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Para el 2022, la recesión económica endurecerá aún más la regla fiscal, la cual le impondrá a las instituciones públicas un tope del 1,7% al crecimiento del gasto corriente y al gasto en obras públicas.
Así lo adelantó la Contraloría General de la República (CGR) en un análisis sobre el Presupuesto Nacional del 2021, en el cual el hecho será de un 4,13%.
La regla fiscal contempla cuatro escenarios para limitar el gasto público, los cuales dependen del nivel de deuda pública del Gobierno Central del periodo anterior al año que se formula cada presupuesto, y el crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) en los cuatro años anteriores.
En el caso del 2022, el tope se calculará con la deuda pública del 2020, la cual se espera que cierre en un 70,4% del PIB.
Entre más crezca la deuda, más se restringen los egresos, sobre todo si el crecimiento del PIB es bajo.
La CGR explicó que la crisis económica actual activará el cuarto escenario de regla fiscal en el 2022, el más severo de todos.
Como la deuda superará el 60% del PIB, el crecimiento del gasto total no podrá superar el 65% del crecimiento promedio del PIB del periodo 2017-2020.
Dicho crecimiento se vio afectado por la caída de un 5% proyectada para este año.
En los otros tres escenarios, en los que la deuda es menor a un 60% del PIB, la regla solo aplica sobre el gasto corriente, como salarios, transferencias y pago de intereses.
Pero el cuarto escenario dejará como resultado el límite del 1,7% no solo sobre gasto corriente, sino también sobre el gasto total, incluida la inversión en obra pública.
Este mecanismo fue introducido por la reforma fiscal del 2018, y el proyecto de presupuesto del 2022 será el tercero en utilizarlo.
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En su informe, publicado este miércoles, la CGR señaló que aplicar este porcentaje sobre el gasto total “podría tener repercusiones sobre la asignación de inversión de capital, ya que esta es usualmente utilizada como variable de ajuste presupuestario ante las presiones que ejerce el crecimiento de partidas como amortización, intereses y remuneraciones en el gasto del Gobierno Central”.
“Lo anterior, significa que, ante una restricción en el crecimiento del gasto total, se deben implementar medidas para minimizar las ineficiencias presentes en el presupuesto y así evitar la desatención de áreas estratégicas”, remarcó el reporte.
Además, la aplicación del escenario más rígido conlleva otras medidas definidas en la reforma fiscal: las pensiones solo se ajustarán por costo de vida, el Gobierno no podrá suscribir préstamos para fines diferentes al pago de deuda pública y gastos de capital, se eliminarán los incrementos por costo de vida en salarios base e incentivos, y se limitarán los rescates financieros, otorgamiento de subsidios y otros movimiento que impliquen gasto público, salvo aprobación del Congreso.
Dichos mandatos, según la CGR, “empiezan a tener repercusiones que podrían impactar rubros relacionados con el gasto social”.
El ente contralor remarcó que, “en un escenario de incertidumbre como el actual, es necesario el compromiso y la transparencia por parte de todos los actores para mantener el espíritu de la norma. Por otro lado, se visualizan restricciones mayores en cuanto al crecimiento del gasto para años venideros, por lo cual se vuelve necesario un manejo eficiente de los recursos disponibles”.
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No obstante, el informe señaló, en el contexto de la pandemia, que la reforma fiscal contiene una cláusula de escape que permite suspender la regla por dos ejercicios presupuestarios en caso de emergencia nacional y cuando la economía atraviese por una recesión económica o se tengan proyecciones de crecimiento económico inferiores al 1%.
“Es de esperar que a lo largo de 2021, los efectos todavía latentes de la pandemia impulsen al alza el gasto corriente del Gobierno Central. Esta situación se materializó en el año 2020, con un crecimiento del presupuesto aprobado de ¢49.151 millones entre los meses de enero y agosto”, explicó la CGR.
En el 2021, el gasto corriente no podrá crecer más de un 4,13% respecto al presupuesto inicial del 2020, requerimiento aprobado con creces, pues solo aumentará un 1%, equivalente a ¢83.657 millones.
