EscucharEl proyecto de reforma a la Ley Marco de Empleo Público que presentará el Gobierno a la Asamblea Legislativa, en las próximas semanas, no tocará el salario global ni excluirá instituciones del ámbito de cobertura; tampoco cambiará los objetivos de la legislación. Más bien, planteará ajustes en procesos de despido y presentación de cargos en trámites disciplinarios.
Laura Fernández, ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), hizo la aclaración al cierre de la mesa de diálogo convocada por el Gobierno, la cual inició el 21 de marzo, para depurar algunos artículos con problemas de implementación.
La jerarca resaltó que la ley de empleo público es de suma importancia para el saneamiento de las finanzas del Estado, al ser los rendimientos parte de los compromisos asumidos por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta legislación, que entró en vigor el pasado 10 de marzo, implementa el salario global para futuros funcionarios en sustitución del esquema de salario base más pluses. Además de evitar distorsiones salariales entre los propios empleados estatales, busca la excelencia en el servicio público.
Luego de la mesa de diálogo con las oficinas de Recursos Humanos de las instituciones y con los sindicatos, el Mideplán plantearía cambios en los siguientes temas:
Imposibilidad de contratar funcionarios sancionados
Abel Jiménez Obando, asesor legal del despacho de la ministra, explicó que el principio rector del Estado como patrono único establece que las sanciones de despido sin responsabilidad patronal impiden que un funcionario castigado sea contratado en otra institución estatal en un plazo que va de seis meses a dos años.
Sin embargo, añadió Jiménez, ese plazo no es compatible con la Ley General de Policía que, para causas muy graves, establece inhabilitaciones de hasta 10 años. La ley se ajustaría para respetar las disposiciones de los regímenes especiales.
Procesos de despido
Sobre los procesos de despido, el artículo 21 de la Ley de Empleo Público indica que será causal de despido el hecho de que un funcionario obtenga dos evaluaciones de desempeño consecutivas inferiores a una calificación de 70, una vez que estén en firme.
Jiménez explicó que se necesita reconocer la validez de otros procesos especiales o el contemplado en la Ley General de Administración Pública.
“La idea es realizar aclaraciones que son importantes, no centrar el tema de la evaluación de desempeño, que fue una de las quejas, porque esto creaba inseguridad jurídica. La idea es crear un procedimiento acorde con la Ley General de Administración Pública y en respeto a los procedimientos especiales que hay en otras leyes”, explicó el asesor legal.
Los cuerpos policiales pidieron que se aclare que los procesos de despidos se harán de acuerdo con su normativa interna, según explicó.
Notificaciones de cargos
Otro tema que sería ajustado es el método de notificación cuando se imputen hechos a un empleado en un proceso disciplinario. La legislación indica que debe hacerse mediante correo electrónico. De acuerdo con Jiménez, esta forma generó mucha preocupación en las mesas de trabajo.
El asesor indicó que el procedimiento actual genera inseguridad jurídica. Añadió que la Ley de Notificaciones menciona que la primera resolución debe ser entregada personalmente o en la casa de habitación de la persona investigada.
“Se mencionó que, para garantizar el debido proceso, se debe notificar personalmente o en la casa y, cuando no pueda ser localizado, realizar la publicación por una vez en el diario oficial La Gaceta”, expuso Jiménez.
Nombramientos en plazas vacantes
En cuanto al transitorio IX de la legislación, la mesa acordó agilizar los nombramientos en propiedad de las plazas vacantes. La norma vigente da un plazo de un año a las instituciones para hacer los nombramientos.
Permisos para cuido
Sobre los permisos remunerados y no remunerados para cuido de familiares con enfermedad o discapacidad, la mesa pidió unificarlos en una sola redacción y aclarar cuándo serán pagados y cuándo no, pues la norma actual es ambigua.
Se trata de permisos de un tercio de la jornada (unas 12 horas por semana, en la mayoría de los casos), de hasta un plazo de un año.
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En cuanto a la plataforma integrada de empleo público, el pago de dedicación exclusiva y el concepto de continuidad laboral, no se logró consenso.
Mideplán no explicó si estos aspectos serían incluidos en el proyecto que se presentará a partir del 1.° de mayo próximo, cuando se inicia el periodo de sesiones extraordinarias en las que el Gobierno domina la agenda legislativa.
