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Los rectores de las universidades públicas le pidieron al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, una reunión de urgencia con los jefes de las fracciones legislativas, para plantearles su oposición al proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Al cierre del encuentro semanal de los voceros partidarios, Gustavo Gutiérrez, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), y Francisco González, de la Universidad Nacional (UNA), estaban esperando a Cruickshank para pedirle una audiencia con los jefes de fracción.
Guiados por los lobbystas de las universidades públicas que operan en la Asamblea Legislativa, los rectores pidieron aunque sea una reunión informal con los represententes de las bancadas parlamentarias, antes de que el proyecto 21.336 pase al segundo trámite de mociones de fondo, que está previsto para darse la próxima semana.
Ante la petición expresada por Alony Duarte, cabildero de las universidades, Cruickshank respondió que es más complicado hacer reuniones informales porque los diputados tienen su agenda, por lo que resultaría mejor el espacio formal, pues los jefes están obligados a acudir a esa cita.
Preocupados por el avance del proyecto, el presidente les contestó: “No creo que vaya a estar quemado para cuando veamos eso. Yo lo trataría de...”.
En ese momento de la conversación, que se dio en un pasillo del piso -1 del Congreso, el jefe del PAC, Enrique Sánchez, agregó que se podrían adelantar reuniones para ir viendo las mociones que a los rectores les interesa promover en el proyecto de ley.
Gutiérrez le contestó a Cruickshank: “Nosotros le agradeceríamos muchísimo”.
En jerga parlamentaria, quemar un día de mociones a un proyecto de ley significa que, en el plenario, cuando se llega a ese expediente, el presidente del Directorio anuncia que se recibieron mociones de fondo que proponen cambios al proyecto y que el texto se remite a la comisión respectiva para que tramite esas mociones.
En el caso de empleo público, ya quemó el primer día de mociones de fondo, en el que se tramitaron 301 mociones, de las cuales se aprobaron casi 80.
Aunque el presidente de la Comisión de Gobierno, el oficialista Víctor Morales Mora, había informado a los demás miembros del foro que el segundo día de mociones se quemaría en el plenario el martes de la próxima semana, finalmente la decisión de los jefes parlamentarios sería hacerlo el jueves.
Eso efectivamente daría oportunidad para que los jefes reciban a los rectores en su cita semanal de la próxima semana, como les prometió Cruickshank.
“Eso no quita que esta semana podamos analizar las mociones, verlas, incluso firmarlas y presentarlas antes. Sigamos con el operativo, igual con las conversaciones que ustedes están teniendo con cada jefatura y fracción”, les dijo Enrique Sánchez a los rectores.
En declaración a La Nación, el rector de la UNA explicó que las universidades consideran que el proyecto requiere discusión, participación de la ciudadanía y enfatizó que, para los rectores, el proyecto no responde ni es acorde con los principios de una universidad pública fortalecida.
Francisco González también esgrimió el argumento de que la Constitución tutela y protege la autonomía universitaria y dijo que es “importante hacer valer ese principio en el orden y el respeto al Estado Social de Derecho”.
El rector de la UCR explicó que el Consejo Nacional de Rectores está presentando varias mociones al proyecto y por esto están tratando de conversar con diputados y diputadas, para expresarles sus preocupaciones.
“Algunas propuestas rozan la constitucionalidad. Una de las preocupaciones mayores es que el Ministerio de Planificación o el Servicio Civil sea el órgano que vaya a contratar el personal de las universidades públicas”, alegó.
