Los recortes aplicados a las pensiones de lujo del Gobierno y de los exdiputados ahorran suficientes recursos como para financiar, cada año, tres ampliaciones como la que se le hizo al puente sobre el río Virilla, en la General Cañas (San José-Alajuela).
Esa es la magnitud del beneficio que el país obtuvo al rebajar las jubilaciones de 441 personas cuyos montos oscilan entre los ¢2,5 millones y los ¢13,5 millones mensuales, y al ponerle freno a los incrementos que recibían anualmente.
DESCARGUE: Base de datos sobre recorte a pensiones de lujo
Las reformas fueron aprobadas por todos los partidos de la Asamblea Legislativa en julio del 2016 y el Ministerio de Trabajo las puso en práctica en enero de este año.
Antes del cambio, estas jubilaciones le costaban a los contribuyentes ¢22.950 millones anuales, descontando el impuesto de renta y el seguro de enfermedad y maternidad.
Sin embargo, con los recortes aprobados, ahora el Estado debe desembolsar ¢15.700 millones, lo que genera un ahorro de casi ¢7.250 millones por año. Así se desprende de información suministrada por el Ministerio de Trabajo sobre la reforma en que se aplicaron las leyes.
A la pensión más alta, de ¢13,5 millones, se le dedujeron ¢4,8 millones, lo que equivale a un 36%. A las jubilaciones que están justo en el límite de los ¢2,5 millones, se les quitaron unos ¢235.000, poco más de un 9%.
Los diputados previeron que, en ningún caso, los recortes podían superar el 55%. De acuerdo con los datos cedidos por Trabajo, eso no ocurrió ni de cerca en ningún caso.
Las rebajas provienen de las siguientes leyes: la 9.380, que subió de un 7% a un 9% la contribución obligatoria que se exige a estas pensiones; y la ley 9.383, que exige una contribución solidaria a las que jubilaciones superen el equivalente a diez veces el salario más bajo del Gobierno, es decir, poco más de ¢2,5 millones. Ese último aporte depende del monto de la jubilación, mientras más alta sea la jubilación, mayor es la contribución.
Aunado a estos ajustes, el Estado se ahorrará otros ¢17.000 millones anuales gracias a que el Congreso también declaró que ahora estas pensiones únicamente crecerán conforme la inflación.
Esa medida evita, por ejemplo, el incremento de un 30% que recibían cada año los beneficiarios del régimen de exdiputados, y que un pensionado reciba un incremento porque la persona que lo sustituyó, en su puesto, obtuvo un alza por alguna otra razón.
Los recortes y el freno al crecimiento suman un ahorro de ¢24.200 millones por año, el triple de lo que costó ampliar el puente Alfredo González Flores, antes conocido popularmente como La Platina.
La cifra también alcanzaría para financiar dos pasos a desnivel, como los que se planean construir en las rotondas de Zapote y Guadalupe.
Hay más pensiones de este tipo en la Corte
Los datos surgen en momentos en que la Asamblea también discute la posibilidad de exigir contribuciones solidarias a las pensiones del Poder Judicial, en donde el número de jubilaciones que superan los ¢2,5 millones es mayor al que tenían los regímenes de Gobierno y exdiputados.
En la Corte, a julio del 2016, 661 jubilaciones superan los ¢2,5 millones y algunas llegan hasta ¢9,8 millones. Eso provocó que se debatiera la posibilidad de exigir una contribución solidaria a estos pensionados, aunque el procentaje aún no ha sido definida. Este un régimen tiene un hueco financiero de ¢5,3 billones que tendrían que pagar los contribuyentes.
Además, los diputados debaten ponerle coto a los condiciones de jubilación de los empleados judiciales actuales, los cuales se retiran, por ejemplo, recibiendo el promedio de los últimos mejores 24 salarios, mientras que el resto de la población lo hace con el promedio de los últimos 240 sueldos.
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Estos 661 exfuncionarios judiciales, que representan el 18% del total de retirados de la Corte, reciben el 48% del gasto anual, es decir ¢27.000 millones anuales.
Casi la mitad de los pensionados de lujo acudió a la Sala IV
Casi la mitad de los pensionados de lujo acudieron a la Sala IV con la intención de frenar el recorte aprobado por el Congreso en el 2016 y puesto en práctica por el gobierno este año.
Según información suministrada por el viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, 186 de estos 441 jubilados presentaron recursos de amparo.
Muchos alegaron, entre otras razones, que las leyes de recorte violan sus derechos adquiridos, afectan sus derechos como adultos mayores y son confiscatorias. El Ministerio de Trabajo informó de que logró responder todos los recursos.
En febrero de este año, en una votación ajustada de 4 votos sobre 3, los magistrados de la Sala IV rechazaron suspender los recortes, mientras estudia acciones legales en contra de las reformas.
En la práctica, los recortes a las pensiones de lujo de los regímenes de gobierno y exdiputados oscilaron entre un 4% y un 37%. El recorte promedio para los 441 jubilados es de un 22%.
Para 168 pensiones, las rebajas fueron inferiores a un 15%; para 154, el ajuste osciló entre un 16% y un 29%; y para 119, entre un 30% y un 37%.
En la base de datos suministrada por Trabajo a este medio, aparecen 43 personas que reciben doble pensión: una de alguno de los regímenes del Gobierno y otra del Magisterio Nacional. Esto permite que sus montos incluso superen los ¢11 millones.
Los recortes aprobados por la Asamblea no recaen sobre las pensiones del Magisterio, explicó el viceministro de Trabajo, Juan Alfaro, sino solo sobre los montos provenientes de los sistemas de Gobierno y exdiputados.
Esa situación explica por qué, para algunas jubilaciones de lujo, el recorte es de un 4% sobre el monto total asignado al jubilado, por ejemplo.
Para una persona con una pensión de lujo, con un monto bruto de ¢10,9 millones, el recorte fue de un 36%. Así sucedió con la mayoría de exfuncionarios con cifras tan altas. Sin embargo, en el caso de una persona con doble pensión, con un monto similar, el ajuste fue de un 27% porque al exfuncionario alcanzaba ese monto gracias a que una parte (¢2,8 millones) provenía de una jubilación del Magisterio, que no fue tocada.