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La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) rehúsa aportar parte de sus utilidades anuales para ayudar a reducir la deuda pública al argumentar que, por prestar un servicio público regulado, carece de ganancias.
Esa fue la posición de Recope ante una consulta del Partido Restauración Nacional (PRN) sobre el proyecto de ley del Gobierno que pide a 14 empresas estatales aportar hasta el 30% de sus utilidades, durante cuatro años, para atenuar la deuda.
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Alega que, si el proyecto hubiese estado vigente entre el 2016 y el 2020, habría tenido que aportar ¢15.455 millones a la deuda pública. Esa cifras es casi idéntica al costo promedio anual de la convención colectiva que la Refinadora acaba de firmar con su sindicato por tres años, por un monto de ¢46.200 millones (¢15.400 millones al año), los cuales son cargados a los precios de los combustibles como costos de operación cada año.
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La Refinadora alega que el proyecto del Gobierno para atenuar la deuda pública, el cual forma parte del acuerdo de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional (FMI), afectaría el sistema de distribución de hidrocarburos y podría repercutir en los precios de los combustibles.
Según la argumentación de la empresa estatal, los precios de los combustibles los fija la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) “de conformidad con el principio de servicio al costo”.
“Bajo esta perspectiva, únicamente se reconoce a favor de la empresa, en cada estudio ordinario (de tarifas), una reserva de inversión denominada Rédito sobre la Base Tarifaria (RSBT), cuyo monto se utiliza para financiar el desarrollo y mejoramiento del Sistema Nacional de Combustibles”, escribió Alejandro Muñoz, presidente de Recope, a la jefa de bancada del PRN, Xiomara Rodríguez.
Recope argumenta que por ello no puede disponer de dinero para aportar a la deuda.
“Bajo esa tesitura, Recope nunca genera utilidades, tal como lo haría una empresa privada o estatal en competencia. Por ello, cualquier carga afectaría directamente los proyectos de inversión y el mantenimiento de los activos y, además, tendría que ser examinada por la Aresep, a fin de determinar la pertinencia de su inclusión en la estructura de precios, cuestión que la propuesta no avala de todas formas, o la validez de la desviación del RSBT para este fin, que no pareciera viable”, expuso Muñoz.
“Como tesis de principio, el marco normativo que rige a Recope le impediría atender esta nueva carga impositiva y, de todas formas, ya que su giro empresarial está basado en el principio de servicio al costo, no existe margen para obtener utilidades, salvo aquellas que integran el RSBT”, continuó.
A manera de ejemplo, el presidente de Recope citó que, entre el 2016 y el 2020, la empresa estatal solo reportó utilidades contables en los años 2017 y 2018.
Añade que, en esos años, pagó ¢5.523 millones en impuesto de renta y que, si en ese periodo el proyecto de ley hubiese estado vigente, habría tenido que aportar la cifra de ¢15.455 millones a la deuda pública, “lo que habría reducido la capacidad de inversión y mantenimiento de la empresa, y habría causado un potencial deterioro de la infraestructura y equipo industrial, por cuanto al igual que el aporte solidario, el impuesto de renta no tiene componente tarifario”.
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“La confusión sobre la existencia de eventuales utilidades en Recope podría tener su origen en la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que deben utilizarse para mostrar y revelar la información contable empresarial, de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 35616-H de 4 de noviembre de 2009″, continuó la firma monopólica.
“Esto, por cuanto la empresa debe reportar un rubro denominado ‘utilidad del período’. Sin embargo, por lo explicado anteriormente, no es una utilidad producto de la actividad económica que realiza, sino que corresponde a un rédito para inversión en términos tarifarios”.
En esa línea, el jerarca explicó a La Nación que las ganancias reportadas en 2017 y 2018 no se consideran como tal. En caso de que haya pérdidas, significa que la entidad dejará de contar con recursos para invertirlos, añadió.
“Es que no hay ganancias. Como Recope es una empresa muy grande, tiene proyectos que no acaban en un año. Son proyectos que se inician en un año y terminan dos, tres años después, por su envergadura. Cada vez que esos dineros van siendo ocupados, se descuentan o quedan en forma de utilidades mientras son ocupados”, dijo Muñoz.
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Recope agregó que el aporte a la deuda pública podría implicar que la empresa deba recurrir al financiamiento para dar sostenimiento al sistema de distribución del combustible, lo que representaría una carga financiera que, a la larga, se reflejaría en el precio de los combustibles para los consumidores.
“Lo anterior es especialmente cierto si se tiene en cuenta que el artículo 2 de la propuesta (de ley del Gobierno) prohíbe cambiar, modificar o de alguna forma variar sus estructuras de costos con la finalidad de trasladar la carga del aporte a las personas usuarias o consumidoras”, manifestó Muñoz en su carta al PRN.
Además, Muñoz dijo que ya la Refinadora hace otros aportes a las instituciones.
Entre estos citó el 15% de sus ganancias al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como transferencias el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para el mantenimiento de vías. No obstante, el dinero para el Conavi en realidad lo pagan los consumidores en el precio de los combustibles, no Recope.
El presidente de Recope también afirmó, ante la bancada del PRN, que el Gobierno no hizo las consultas antes de presentar el proyecto de ley.
Xiomara Rodríguez, vocera del PRN, advirtió que la iniciativa de ley presentada por el Gobierno, que incluiría a 14 empresas públicas, generaría efectos a los clientes.
“Nos preocupa los serios cuestionamientos que ya empiezan a surgir: este proyecto no fue consultado antes de negociar con el FMI, podría traer implicaciones para los clientes y, al final, los ingresos serían menores de los proyectados”, manifestó la congresista.
