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El proyecto de ley para reformar el régimen jubilatorio de los empleados del Poder Judicial dejaría por fuera de sus nuevas condiciones (más austeras) a los funcionarios con más de 20 años de laborar para la Corte.
Así lo establece el expediente 19.651, en su artículo 2, donde se establece que los empleados que estén a 10 años o menos para cumplir las tres décadas necesarias para jubilarse, lo harían con las condiciones actuales.
En otras palabras: actualmente los empleados judiciales pueden acogerse a la jubilación con un monto igual al promedio de sus últimos 24 salarios (dos años). La propuesta es que lo hagan –a partir de la entrada en vigencia de la ley– con un monto igual al promedio de sus últimos 120 salarios (10 años).
Esa es una de las reformas propuestas por los mismos funcionarios para darle sostenibilidad a su régimen jubilatorio que, según informes actuariales del 2012, está en riesgo.
Otras de las modificaciones planteadas es fijarle a las pensiones judiciales un tope de 12 veces el salario más bajo pagado por el Poder Judicial, que para este caso sería el de auxiliar de servicios generales.
Según el índice salarial de la Corte, actualmente ese puesto recibe ¢394.600 como salario mensual, por lo que, de entrar en vigencia la reforma a las pensiones hoy mismo, el tope sería de ¢4.735.200.
Eso sí, la idea es que las pensiones que por alguna razón sean superiores a ese tope (ya sea porque antes de la reforma eran mayores o porque alguna ley especial las pondría por encima del techo) paguen una contribución especial de un 20%, que iría directo al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
Apoyo político. La propuesta de los empleados fue acogida como suya por diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Ahí se plantea trasladar la administración del Fondo de manos del Consejo Superior, actual administrador del Poder Judicial, a las de una nueva figura: una junta administradora del Fondo.
Para la liberacionista Sandra Piszk, ese proyecto es apenas la base sobre la que empezarán las discusiones, luego de que aprobaron darle vía rápida a esta discusión en el plenario.
Esa vía rápida se aprobó, originalmente, con el número de otro expediente, el 19.922, pero el acuerdo de la mayoría de los jefes de fracción (excepto el del FA) es sustituir el texto del proyecto de ley bajo ese número, con el del 19.651 reseñado en esta nota.
Se mantuvo el mismo número 19.922, porque ese era el acuerdo que habían firmado los diputados de oposición el pasado 1.º de mayo, cuando ganaron la presidencia del Directorio legislativo.
El jefe frenteamplista Edgardo Araya considera que el plan es un “buen texto para comenzar”, pero asegura que le falta mucho sustento técnico.
“Nunca estuvimos de acuerdo en darle vía rápida. Los gremios y la jerarquía del Poder Judicial acordaron que fuera esa la base, pero ellos mismos dicen que falta un estudio actuarial”, explicó.
Aunque se aprobó esa vía rápida, se fijó un periodo de cuatro meses en comisión especial, mientras la Universidad de Costa Rica concluye un estudio actuarial que revelaría si las reformas son suficientes para que el Fondo, hoy con ¢400.000 millones, pueda sustentarse en el tiempo.
