Si los diputados aprueban el recorte a las pensiones de lujo propuesto por la diputada Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, el dinero que el Gobierno se ahorraría alcanzaría para dar 10.000 nuevas pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) a adultos mayores en condición de pobreza.

El cálculo lo anunció este miércoles el superintendente de Pensiones, Álvaro Ramos, durante el foro Pensiones de Lujo: ¿Por qué no se han eliminado?, en la Asamblea Legislativa.

El proyecto de la legisladora Rodríguez permitiría cobrarles una contribución especial solidaria a todos los pensiones de lujo del Gobierno y del Magisterio Nacional que reciban más de ¢2,2 millones, así como a los jubilados del Poder Judicial que sobrepasen los ¢2,6 millones.

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El aporte solidario es un rubro que se cobra en forma escalonada. Conforme más alta sea la jubilación, mayor es el rebajo. Oscila entre un 25% y un 75% en Gobierno y Magisterio y entre un 35% y un 55% en el Poder Judicial.

Según Álvaro Ramos, la Superintendencia de Pensiones (Supén) afianza su “posición de apoyar las iniciativas tendientes a que las reglas del juego (en pensiones) sean más parejas para todos”.

El superintendente es vehemente al afirmar que un país donde los sistemas de pensiones son parejos genera credibilidad entre los cotizantes y los motiva a aportar con más confianza las cuotas necesarias para su jubilación.

“Un sistema que se ha percibido como injusto, desnivelado y opaco no tiene credibilidad”, exhortó.

El superintendente explicó que los ¢10.000 millones de ahorro que generaría el recorte a las pensiones alcanzan para dar 10.000 jubilaciones del RNC de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en vista de que estas otorgan ¢82.000 mensuales.

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Ramos fue uno de los panelistas de la actividad, organizada por el Instituto de Desarrollo Empresarial y Acción Social (IDEAS), en el salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.

Participaron, además, el jerarca de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), Luis Paulino Mora, y los diputados Yorleny León y Pedro Muñoz, de los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, respectivamente.

También formaron parte de la discusión la abogada Gloria Navas; Luis Loría, presidente de IDEAS, y la periodista Pilar Cisneros, quien fungió como moderadora.

Exceso de leyes

En criterio del líder de la Superintendencia, una de las razones por las cuales ha sido difícil frenar los excesos que se pagan por las pensiones de lujo, es la cantidad de leyes que amparan a los distintos regímenes.

Utilizó el ejemplo del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional (docentes), donde se pagan jubilaciones hasta de ¢13 millones.

Ese sistema de pensiones cuanta con tres leyes diferentes, la 2248, la 7268 y la 7531, las cuales otorgan distintos perfiles de beneficios a sus jubilados.

“Por ejemplo, el régimen de la ley 7268 permitía pensionarse a los 30 años laborados, sin restricción de edad. Eso implicaba que un maestro que entró de 22 años de edad, se podía retirar a los 52 años, con la pensión completa, que iba a representar el 100% del promedio de los 12 mejores salarios de los últimos 24 meses”, comentó Ramos.

Como la normativa permite a las personas retirarse con el cálculo de sus mejores salarios, entonces el monto de la pensión crece mucho más, agregó el superintendente.

“Si la persona creció a director regional, se iba con la pensión de director regional y no con la pensión de maestro por la que cotizó la mayor parte de su vida”, puntualizó.

Asimismo, el superintendente considera que otra de las razones que encarecen los sistemas jubilatorios en el país es la opción de pensionarse anticipadamente.

“La mejor manera de entender cuán caro es una anticipada es agregar un 7% de costo adicional anual”.

“Si la persona se va de 55 años y cada año anticipado cuesta un 7%, esos 10 años de haberse ido temprano, encarecieron la pensión en un 70% para efectos de quien tiene que pagarte esa pensión”, argumentó.

Actualmente, la jubilación ordinaria con el IVM pide a los afiliados 65 años de edad en condiciones ordinarias y 300 cuotas.

Sin embargo, también existe la opción de retirarse antes, sin castigo, siempre que la persona haya hecho un alto esfuerzo contributivo, es decir, que haya cotizado muchos años para el sistema.

Esa alternativa permite jubilarse a las mujeres con 59 años y 11 meses y a los hombres con 61 años y 11 meses, siempre que hayan pagado 450 cuotas (37,5 años de labores).

Además, en este mismo régimen existe la posibilidad de jubilarse antes de tiempo, con una penalización en la pensión. No obstante, esta figura desaparecerá a partir del 1.° de marzo del 2021.

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¿Qué se entiende por pensión de lujo?

“Son todas aquellas pensiones en las que no existe relación entre los aportes efectuados y el monto que se recibe, es decir, un beneficio para el cual no se cotizó”, explicó el superintendente.

¿Cuáles serían esos beneficios que los pensionados ‘no merecen’?

Ramos puso los siguientes tres ejemplos:

-El cumplimiento solo años de servicio para recibir la pensión, sin necesidad de acumular cierta cantidad de cuotas.

-La posibilidad de retirarse, joven; a los 50 años, por ejemplo.

-Que su pensión se calcule con base en los últimos salarios.

En cuanto al monto que calificaría una pensión como de lujo, el superintendente dijo que una “definición popular” podría ser la cifra de ¢1,6 millones, que es el monto máximo pagado por una pensión en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin postergación.

No obstante, si se tratara de ser estrictamente técnicos, explicó Ramos, todas las pensiones que se pagan en el país serían de lujo.

“Esta definición de pensiones de lujo, tal cual, incluiría al 99% de las pensiones de Costa Rica, porque las mismas pensiones de la Caja, en su inmensa mayoría, dan más dinero del que se aportó. Eso puede parece sorprendente de entrada, porque las pensiones de la Caja no parecen de lujo”, expresó Ramos.

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