Con cuatro votos a favor y tres en contra, una comisión especial de la Asamblea Legislativa aprobó esta noche un proyecto de ley para rebajar el marchamo, aunque la medida reduciría los ingresos del Gobierno en unos ¢50.000 millones anuales.
Los votos a favor provinieron de los partidos Liberal Progresista (PLP) , Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA). Votaron en contra el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD), la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República.
Con los cambios, el impuesto a la propiedad de vehículos bajaría de ¢79.000 a ¢26.000 para un vehículos de ¢3 millones (un 66% menos).
En el caso de un auto de ¢7 millones, el tributo bajaría de ¢213.000 a ¢81.000 (un 61% menos), mientras que, para uno ¢15 millones, el impuesto pasaría de ¢493.000 a ¢271.000 (un 45% menos).
Ahora, la discusión del texto continuará en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Según el diputado de gobierno Daniel Vargas, aun con los ajustes aprobados este miércoles, la propuesta provocaría un faltante de ¢63.000 millones a ¢87.000 millones anuales para el fisco.
Sin embargo, el diputado Jorge Dengo, del PLP, y su jefe de bancada, Eliécer Feinzaig, esperan que el impacto baje a ¢50.000 millones.
El vocero del PLP insistió en que la disminución podría ser compensada por una mejoría en la recaudación de impuestos estimada el año pasado en ¢745.000 millones. En todo caso, añadió, la reducción sería de apenas el 0,11% de la producto interno bruto (PIB).
“No se le está quitando plata a Hacienda, se les está devolviendo a los costarricense”, defendió Feinzaig.
Al nuevo texto se le aprobó una depreciación al vehículo del 15% al primer año, en lugar de un 10% planteado al principio, hasta alcanzar un 80,3% al año número diez, el cual sería el último para el cálculo de este factor.
Esye cambio modificaría el porcentajes de reducción del impuesto en todos los vehículos.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, dijo que el proyecto tendría un impacto negativo en la recaudación de un tributo que destina el 50% de sus fondos al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).
“Hoy el Conavi tiene una escasez de recursos y este proyecto podría agravar la situación”, advirtió.
Según Acosta, los diputados deben explicar de dónde se tomarían los ¢50.000 millones que se perderían con esta reforma, sobre todo porque el presupuesto del 2024 ya está hecho y contemplaba una recaudación de más de ¢200.000 millones con el marchamo.
Adicionalmente, dijo, esta propuesta también pondría en riesgo la emisión de eurobonos en los mercados internacionales debido a que, por iniciativa del PLP, la ley que autorizó emisiones por $5.000 millones exige el cumplimiento de metas cuantitativas de superávits primarios.
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El nuevo texto fue aprobado por los diputados Jorge Dengo, del PLP; Francisco Nicolás y Monserrat Ruiz, del PLN; y Sofía Guillén, del FA. la legisladora frenteamplista confirmó su respaldo la tarde de este miércoles, alegando que el objetivo de su fracción era aprobar una redacción que rebajara el impuesto.
En contraste, Melina Joy, del PUSC, David Segura, del PNR; y Daniel Vargas, de la bancada oficialista, votaron en contra. Alegaron que el proyecto dictaminado era menos progresivo y que crearía un hueco fiscal en las arcas de Hacienda.
Encabezados por Ajoy, este grupo de diputados impulsaba una iniciativa respaldada por el Gobierno con una rebaja más moderada para el 93% de los vehículos un aumento para el 7%, compuesto por los más costosos, a fin de no afectar la recaudación de Hacienda.
“Se les pedía a las personas de los dos deciles con mayores ingresos que pagaran poco más, para bajarle a los ocho deciles de menos ingresos”, apuntó Vargas.
Ajoy indicó que su texto habría generado una recaudación anual de ¢215.331 millones, cifra cercana a los ¢216.567 millones proyectados por Hacienda.