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Desde el 7 de abril de este año, el Gobierno de la República puso a consulta de todas las instituciones públicas el Reglamento a la ley 9986, Ley General de Contratación Pública, y otorgó diez días hábiles para que se emitieran todas las observaciones.
Así lo advirtió el exministro de Hacienda Elian Villegas, quien precisamente era el jerarca encargado del proceso de implementación de la nueva ley que entra en vigencia el 1.º de diciembre, pero que ahora 32 diputados intentan postergar por un año.
En tanto, el Gobierno actual aún no publica los reglamentos, aunque han pasado casi ocho meses desde que salieron a consulta.
La consulta consta en el alcance n.º 70 de La Gaceta n.º 67, del jueves 7 de abril del 2022, donde se colocó un enlace al texto del reglamento y se habilitó el periodo para remitir observaciones.
La legislación busca obligar a todas las instituciones a realizar las compras públicas a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y a cumplir una serie de parámetros de transparencia. Por ejemplo, se eliminan las contrataciones directas, que son el procedimiento con menos apertura al público y controles.
La norma aprobada el 18 de mayo del 2021 por unanimidad de los 48 diputados presentes.
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Adicionalmente, la Contraloría General de la República (CGR) enfatizó que, desde la publicación de la nueva norma, se inició un proceso de coordinación y transición enfocado en procurar que el cambio normativo se realice según lo previsto.
Se aceleró la migración al sistema digital unificado de los procesos de la CGR como parte de sus competencias relacionadas con la atención del régimen de impugnación, “transición que ya se encuentra implementada”.
“Desde un inicio y continuando con la labor de asesoría técnica que la CGR asumió como parte de la tramitación del proyecto, la Contraloría ha seguido aportando en los procesos relacionados con los ajustes normativos necesarios”, mencionó la División de Contratación Administrativa.
Sin embargo, la Contraloría desconoce la “versión final del citado reglamento, siendo que Hacienda no lo remitió”.
¿Qué pasó con el Reglamento?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, declaró que, a raíz de la consulta pública que se hizo, se recibieron cerca de 73 documentos con observaciones y confirmó que efectivamente el Reglamento se trabajó en forma conjunta con la Contraloría General, en “ciertos artículos”.
“Después de la consulta pública, muchos grupos han pedido reuniones, como la Cámara de la Construcción, la cámara farmacéutica, entre otras. El reglamento se remitió desde hace más de dos meses a las diferentes instancias, pero todas tienen su proceso de revisión”, dijo.
Acosta explicó que el Reglamento está en manos de los asesores del presidente de la República, Rodrigo Chaves, que el miércoles de la semana pasada hicieron varios comentarios y “tenían dudas, otras sugerencias”.
“El jueves se lo devolvimos y, como parte técnica, se analizó lo que ellos indicaron. Acogimos unas y, para otras, se les explicó las razones de mantenerlo. Resta la última revisión para su firma y publicación”, dijo.
Freno de los diputados
La diputada Carolina Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN), impulsa una moratoria de la entrada en vigencia de la ley, que sea de por lo menos un año, pero asegura que ella y los 31 firmantes del proyecto para frenar la vigencia de la norma no están en contra de la nueva legislación.
“Creo que no se está en capacidad de ejecutarla en este momento”, comentó vía telefónica.
Delgado aseguró que han recibido solicitudes de varias instituciones, porque hay mucha preocupación por la “falta de capacitaciones, la desconexión del Sicop a pocas semanas del cierre del año, cuando se está por terminar los procesos de contratación de fin de año”.
Ella aseguró que las normas son buenas por transparencia, los procesos y las sanciones, pero detalló que entidades como la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), en particular, han planteado varias dudas.
También mencionó que hay objeciones de cámaras como la de la Construcción, por la falta de preparación para implementar la ley.
En su criterio, el proceso de preparación de los reglamentos debió iniciar desde mayo del 2021, una vez probada la ley.
La liberacionista afirmó que la moratoria debe ser de un año para que la implementación sea integral en las instituciones del Estado, por el manejo de fondos públicos que implica.
“La implementación está muy joven para que pueda dar los resultados que esperamos y, en lugar de lograr los objetivos de la ley, podría generar problemas”, dijo.
Junto con Delgado, impulsan esa ley 10 liberacionistas; los 10 legisladores del partido de gobierno, Progreso Social Demócrata (PPSD); cinco miembros de Unidad Social Cristiana (PUSC); dos de Nueva República y cuatro del Partido Liberal Progresista (PLP).
