EscucharTres regidores del Concejo Municipal de San José presentaron el jueves un recurso de amparo, ante la Sala IV, contra la directriz del alcalde, Diego Miranda, que impuso barreras para el ingreso de los concejales a los edificios municipales.
La gestión fue impulsada por Alexander Cano, Iztarú Alfaro y Luis Murillo, los integrantes de la fracción de Liberación Nacional (PLN), quienes alegan que la orden de Miranda atenta contra sus derechos constitucionales y su poder de representación.
La directriz, emitida desde el 26 de junio, establece que los regidores deben pagar una pólizar de riesgo si desean ingresar a la sede central de la Municipalidad de San José, a las bibliotecas o a instalaciones deportivas, entre otros sitios. Además, les exige indicar cómo pagarán el tiempo de los funcionarios que los atiendan.
La noche del miércoles, luego de la polémica surgida por la intención de la Alcaldía, Miranda dijo que retiraría la directriz con el objetivo de corregirla. Adujo que su texto se podía malentender como una prohibición de ingreso a las instalaciones. Según dijo, solo pretende que el ingreso a áreas que no son públicas pueda ser regulado “para cuidar la seguridad y los bienes”.
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En el recurso de amparo, los regidores argumentan que Miranda se está extralimitando en sus funciones, al pretender que los concejales deban solicitarle a él, en su calidad de alcalde y por escrito, un permiso para hacer alguna visita a una instalación pública.
“El alcalde Miranda demuestra un desconocimiento de la ley al considerar que los miembros del Concejo Municipal somos subalternos de él. Debe recordar el alcalde que el pueblo nos elige para representarlo”, dice la gestión de los regidores.
José Manuel Jiménez Gómez, regidor del Partido Liberal Progresista (PLP), relató que una solicitud suya para visitar el redondel de Zapote fue el detonante de la directriz emitida por Miranda.
Para los ediles Cano, Alfaro y Murillo, el alcalde intenta darles un trato de ciudadanos de un nivel inferior, mediante la imposición de medidas restrictivas y atropellos de derechos.
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En criterio de los recurrentes, Diego Miranda desconoce la Constitución Política, además de la Ley General de la Administración Pública, el Código Municipal y los criterios de la Procuraduría General de la República (PGR) que consideran al Concejo Municipal como el órgano superior de la administración municipal.
‘Parece que los regidores no tienen mucho que hacer’, dice Miranda
Consultado sobre la gestión de los regidores ante el tribunal constitucional, Diego Miranda respondió que, al parecer, los regidores del PLN no tienen mucho que hacer en sus comunidades, pues enfatizó que la “ya aclaramos que la medida se va a corregir”.
“Es evidente que hay una línea coordinada del arayismo para atacarnos por cualquier asunto sin importancia, mientras tenemos un cantón y una municipalidad con serios problemas que estamos empezando a atender, pero algunos están interesados en desviar la atención, porque destapamos irregularidades y corrupción que tenían durante años”, contestó el alcalde mediante Whatsapp.
Alegó que hubo asuntos sobre el Comité Cantonal de Deportes de San José “que lamentablemente algunos medios no cubrieron” y adujo que los concejales de Liberación “sabotearon” una liquidación presupuestaria para destinar ¢2.000 millones a obras comunales.
“No votaron dicha liquidación, aunque era un asunto de mero trámite que exige la Contraloría General de la República y que realizamos en tiempo y forma”, dijo Miranda.
