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Tal como está redactada en este momento, la reforma fiscal que se discute en el Congreso se traería abajo dos de las medidas que la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, implementó para contener el gasto en los salarios públicos del Gobierno central.
Además, se contrapone a una tercera medida de ahorro solicitada por Aguilar, la cual necesita la aprobación de la Asamblea Legislativa.
Se trata de las acciones tomadas en torno a los pluses salariales conocidos como anualidades, dedicación exclusiva y prohibición.
En el caso de las anualidades, la ministra y el presidente Carlos Alvarado firmaron una directriz para que, en adelante, el incentivo por cada año de trabajo se transforme en un monto fijo, en lugar de un porcentaje del salario base, como se había venido pagando a los funcionarios públicos.
El cálculo por porcentaje tiene el problema de que aumenta el gasto por anualidades de manera exponencial. Solo este cambio ahorrará ¢96.000 milones en cuatro años.
Rocío Aguilar lo ordenó así porque la legislación vigente facultad a la Dirección de Servicio Civil a modificar, vía resolución, este plus para los funcionarios del Gobierno central.
En cambio, si se aprueba la reforma fiscal, tal como está, el incentivo quedaría fijado en porcentajes. El gobierno propuso fijar las anualidades en un 1,94% del salario base para los profesionales y en un 2,54% para los no profesionales.
Eso sí, la reforma fiscal pretende establecer el límite a todo el sector público, en donde hay instituciones que pagan hasta un 10% de anualidad, y no solo al Gobierno Central.
En el caso de la dedicación exclusiva, la ministra decidió que los nuevos empleados recibirán un 10% del salario base, como incentivo, si son bachileres y un 25% si son licenciados, en lugar del 20% y del 55% que se pagan a los funcionarios antiguos.
Aguilar implementó la medida mediante una reforma al decreto ejecutivo 23.669 de 1994, pues la dedicación exclusiva se fija por decreto, no por ley.
No obstante, la reforma fiscal no solo le daría rango de ley a la dedicación exclusiva, sino que fijaría los porcentajes más altos: 20% para no profesionales, 55% para profesionales y 30% para docentes de la educación superior.
Si la reforma fiscal se aprueba como está, el Gobierno no podría decretar un porcentaje inferior en la dedicación exclusiva.
En cuando al plus por prohibición, que sí está fijado por ley, el Gobierno pidió al Congreso establecer que que los bachilleres no reciban más de un 15% del salario base y los licenciados un 30%, pues actualmente se paga un 30% y un 65%, respectivamente.
El tropiezo para el Ejecutivo está en que la reforma fiscal fija porcentajes superiores, similares a los actuales.
Por las reformas en dedicación y prohibición, el Gobierno aspiraba a ahorrarse ¢2.657 millones anuales.
La reforma fiscal, entonces, vendría a fijar por ley compensaciones salariales que actualmente el Poder Ejecutivo puede mover a su antojo al menos para los funcionarios del Gobierno Central, por estar fijadas en decretos.
Los diputados aprobaron abrir un nuevo periodo para hacerle cambios a la reforma fiscal, espacio que el Ejecutivo pretende aprovechar para evitar estos cambios.
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Procurarán enmienda
Ante la urgencia del Gobierno por evitar que los salarios públicos sigan creciendo al ritmo de los últimos años, el Gobierno se alista para hacer enmiendas.
"El Poder Ejecutivo está analizando las distintas propuestas de enmiendas y lo hará de conocimiento a la Asamblea Legislativa en el momento que competa hacer esas propuestas. Habrá que ajustar el tema del proyecto actual en relación con las propuestas de la ministra de Hacienda”, señaló Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.
Consecuente de su propuesta, Aguilar hará lo mismo: “Este aspecto forma parte del texto que estaremos revisando para dejarlo en consonancia con nuestra visión de esos incentivos”.
En el Congreso, los diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC) se alinearán con las propuestas de Carlos Alvarado.
Víctor Morales Mora, jefe de la fracción oficialista, asegura que deberán entrar a conocer esa sección de la reforma para que no entorpezca la solución temporal que se ha propuesto el Gobierno.
En la misma línea está el director de Servicio Civil, Alfredo Hasbum, quien indicó que lo "lógico" sería mantener esa propuesta en la reforma legal.
De acuerdo con el diputado de oposición, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, lo que corresponde es que el Poder Ejecutivo presente las enmiendas que quiera coincidan con las medidas anunciadas, con el fin de ser analizadas en su fracción.
Erwen Masís, jefe de fracción de la Unidad, señaló que estudiaría ambas propuestas para determinar si existen incongruencias.
