EscucharLos diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y Administración rechazaron, por voto de mayoría, el proyecto de ley que habría atenuado el aporte del Estado a las pensiones del Poder Judicial y el Magisterio, en su condición de patrono.
La iniciativa, presentada por la diputada oficialista Pilar Cisneros, proponía equiparar estas cotizaciones con la que hacen todos los patronos al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La transición se habría efectuado en un plazo de 35 años.
En su condición patronal, el Estado aporta a los empleados de la Corte y el Magisterio un 14,3% y un 6,7% de cada salario mensual, mientras que, en el caso del IVM, la cuota es de un 5,4%.
La iniciativa fue rechazada por Carolina Delgado y Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN); Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA); Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP); y Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
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A favor votaron la oficialista Paola Nájera y Daniela Rojas, del PUSC.
La diputada Cisneros expresó su descontento por el rechazo de su proyecto: “Esos inmorales e ilegales privilegios se crearon aquí, en el Congreso, y solo aquí, en este Congreso, podremos revertir este grave error de política pública que ensancha las enormes desigualdades entre ricos y pobres”.
La diputada dijo que el aporte estatal para esos regímenes favorece pensiones de privilegio, las cuales alcanzan un promedio de ¢2,8 millones mensuales en el Poder Judicial y ¢916.000 en el Magisterio, mientras que el resto de los trabajadores recibe alrededor de ¢616.000.
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“Eso no solo es injusto; es absolutamente ilegal, inconstitucional y desproporcionado”, remarcó Cisneros, quien anunció la presentación de un informe de minoría.
Daniela Rojas explicó su voto positivo señalando que se pudo excluir al Magisterio en la etapa de ajustes.
En el plenario, Rojas expresó su molestia hacia Cisneros al reprocharle que ella generalizó el rechazo de los diputados. Además, negó que el proyecto tuviese relación con el financiamiento de pensiones de personas pobres.
“Este proyecto no tiene relación alguna con el régimen contributivo, no se destina ni un centavo de estos fondos a ese fin. Se trata simplemente de equiparar las contribuciones de los empleadores para los diferentes regímenes. Por lo tanto, es inapropiado afirmar que se presentó este proyecto de ley para resolver los problemas de pensiones insuficientes, ya que eso es completamente falso”, reprochó la socialcristiana.
En tanto, Antonio Ortega justificó su voto negativo alegando que el proyecto no abordaba temas cruciales relacionados con las pensiones, como la disminución demográfica y el “debilitamiento” del sistema de seguridad social.
