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Margarita Salas Guzmán, comisionada presidencial para la población LGBTIQ, renunció a su cargo por la inclusión de una cláusula de conciencia en el proyecto de reforma al empleo público.
Se refiere a un artículo que permitirá a los funcionarios públicos rechazar programas de capacitación obligatorios si consideran que estos contravienen sus convicciones éticas o religiosas.
El numeral dice así: “Los servidores públicos podrán informar a la administración, por medio de una declaración jurada, sobre su derecho a la objeción de conciencia cuando se vulneren sus convicciones religiosas, éticas y morales, para efectos de los programas de formación y capacitación que se determine sean obligatorios para todas las personas servidoras”.
Para Salas, quien asumió el cargo de comisionada presidencial por los derechos de la población LGBTIQ en junio del 2020, en forma ad honorem, permitir dicha cláusula echa por la borda el trabajo de capacitación en materia de derechos humanos de más de 20.000 funcionarios públicos de al menos 75 instituciones.
En su renuncia irrevocable, la excomisionada le escribió al presidente Carlos Alvarado: “Esto es borrar con el codo todo el trabajo que hemos venido realizando desde hace años con el sector público, y también es socavar el necesario trabajo futuro en materia de cambio cultural institucional. ¿Qué impacto puede tener la aprobación de nuevas reglamentaciones y protocolos, si esta cláusula permite que quienes deben aplicarlos se nieguen a capacitarse en los mismos?”.
En la misiva, señala que “la cláusula de objeción de conciencia abre un peligroso portillo a los grupos fundamentalistas y anticiencia” que, según ella explica, “ya hemos visto en Brasil y en Estados Unidos”.
“En el 2018, cuando Costa Rica le designó como presidente, el país tomó la decisión de que el Estado de derecho, las leyes y la constitucionalidad debían prevalecer sobre los discursos religiosos.
“Me llena de pesar que haya usted elegido abrirle la puerta de par en par a esos discursos anticiencia, introduciendo cláusulas de objeción que básicamente plantean que la ley y las creencias personales de cada quien pueden tener el mismo peso”, reprochó la excomisionada.
“Me llena de tristeza y enojo ver que nuevamente son los derechos de los grupos más vulnerables los que serán utilizados de moneda de cambio para lograr acuerdos en materia económica”, alegó.
Añadió: “Como activista feminista y LGBTIQ, no puedo continuar trabajando de la mano con una administración que, en lugar de proteger los derechos humanos, los está vulnerando. Por lo tanto, presento mi renuncia irrevocable al puesto de comisionada presidencial para asuntos LGBTIQ, efectiva a partir del próximo viernes 16 de abril”.
La cláusula de conciencia fue propuesta por el diputado fabricista Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, cuando el proyecto fue discutido en la Comisión de Gobierno y Administración.
La objeción de conciencia es el derecho de la persona a abstenerse de realizar actos que contravienen ideales o valores éticos y religiosos.
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