EscucharEl relator especial de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) sobre formas contemporáneas de esclavitud, Tomoya Obokata, aseguró que el caso ocurrido en la empresa SYR es la “punta del iceberg” sobre la existencia de explotación en Costa Rica.
Acusadas de un supuesto robo por el patrón, dos empleadas de la tienda fueron puestas de rodillas y golpeadas con tubos en San José. A una de ellas, además, le cortaron el cabello.
“Estoy enterado del video de la golpiza en una tienda y, en mi opinión, esta es la punta del iceberg, porque la mayoría de estos abusos y explotaciones permanecen ocultos, en diferentes lugares, no solo en tiendas, sino en fábricas, plantaciones y casas de habitación con trabajadoras domésticas”, dijo el relator este viernes, durante el cierre de la misión de la ONU sobre esclavitud en Costa Rica.
El jurista encontró indicios de trabajos forzados como “jornadas de trabajo muy largas sin pausas para comer o ir al baño, salarios bajos, ambientes de trabajo insanos, hostigamiento y acoso sexual”, en sectores como agricultura, trabajo doméstico, servicios, transportes y construcción.
Obokata llamó al desarrollo de investigaciones más efectivas, y aseguró que el país tiene carencias en la legislación para erradicar la problemática.
Agregó que las poblaciones más vulnerables, como niños, mujeres, migrantes y personas sexualmente diversas, son las más expuestas a ser explotadas.
El abogado japonés, especialista en delincuencia organizada transnacional, aseveró que una de las mayores problemáticas es la debilidad de las leyes, regulaciones y políticas. “En Costa Rica las tasas de enjuiciamiento y castigo de los responsables de esclavitud moderna continúan bajas, así como la protección de las víctimas”, dijo.
Inspecciones laborales son inefectivas, burocráticas y opacas
Obokata aseguró que, durante su visita a diferentes organizaciones, empresas y comunidades, encontró que más del 95% de las partes interesadas le expuso que las inspecciones laborales son inefectivas, burocráticas o carecen de transparencia.
“Las partes interesadas, incluyendo trabajadores, alegaron la existencia de colusión entre empleadores y autoridades”, expresó el delegado internacional.
“Motivo al Gobierno a desarrollar un plan de acción nacional claro para promover los derechos humanos entre todos los sectores. Además, llamo a mejorar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia y a soluciones. Preocupa el hecho de que sólo un pequeño número de víctimas está identificada y es asistida”, declaró Obokata.
En contraste, Obokata señaló algunos puntos positivos de la misión desarrollada en Costa Rica. El relator agradeció a las autoridades costarricenses por la cooperación y el diálogo abierto, sincero y constructivo.
“Estoy motivado por los esfuerzos que Costa Rica está haciendo para prevenir las forma de esclavitud contemporánea y para proteger a las víctimas. Particularmente importante es la acción contra el trabajo infantil. Costa Rica se ha unido a alianzas internacionales que han demostrado un verdadero compromiso en el combate de esta y otras violaciones de los derechos humanos”, dijo el relator.
El abogado reconoció que el país tiene instituciones fuertes y establecidas con la capacidad para investigar y perseguir casos de trabajo infantil, tráfico de personas y esclavitud moderna, así como para proteger a las víctimas.
Obokata se reunió con la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López; el ministro de Trabajo, Luis Paulino Mora; la presidenta de la comisión legislativa de Derechos Humanos, Monserrat Ruíz, y con autoridades de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (Conatt), entre otras personas.
El relator especial rescató iniciativas como el Centro Cívico por la Paz, Casas de la Alegría y demás programas que motivan a la niñez a permanecer en la educación formal, para prevenir el trabajo infantil.
“Me motivó la fuerte presencia de la sociedad civil y defensores de derechos humanos en Costa Rica, incluyendo organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los migrantes, indígenas, minorías y personas sexualmente diversas”, concluyó Obokata.
