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Recope cuestionó el convenio que había firmado con Ad Astra Rocket, de Franklin Chang. Foto: (Reproducción Marvin Caravaca)
La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentó una denuncia penal contra 20 exfuncionarios de la empresa estatal por una serie de aportes hechos a la empresa Ad Astra Rocket, de Franklin Chang, entre el 2011 y el 2014, durante la administración de Laura Chinchilla.
Karla Montero, presidenta de Recope, acompañada del mandatario Rodrigo Chaves, afirmó que la denuncia se presentó por un presunto incumplimiento de deberes, en torno a contribuciones por $2,1 millones para investigar y desarrollar el uso del hidrógeno como energía, sin que la Refinadora tuviera la facultad legal para hacerlo.
Además, Recope destituyó a la gerenta general de la Refinadora, Ana Lucía Alfaro Murillo, bajo el argumento de que ella participó en las decisiones sobre el primer convenio y su presencia podría entorpecer las investigaciones que realicen las autoridades judiciales
Karla Montero explicó que el primer convenio se realizó en el 2011 con un primer aporte de Recope de $300.000, al cual se sumó otro de $1,4 millones en el 2012. Hubo un tercer convenio que permitió, en febrero del 2014, contribuir con $400.000.
En el año 2012, según Montero, también hubo dos decretos firmados por la entonces presidenta Laura Chinchilla; el exministro de Ambiente, René Castro; y el exministro de Hacienda, Édgar Ayales.
El primero de los decretos (N.° 37222-MINAET) autorizó a Recope a investigar y desarrollar energías alternativas, y el segundo brindó contenido económico al convenio con Ad Astra (N.° 37447-H), según citó la Casa Presidencial.
Según la Casa Presidencial, a raíz de una instrucción de la Contraloría General de la República (CGR), en aquella época Recope solicitó un criterio a la Procuraduría General de la República (PGR) sobre sus competencias en materia de biocombustibles.
La Procuraduría concluyó que Recope carecía de competencia legal para incursionar en la producción e industrialización de biocombustibles.
“En la sana teoría, para que Recope pueda incursionar en este tipo de proyectos, primero debe pasar por la reforma de ley en la Asamblea Legislativa, dado que nuestras competencias están delimitadas”, explicó Montero.
Entre los denunciados, están los exjerarcas de Recope Jorge Villalobos Clare, Litleton Bolton Jones, Alejandro Muñoz y Sara Salazar Badilla.
Además, se incluye al exministro de Ambiente, René Castro, y a exdirectivos de apellidos Rojas Montero, Trejos Gómez, Gómez Pacheco, Soto Montero, Fernández Saborío, Robinson Davis, Morice Trejos, Sawyers Sawyers, Alfaro Murillo, Alvarado Briceño, Cañas Díaz, Romero Gómez, De la Cruz Malavassi, Valverde Hernández y Riba Bazo.
La Nación procuró obtener una reacción de Ronald Chang, hermano de Franklin Chang, quien dirigía la empresa cuando se se produjo el primeo de los convenios; no obstante, no hubo respuesta. Tampoco contestó el exministro de Ambiente, René Castro.
Alejandro Muñoz Villalobos reaccionó en redes sociales a la denuncia. La calificó de una pérdida de tiempo, alegando que los convenios están prescritos.
Ante consultas de este medio, la presidenta de Recope explicó que a la presidencia de Recope le corresponde denunciar a aquellos funcionarios públicos que hicieron un aparente uso irresponsable de los fondos públicos.
“Sin embargo, es importante valorar que el Ministerio Público puede determinar más responsables durante la investigación”, agregó la presidenta ejecutiva.
