarrollo aportaría $61,4 millones (¢38.927 millones), Recope ¢7.581 millones y la JPS ¢403 millones, para un total de ¢46.911 millones. El partido reconoció que aún falta detallar la cifra que aportaría Incofer.
Además, a partir de la entrada en operación del mecanismo, el Fondo también se nutriría con el monto mensual recaudado por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) en los servicios de transporte de combustibles, así como un 1% mensual de todo lo recaudado por el impuesto único a los combustibles.
El PUSC estima que el IVA en los servicios de transporte de combustibles aportaría cerca de ¢625 millones mensuales, pero no detalló los ingresos mensuales estimados del 1% del impuesto único a los combustibles.
Recursos no alcanzarían por más de dos meses
Los recursos iniciales del mecanismo, ¢46.911 millones, serían insuficiente para sostener el beneficio con tarifas como las actuales por más de dos meses.
Actualmente, la gasolina súper tiene un precio de ¢1.101 por litro, la regular ¢1.078 y la diésel ¢1.004. Es decir, con esas tarifas el Fondo tendría que subsidiar ¢101 por cada litro vendido de gasolina súper, ¢78 por litro de regular y ¢104 por litro de diésel.
Para ofrecer a los usuarios las tarifas máximas propuestas durante todo un mes, se consumirían ¢20.300 millones, una cifra que casi equivale a la mitad de los recursos iniciales que captaría ese mecanismo.
El Fondo también quedaría habilitado para recibir recursos provenientes de transferencias del Estado, así como de empréstitos internacionales reembolsables y no reembolsables. Asimismo, cada año, el Gobierno podría destinar recursos del presupuesto nacional para este mecanismo.
La propuesta, además, establece que el FPC quedaría autorizado para, eventualmente, participar como inversionista en obras de infraestructura vial fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). Podrá emitir mecanismos de titularización de deuda hasta por un máximo del 30% de la totalidad de recursos disponibles.
Proyecto no aporta proyecciones económicas
La propuesta del PUSC no aporta ningún tipo de proyección económica que asegure la sostenibilidad del mecanismo sugerido para evitar que las gasolinas superen los ¢1.000 por litro.
En esa misma línea, la propuesta tampoco aclara qué sucedería con el tope a los combustibles en el caso de que el Fondo se quede sin recursos para subsidiar las tarifas estipuladas.
Al respecto, la bancada señaló: “Precisamente la idea de que el Fondo tenga aportes iniciales y permanentes es que no se acabe y pueda funcionar de manera sostenible en el tiempo, para lo cual se establece en el propio proyecto de ley que el Ministerio de Hacienda deberá realizar los estudios actuariales para garantizar financiera del fondo”.
Además, las tarifas máximas quedarían estipuladas en la misma ley, sin la posibilidad de que el Gobierno actualice los montos, por ejemplo, a través de la reglamentación vigente.
¿Ingresos serían suficientes?
La sostenibilidad financiera del Fondo podría verse amenazada ante una nueva crisis en los precios internacionales del petróleo.
En caso de que los recursos se consuman en su totalidad, el Estado tendría que volver a inyectar dineros al Fondo para poder afrontar tarifas elevadas como las actuales.
En las próximas semanas entrará a regir una importante rebaja en los precios de los combustibles en Costa Rica. Las tarifas nuevamente se ubicarán por debajo de los ¢1.000 por litro.
En escenarios como esos no se aplicaría el tope máximo propuesto por la iniciativa socialcristiana. Siempre y cuando las tarifas se mantengan por debajo de los precios máximos establecidas, el Fondo se capitalizaría sin realizar ningún tipo de gasto.
De acuerdo con informes preliminares de Aresep, el litro de gasolina súper pasaría de ¢1.101 a ¢956, el de la regular de ¢1.078 a ¢922, y el de diésel de ¢1.001 a ¢872.
