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Dos proyectos de ley planteados por el Gobierno, para cerrar órganos desconcentrados como el Conavi y pasar sus funciones a ministerios, no contemplan recortes de planilla, excepto los cargos directivos y probablemente de las altas jerarquías. Ambos textos se discuten en la comisión legislativa de Modernización y Reforma del Estado.
Laura Fernández, ministra de Planificación, y Luis Antonio Román, viceministro de Reforma del Estado, explicaron por separado que, si durante la reorganización administrativa de cada ministerio queda personal sin funciones, este deberá ser trasladado a otra entidad, por lo que los funcionarios mantendrían el empleo.
En el caso del plan de ley para reintegrar al Ministerio de Obras Públicas (MOPT) a los cinco consejos que hoy funcionan como órganos desconcentrados, un transitorio prevé el traslado de las planillas, con cientos de funcionarios, a los respectivos ministerios.
¿Y si sobra personal? “Contempla una adecuación de estructura organizacional que si deriva en que hay gente de más, esta debe trasladarse a otras instituciones donde haya necesidades de personal”, explicó Fernández, días atrás a La Nación, sobre el proyecto de cierre de los consejos del MOPT para trasladar esas funciones al ministerio.
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Los únicos puestos que se eliminarían, indicó la ministra, son los de directivos de cada uno de los cinco consejos, directores ejecutivos o gerencias que son de confianza y afines a la independencia que goza el órgano. “Se extinguen por la pérdida de personalidad jurídica instrumental que conlleva el proyecto”, agregó.
Román, quien ocupa el viceministerio de Reforma del Estado en el Ministerio de Planificación (Mideplán), se expresó en la misma línea sobre el plan para fortalecer las competencias de siete ministerios y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Si sobra personal, indicó, “se podría pensar en trasladarlos a otros ministerios”.
“Es factible totalmente, porque estamos dentro de un mismo régimen y organización”, argumentó Román, aunque el transitorio no lo contemple.
Fernández no suministró datos de cuánto sería la planilla, por consejo, que sería asumida por el MOPT, cartera que ya cuenta con alrededor de 4.000 empleados. Tampoco dio datos del ahorro por la eliminación de cargos directivos y de otras jerarquías.
A finales de la década de 1990, la Asamblea más bien creó los consejos del MOPT, como órganos desconcentrados, para que se encargaran por separado de funciones como el mantenimiento de carreteras, el transporte público y la seguridad vial.
Ante que los diputados ahora estudian el plan para revertir ese proceso, el director del Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, afirmó que en aquella ocasión se cometieron errores.
“En primer lugar, no se reformó al rector. Se crearon los consejos, pero nadie tocó el Ministerio. El MOPT siguió siendo una entidad de 4.000 empleados donde nadie sabía qué hacer porque, aunque se le pasaron funciones especializadas a los consejos, el MOPT retuvo una serie de funciones de ejecución y empezó un pleito de dónde empieza el MOPT y dónde está Conavi”, afirmó Vargas Cullell.
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Reconcentración de consejos del MOPT
El proyecto sobre el MOPT cerraría los consejos Nacional de Vialidad (Conavi), Seguridad Vial (Cosevi), Transporte Público (CTP), Técnico de Aviación Civil (CTAC) y Nacional de Concesiones (CNC). Las funciones volverían a la cartera.
La ministra Fernández explicó que los despidos no son la finalidad, sino garantizar la eficiencia en la prestación de los servicios. “Aunado a que con la fragilidad presupuestaria y financiera del país, costear liquidaciones no está previsto”, indicó.
El objetivo, añadió, es una reforma administrativa del sector de obras públicas y transportes para mejorar la capacidad de direccionamiento y conducción del ministerio, de forma tal que pueda generar mejores resultados al país.
Un transitorio del proyecto ordenaría que la totalidad de funcionarios de los consejos serán transferidos al ministerio, previo estudio coordinado por la cartera, con la colaboración de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC).
“Adicionalmente, queda autorizada la transferencia de funcionarios públicos a otras instituciones del sector público costarricense donde se requiera suplir necesidades de personal. Todo lo anterior sin perjuicio alguno de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores”, añade el transitorio.
La ministra recomendó hacer las consultas al MOPT, por ser el ente rector. Ángela Mata, viceministra administrativa encargada del proyecto, no había respondido las consultas al cierre de esta nota.
Cambios en ocho instituciones
La segunda iniciativa, planteada por el Mideplán, contempla 17 órganos desconcentrados de las carteras de Salud, Cultura, Educación, Gobernación, Hacienda, Ambiente, Agricultura y Ganadería y del Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Román indicó que la finalidad del plan es corregir las distorsiones jurídicas derivadas de la creación de esos órganos desconcentrados.
Doce de los órganos se reconcentran y, en diez de estos, las funciones serían asumidas por la cartera.
De los cinco restantes, dos quedan igual, solo se corrige la personalidad jurídica, uno se fusiona (el Sistema Nacional de Educación Musical (Sinem) en el Centro Nacional de la Música (CNM)); mientras que a otros dos, la DGSC y el Tribunal Administrativo del Servicio Civil (TASC), se le adelantaría su traslado de Presidencia a Mideplán.
“Así, la planilla que actualmente ostenten estos 12 órganos que se reconcentran se traslada respectivamente al ministerio respectivo. Siendo que opera el Poder Ejecutivo con el Régimen de Servicio Civil, sigue operando la misma escala salarial y derechos laborales adquiridos hasta la fecha. El traslado de planilla no implica costos. El recurso humano sigue perteneciendo a la cartera ministerial”, explicó Mideplán.
El proyecto contempla un ahorro de ¢17.000 millones en servicios (44%), bienes duraderos (34,1%), materiales y suministros (20,3%) y remuneraciones (1,6%).
Sin embargo, el Ministerio aclaró que los datos corresponden al 2020, por lo que el monto podría no corresponder a la actualidad, mientras que la Contraloría General de la República (CGR) estimó que podría ser menos, dado que contempla más órganos de los incluidos por el proyecto.
En esa línea, Planificación no conoce cuánto es el ahorro en remuneraciones por los cargos directivos y de altas jerarquías que se suprimirían.
“Una vez que el proyecto de ley sea aprobado, cada ministerio deberá establecer un proceso de reorganización administrativa, y cada uno deberá de ver la organización de su recurso humano”, indicó Román.
El transitorio de este proyecto solo contempla el traslado de los órganos desconcentrados a las entidades que asuman las competencias y funciones, “en estricto apego de sus derechos laborales”.
