Rechazada consulta de alcalde Diego Miranda sobre su salario

El pasado 29 de mayo, el Concejo Municipal de San José aprobó un incremento de ¢175.000 para la remuneración del alcalde Miranda y su vicealcaldesa, Yariela Quirós, quienes habrían pasado a recibir ¢5.740.000 mensuales. Sin embargo, el 4 de junio, los regidores instaron al alcalde a congelar el aumento, debido a que la Contraloría General de la República advirtió de que el monto aprobado sobrepasaba el límite fijado por la ley.

Asimismo, los ediles instruyeron a Miranda para que, en el plazo de cinco días hábiles, consultara el criterio de la Contraloría y la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la remuneración que debían recibir.

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De acuerdo con una carta en poder de La Nación, Miranda había solicitado, desde el 30 de mayo, que el Departamento de Talento Humano del ayuntamiento suspendiera su aumento salarial.

No obstante, el alcalde envió la consulta al órgano contralor el 12 de junio, mediante el oficio MSJ-ALCALDIA-1840-2024, según consta en la respuesta enviada por la CGR a Miranda.

Consulta de Miranda no cumplió requisitos

El pasado viernes 21 de junio, la Contraloría General de la República respondió al alcalde Diego Miranda (mediante el oficio DJ-1138) que la consulta no cumplía con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento sobre la recepción y atención de consultas dirigidas a la CGR.

Dicho artículo establece que las consultas deben “plantearse en términos generales, sin que se someta al órgano consultivo a la resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, o que atañen a la situación jurídica del gestionante”.

“Estamos frente a un caso concreto en donde se expone una serie de circunstancias específicas que corresponden al criterio de la Dirección de Talento Humano de la Municipalidad, con respecto al monto salarial que debe percibir el alcalde y otros funcionarios”, señaló la CGR.

La institución aclaró que su potestad consultiva no permite que entre a revisar la legalidad de las actuaciones de la administración, ya que estos aspectos concretos atañen al ámbito de decisión de la Municipalidad de San José.

“Una de las principales razones por las cuales la Contraloría General no entra a definir situaciones concretas del sujeto consultante, es no solo porque estaría sustituyendo a quien le compete tomar las decisiones, sino también porque fácilmente podría adoptarlas sin estar suficientemente informada de aspectos esenciales del caso”, explicó la entidad.

Asimismo, el órgano contralor consideró que no puede entrar a interpretar el alcance de las normas que regulan los salarios, como lo son la Ley de Salarios de la Administración Pública y la Ley Marco de Empleo Público. Esa tarea corresponde a la Procuraduría General de la República (PGR) y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán),

Este viernes 28 de junio, La Nación solicitó a la Municipalidad de San José el oficio que Miranda envió a la CGR para consultar sobre su salario; sin embargo, el ayuntamiento capitalino no respondió. Tampoco se obtuvo respuesta al consultar el punto de vista del alcalde sobre el rechazo del órgano contralor.

Pese a que la Contraloría respondió la consulta el viernes 21 de junio, el tema no se puso a discusión en la sesión del Concejo Municipal del martes 25 de junio.

El regidor del Frente Amplio (FA), Brandon Guadamuz, confirmó que, hasta este viernes 28 de junio, él no estaba enterado de que la CGR ya había respondido y rechazado la consulta del alcalde.

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Según la Contraloría, el salario aprobado por el Concejo Municipal para el alcalde Miranda y la vicealcaldesa Quirós sobrepasa el límite fijado por la Ley Marco de Empleo Público.

Esa norma establece que ninguna remuneración pública puede superar el salario global del presidente de la República, cuyo monto se estableció en ¢5.565.000 el 10 de marzo del 2023, mediante un acuerdo tomado por la Autoridad Presupuestaria.

La modificación presupuestaria realizada por el Concejo no solo había elevado el salario de los gobernantes actuales, sino que también implicaba ajustes retroactivos para el exjerarca Johnny Araya y la ex vicealcaldesa Paula Vargas por los cuatro meses que ejercieron en el 2024.

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