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Desde una silla del Directorio legislativo, en el edificio viejo del Congreso, la diputada del PAC, Laura Guido, acusaba a los tenedores de deuda pública de hacerse “ricos” a costa del Estado.
Era el mediodía del pasado 8 de octubre. En la Comisión Legislativa de Asuntos Hacendarios, se discutía el tercer presupuesto extraordinario del 2020. En este, el Gobierno propuso destinar al gasto público ¢51.000 millones ahorrados por Hacienda gracias a un menor pago de intereses en la colocación de bonos de deuda.
En cambio, la oposición y la Contraloría General consideraban que era mejor tomar ese dinero para atenuar el déficit fiscal, mediante el pago de intereses de la deuda.
En defensa del Gobierno, la legisladora del Partido Acción Ciudadana (PAC) argumentó que, gracias al “buen” manejo de la deuda por parte del Ministerio de Hacienda, se le quitaban esos recursos a los acreedores, a quienes achacó engordarse los bolsillos con el cobro de intereses.
“Parece que mucha gente en esta Asamblea está interesada de defender esa posibilidad de que esos tenedores se sigan haciendo ¡ricos, ricos, ricos! ¡A costa del Estado costarricense! ¡A costa de la gente más vulnerable!”, exclamó Laura Guido.
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¿Quiénes son los acreedores de la deuda pública que, en palabras de la diputada, se estarían haciendo ricos a costa de los contribuyentes?
En el caso de la deuda interna, que para setiembre ascendía a ¢18,2 billones (un 76,5% del total de la deuda), entre los principales acreedores están las propias instituciones públicas.
Datos del Ministerio de Hacienda muestran que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es acreedora del 14% de la deuda interna, el Instituto Nacional de Seguros (INS) del 7% y otro conjunto de instituciones públicas acumula el 15%.
A su vez, las operadoras de pensiones, que pueden ser públicas o privadas, tienen el 27% y los bancos comerciales, públicos y privados, el 18%.
Estos sectores tienen el 81% de la deuda.
La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), que gestiona y administra pensiones de los docentes, tienen otro 12%.
Solo queda un 7% en manos de otros acreedores.
Este es el desglose del tipo de acreedores de la deuda interna:
- Las operadoras de pensiones (OPC) públicas o privadas tienen ¢4,91 billones (27%)
- Los bancos públicos o privados 3,27 billones (18%)
- La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢2,54 billones (14%)
- La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) ¢2,18 billones (12%)
- El Instituto Nacional de Seguros (INS) 1,27 billones (7%)
- Resto del sector público ¢2,72 billones (15%)
- Otros 1,27 billones (7%)
Según explicó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en el diálogo entre el Gobierno y sectores, por eso no es conveniente hablar de una “renegociación” de la deuda, pues allí está en juego el dinero de las pensiones de cientos de miles de trabajadores.
Estas instituciones compran bonos de deuda del Gobierno para recibir el pago de intereses y, así, garantizar las pensiones de los trabajadores en el futuro.
La mayor parte de las inversiones de la CCSS, por ejemplo, son para generarle rendimientos al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Lo mismo hace la Jupema para las jubilaciones de los docentes, en su gran mayoría del sector público.
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Por otra parte, la deuda interna es más cara y generalmente se coloca a menor plazo que la externa.
Villegas ha explicado a los diputados, a manera de ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le prestó al país $521 millones a una tasa del 1,55% anual y un plazo de cinco años.
Ese dinero, en el mercado local, habría conllevado una tasa entre un 6% y un 7% en el mismo plazo.
No obstante, la deuda en moneda extranjera también conlleva el riesgo de un aumento en el tipo de cambio. De acuerdo con datos de la Contraloría General, el porcentaje de deuda que el país tiene en moneda extranjera, principalmente en dólares, pasó de un 37% a un 41,4% entre el 2015 y el 2020.
El Gobierno impulsa una reforma para que inversionistas extranjeros puedan comprar bonos de deuda en el mercado interno, a fin de reducir el riesgo de cambiario y de disminuir las tasas locales.
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‘Aquí todo es sacarle plata a los contribuyentes’
En declaraciones dadas a La Nación días atrás, Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda del actual Gobierno, calificó de “canibalismo” el ciclo entre las mismas instituciones del Estado, de prestarse a sí mismas para financiar el gasto del Gobierno Central.
“El Estado necesita más deuda para pagar intereses sobre deuda que se debe a sí mismo, eso es canibalismo”, señaló.
Chaves explicó esa práctica con el siguiente ejemplo: “Existen una serie de destinos específicos y de transferencias que hace el Gobierno como al Inder (Instituto de Desarrollo Rural), al que le ingresan impuestos como el del alcohol y del tabaco. El Inder no gasta ese dinero, lo acumula, se lo presta al Gobierno a tasas altas, que son recursos de los contribuyentes”.
“Hay un canibalismo en el sentido que los contribuyentes están teniendo que financiar el impuesto directo que va al Inder y, después, los intereses que el Gobierno le paga por los préstamos del Inder. Eso es inadecuado”.
En ese mismo esquema están las universidades públicas, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Bnhvi), el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), denunció el exjerarca.
“Invierten en bonos del Gobierno superávits enormes, a tasas altas. Nadie quiere arreglar eso”, subrayó Chaves.
Durante su administración, Chaves quiso arreglar parte de ese problema con el proyecto Pagar, que pretendía destinar ¢227.000 millones provenientes de superávits de 12 instituciones para amortizar la deuda.
Al final, el plan Pagar quedó en solo ¢49.000 millones para pagar deuda.
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“Las instituciones fueron a hacer lobby a la Asamblea y lo bajaron a ¢85.550 millones en contra de las intenciones del presidente que firmó el proyecto de ley".
“Ahí hay un tema tremendo de cómo el Estado, las instituciones, se convierten en fines en sí misma, no en instrumentos para prestar servicios, al punto que consideran que esos superávits son patrimonios de la institución como para invertirlo por tiempo indefinido, en algunos casos a tasas por año, a tasas de interés que también tienen que pagar los contribuyente. Aquí todo es sacarle plata a los que pagan los impuestos”, señaló Chaves.
La idea del exjerarca era presentar a los diputados 3 proyectos Pagar, pero él salió del Gobierno en el mes de mayo. Solo presentó el de ¢227.000 millones.
A la diputada del PAC, Laura Guido, se le preguntó a inicios de noviembre si estaba consciente de que entre los tenedores de deuda, a los cuales acusó de hacerse ricos, estaban las propias instituciones públicas.
Ella respondió así: “Aunque mayoritariamente los tenedores de bonos locales son actores institucionales, también hay tenedores del sector privado de inversión. La crítica que hice ese día es por los altos costos de los bonos en mercado local, algo que ya Rocío Aguilar (exministra de Hacienda) había calificado como obsceno”.
“La crítica que hice fue posterior a comentarios que entendí como contrarios a pasar deuda de mercado interno a empréstitos que ofrecen mejores condiciones al país. De tener que llevar toda la deuda a mercado interno, tendríamos que dedicar más recursos al pago de intereses, en lugar de dedicarlos a amortizar deuda o a invertir en obras de capital”.
Finalmente, el dictamen del tercer presupuesto extraordinario 2020 se aprobó en octubre, por unanimidad, incluido los votos de dos diputadas del PAC, con un recorte de ¢44.000 millones.
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Posteriormente, con apoyo de seis diputados de oposición, los mismos que avalaron la reducción, excepto los del PLN, el PAC mermó ese ajuste a ¢33.600 millones, al incorporar ¢7.000 millones al presupuesto del Conavi y ¢240 millones a la diócesis de Tilarán.
